La lista de prescripciones del caso ERE seguirá aumentando. El juzgado ha agotado el plazo legal para iniciar actuaciones penales contra los directivos de otra empresa beneficiaria del fondo de reptiles y los altos cargos de la Junta de Andalucía que tuvieron responsabilidad en la concesión, al haber transcurrido ya 15 años desde que se concretó el pago y no haberlos llamados aún al procedimiento. La previsible caducidad se produce pese a que la Fiscalía Anticorrupción dio la voz de alerta hace más de tres años.

Los fiscales asignados a la causa presentaron un escrito el pasado 4 de octubre en el que urgían a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, a llamar en calidad de investigados (antes imputados) a siete personas en relación con la ayuda que la Consejería de Empleo otorgó a la empresa ya extinguida Yogures Andaluces SA en 2001. La petición se producía el mismo día que habían recibido una copia del atestado elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que se analizaba esta subvención.

Se trataba de una ayuda excepcional de 6.379.142,48 euros para sufragar las prejubilaciones de 54 trabajadores de la planta láctea sevillana y que se había otorgado en vísperas de que Corporación Alimentaria Peñasanta SA (Capsa) -propietaria de Central Lechera Asturiana- llevara a cabo la fusión por absorción de la compañía andaluza para abastecer el mercado del Sur. La subvención se pagó en su totalidad el 9 de octubre de 2001 y la operación empresarial se cerró el 28 de diciembre de ese mismo año.

Ésta fue de las primeras ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía con cargo al ‘fondo de reptiles’

Ésta fue una de las primeras ayudas con cargo al fondo de reptiles. La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta encargó al extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) que materializara el pago de la ayuda el 19 de julio de 2001, tan sólo dos días después de que se firmara el convenio marco que se sitúa en el origen del fraude.

En el citado escrito, los representantes del Ministerio Público pedían que, una vez dictado el correspondiente auto de imputación, se les notificara «personalmente» a los investigados a través de la Guardia Civil  «con la finalidad de evitar el riesgo de prescripción, habida cuenta de la fecha en que se produjo el último pago por parte de la Junta de Andalucía».

La celeridad que pedían los fiscales en su escrito tiene una clara explicación. Si el juzgado no notificaba antes del 9 de octubre la imputación a las siete personas señaladas por los investigadores policiales en su atestado y solicitadas por el Ministerio Pública -los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el conseguidor Juan Lanzas, el ex consejero delegado de Capsa Pedro Astals Coma y los antiguos directivos de Yogures Andaluces Juan Carlos Marín Domínguez y Eloy Martín Fernández- ya no se les podrá llamar al procedimiento como posibles responsables penales de las irregularidades apreciadas por la Guardia Civil.

La Audiencia fijó que los delitos prescriben a los 10 o 15 años, depende de la cuantía de la subvención

Asumiendo la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia de Sevilla fijó el pasado mes de marzo el criterio de que los delitos en esta causa quedan prescritos automáticamente si han transcurrido más de 10 años desde la fecha del último pago hasta la notificación de la imputación -en el caso de las ayudas inferiores a 450.000 euros- o de 15 años si el importe de la subvención supera esa cantidad, como en el caso de Yogures Andaluces. Excedidos esos plazos, sólo podrán ser llamados al proceso como responsables civiles directos en su condición de partícipes a título lucrativo.

Ese pronunciamiento de la Audiencia ya llevó a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla a archivar las actuaciones contra 12 imputados (uno ya había fallecido) por ayudas a empresas y entidades sociales de la Sierra Norte de Sevilla, como le había pedido el Ministerio Público un año antes. Y, probablemente, no serán los últimos.

Voz de alarma en 2013

Fuentes judiciales consultadas por este diario consideran prácticamente imposible que haya dado tiempo de imputar a las siete personadas señaladas por la Guardia Civil por la subvención excepcional a Yogures Andaluces. El fiscal presentó el escrito el día 4, el juzgado dictó al día siguiente una providencia ordenando que se incorporara el escrito del Ministerio Público a la pieza separada que pueda abrirse sobre esta subvención y este domingo se cumplían los 15 años desde que se pagó la ayuda. Antes, la juez habría tenido que dictar auto de imputación y la Guardia Civil encontrar el domicilio de los eventualmente investigados y notificarles su condición procesal. Y todo ello en apenas cuatro días, fin de semana incluido.

La más que probable caducidad penal se produce a pesar de que los fiscales ya alertaron en septiembre de 2013 a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla -entonces Mercedes Alaya- del riesgo de que prescribiera la reclamación de cantidades a 14 empresas beneficiarias del fondo de reptiles, entre ellas Yogures Andaluces. Su aviso ha sido desatendido.