La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado hoy una querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por los delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional al permitir que el Pleno de la cámara del pasado 27 de julio votara las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, pese a las advertencias en contra del alto tribunal. En su escrito, la Fiscalía acusa a Forcadell de «dinamitar» el estado de derecho al realizar un ejercicio desviado de sus atribuciones «con cabal conciencia de que con su pronunciamiento impulsaba un trámite constitucionalmente ilegítimo, viciado de raíz por falta absoluta de competencia dentro de la ordenación territorial del Estado y extravagante de las genuinas funciones parlamentarias».

Por su parte, Carme Forcadell ha asegurado hoy que no contempla la posibilidad de ser inhabilitada por el TSJC y ha rebatido las acusaciones de la Fiscalía asegurando que «lo que dinamita los estados es la corrupción». Forcadell ha insistido en que volvería a actuar del mismo modo, convencida de que «obedeció el mandato» de la cámara, que el 9 de noviembre aprobó con los votos de JxS y la CUP iniciar el proceso hacia la independencia de Cataluña. Una resolución que ha sido anulada por el TC, pero que sigue plenamente vigente para la presidenta del Parlament.

La Fiscalía acusa a Forcadell de «utilizar torticeramente» el reglamento para poner en marcha su voluntad secesionista

En este contexto, la Fiscalía acusa a la ex presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) de «utilizar torticeramente» el reglamento para poner en marcha su voluntad secesionista, pese a las claras advertencias del TC. Y añade que Forcadell actuó «manifestando una voluntad inequívoca e irreversible de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio de la Constitución de 1978, del ordenamiento emanado de la misma» y de los pronunciamientos del TC y de la Mesa del Parlament.

Según la Fiscalía, la actuación de Forcadell no supone una «mera infracción del ordenamiento constitucional, susceptible de ser resuelta por los mecanismos ordinarios de la jurisdicción contencioso-administrativa o constitucional», sino que «pretende su abierta y deliberada derogación». Y sostiene que la querellada «posibilitó la aprobación de una resolución que de manera expresa trata de desvincular a las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña del sistema constitucional, dinamitando el sistema de distribución de competencias establecido en el modelo de ordenación territorial del Estado del Título VIII de la Constitución».

La querella, presentada dos días después de que la Fiscalía General del Estado lo ordenara a la Fiscalía Superior de Cataluña, ha sido interpuesta ante el TSJC, dada la condición de aforada de Forcadell, por lo que ahora el alto tribunal catalán tendrá que decidir en los próximos días si la acepta a trámite.