La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ha solicitado al Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que presente ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia una querella contra Carme Forcadell por los delitos de prevaricación y desobediencia por haber permitido en julio de este año la votación sobre las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente.

Madrigal traslada así el testimonio del acuerdo alcanzado por el Pleno del Tribunal Constitucional (TC), que el pasado 6 de octubre estimó de forma unánime el incidente de ejecución instado por el Gobierno a raíz de la aprobación por el Parlament de Cataluña el pasado 27 de julio de la resolución que dio inicio al denominado proceso de ruptura.

El tribunal de garantías dedujo testimonio a la Fiscalía respecto de la actuación de la presidenta de la cámara, Came Forcadell, por incumplir su deber de acatar las decisiones de este órgano. El TC explicó en su auto que no se consideraba llamado a resolver si la conducta de Forcadell era constitutiva o no de infracción penal, pero sí podía poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público a fin de que éste, si lo estimaba pertinente, promoviera el ejercicio de las acciones penales que considerara procedentes.

Ahora la fiscal del Estado ha identificado la posible existencia de dos delitos (prevaricación cometida al desobedecer de manera consciente al TC y la propia desobediencia en sí) y por eso ha ordenado la querella ante el TSJC contra Forcadell, que ha reaccionado a la noticia a través de su cuenta de Twitter. Madrigal asumió inicialmente la denuncia del Constitucional contra Forcadell por tratarse de una deducción de testimonio procedente de una alta institución del Estado. El TC nunca antes había tomado tal iniciativa.

Sin embargo, la intención de Madrigal fue siempre remitir el asunto a los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los competentes por tratarse de una parlamentaria catalana. El Gobierno le pidió al Constitucional, el pasado mes de julio, que remitiera a la Fiscalía una denuncia de posible desobediencia de Forcadell al alto tribunal.

El TC aceptó esa petición tras escuchar las alegaciones de la presidenta Forcadell. «Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que resuelva el Tribunal Constitucional», decía el TC en su escrito a la fiscalía.