La Policía Nacional ha condecorado con la medalla al mérito con distintivo blanco a dos directivos de una empresa privada de seguridad (Prosegur) que ha contratado recientemente como director de Relaciones Institucionales a José Santiago Sánchez Aparicio, el mando que se encontraba al frente de la Comisaría General de Policía Judicial cuando se jubiló el pasado mes de julio al cumplir los 65 años.

Además de reconocer los méritos de 3.268 agentes, el cuerpo que dirige Ignacio Cosidó entregó distinciones a 589 personas e instituciones de todo el país con motivo de la celebración el pasado 3 de octubre con motivo de la festividad de sus patronos (los ángeles custodios).

Y entre los elegidos este año se encuentran dos representantes de Prosegur, la compañía a la que se incorporó Sánchez Aparicio tras el verano. En concreto, se trata de Carlos Botán Tomás y Juan Domingo Montero López, delegado en Baleares y director SIS para la zona este de  Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España SL, respectivamente.

La concesión de las condecoraciones policiales está regulada por una ley de Franco de 1964

La ley sobre condecoraciones policiales, firmada por el dictador Franco el 29 de abril de 1964, prevé que personas ajenas a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado puedan recibir la medalla al mérito policial con distintivo blanco cuando se constate una «decisiva colaboración con aquellos funcionarios, practiquen actos de relevante importancia en defensa del orden, de las personas o de la propiedad, o así resulte aconsejable por otros importantes motivos». Esta distinción no está pensionada, como sí ocurre con las medallas de oro y plata y la cruz con distintivo rojo.

Eldiario.es informó el pasado 11 de septiembre que José Santiago Sánchez Aparicio -comisario principal desde 2008- se había incorporado a la vuelta del verano a la estructura directiva de Prosegur en calidad de responsable de Relaciones Institucionales, con un sueldo próximo a los 95.000 euros al año, tras jubilarse a mediados de julio.

La investigación por el espionaje al ministro, uno de los últimos cometidos de Sánchez Aparicio

Entre sus últimos cometidos como comisario general de Policía Judicial figuró la investigación por el espionaje al ministro del Interior, Jorge Fernández, después de que fueran grabadas al menos dos de las reuniones -fechadas el 2 y el 16 de octubre de 2014- que éste mantuvo con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso. Esas cintas fueron difundidas por el diario Público en la recta final de la campaña electoral del 26-J y todavía no se han dado a conocer las conclusiones oficiales sobre quién y cómo las grabó.

Las fuentes consultadas por Elindependiente.com han reconocido la preocupación que existía en el equipo del ministro Fernández por el notable deterioro de las relaciones entre la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la etapa en que Sánchez Aparicio -conocido en el cuerpo por el apodo de Chati– ocupó la Comisaría General de Policía Judicial y que se pudo evidenciar claramente durante los recientes actos de celebración del Día de la Policía, en los que no hubo presencia de mandos del cuerpo que dirige Arsenio Fernández de Mesa.

Procedente de la jefatura de la división de Formación y Perfeccionamiento, Sánchez Aparicio fue aupado a la comisaría general de Policía Judicial en octubre de 2013 tras la destitución de José García Losada, que pasó a la división Económica y Técnica. Se convirtió en el tercer mando policial que desempeñó esa responsabilidad en esa legislatura.

Tarea para el sustituto

La mejora de las relaciones entre los dos cuerpos será una tarea prioritaria para Eloy Quirós, la persona nombrada por el ministro del Interior para ocupar la Comisaría General de Policía Judicial tras la jubilación de Sánchez Aparicio. En la Policía Nacional desde 1977, Quirós ocupaba hasta ahora la jefatura de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (Udyco).

Entre las personas ajenas a la Policía Nacional que también han sido reconocidas este años se encuentran representantes de nueve países (Federación Rusa, México, Colombia, Portugal, Francia, Ecuador, Mauritania, Argentina y Senegal), dos sacerdotes, empresarios, funcionarios de diversas administraciones públicas y varios magistrados, entre otras.