«Va más allá de un golpe a la oposición, es un golpe a los venezolanos, a nuestros derechos democráticos. Estamos viviendo en una dictadura. Están saltándose la Constitución. Lo que ha pasado esta semana es una declaración de guerra». Son palabras de Leopoldo López Gil, padre del preso político que se ha convertido en el símbolo de la represión del régimen chavista, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendiera temporalmente el proceso para activar el referéndum revocatorio al presidente Nicolás Maduro, cuando ya enfilaba su fase final. En la misma línea, el ex candidato presidencial Henrique Capriles, a quien un tribunal ahora impide la salida del país, hablaba de «golpe de Estado».

En estas circunstancias, es «la Asamblea Nacional (controlada por la oposición) la única que tiene toda la legitimidad ante este brutal golpe a la Constitución. Ha de proceder a la destitución del presidente», decía la ex diputada, que participó el sábado en una marcha de mujeres, Resteadas con el 2016, junto a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. La Asamblea Nacional pasó el domingo a la acción, se declaró «en rebeldía»,  y aprobó un acuerdo que declara «la ruptura del orden constitucional en Venezuela».

Celebraron los diputados una tumultuosa sesión extraordinaria en la que el jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Julio Borges, solicitó que se abra «juicio político y legal» al presidente Nicolás Maduro por la ruptura constitucional, que supone la suspensión sine die del proceso que conducía a celebrar un referéndum revocatorio. «Hoy venimos a decirle de manera oficial al pueblo de Venezuela y al mundo entero que en Venezuela se ha dado un golpe de Estado continuado», afirmó Borges, según informa El Universal. Mientras la oposición ha elegido la democracia, el bloque oficialista opta «por la violencia y la corrupción», agregó.

Cuando los diputados llevaban casi tres horas de reunión, irrumpió violentamente en la Asamblea un grupo de chavistas junto al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Lograron entrar con total impunidad y tuvo que suspenderse la sesión hasta que se restableció el orden. El propio Rodríguez actuó para calmar los ánimos.

La Asamblea Nacional aprueba un acuerdo que declara «la ruptura del orden constitucional en Venezuela»

En esta reunión extraordinaria del Legislativo, también se abordó el «abandono del cargo» de Maduro, quien está de gira por Qatar, Irán, Azerbaiyán, Arabia Saudí, con el fin de negociar una subida del precio del petróleo, sin autorización de la Cámara. También se habló de la cuestión de la supuesta doble nacionalidad de Maduro. Según la Constitución, el presidente ha de ser venezolano de nacimiento, y hay rumores de que habría nacido en Colombia.

«Así es como actúa una dictadura. Es un régimen mafioso formado por delincuentes. Todo el sistema de justicia y el CNE están al servicio del régimen actual. Quienes están en el poder están dispuestos a todo por mantenerse ahí porque han cometido delitos que no prescriben. Y ahora no se trata de qué va a hacer el régimen sino de qué están dispuestos a hacer los ciudadanos para lograr una transición a una verdadera democracia», nos explicaba María Corina Machado, poco antes de manifestarse el sábado contra los abusos del régimen junto a Tintori. «Los venezolanos son conscientes de que la desobediencia cívica es un deber y así lo vienen demostrando maestros, médicos, periodistas, todos los ciudadanos», decía Machado.

La MUD también ha llamado a salir a las calles el miércoles 26 en lo que denominó la «toma de Venezuela» en protesta por esa paralización del  proceso de revocatorio «para restituir el hilo constitucional que este gobierno corrupto ha roto», en palabras de Capriles. Antes de la suspensión temporal del revocatorio por parte del CNE, «hasta nueva orden judicial», del miércoles 26 al viernes 28 iba a recogerse el 20% de las firmas del censo nacional, unos cuatro millones. Después, el CNE tendría que haber convocado el revocatorio en los 90 días posteriores a las fechas del 24 y 30 de octubre.

El revocatorio es un procedimiento reconocido en la Constitución, al que se sometió Chávez en 2004, por el que se votan en referéndum la continuidad del presidente. La oposición demandaba que los venezolanos acudieran a las urnas antes del 10 de enero de 2017 y así se pudiera poner fin al mandato de Maduro. Si se celebrara después, y Maduro lo perdiera, algo que dan por descontado hasta sus partidarios, a Maduro le sucedería su vicepresidente, incluso podría designar quién y no se descarta que fuera su esposa, Cilia Flores. El hijo de Chávez lleva en el poder desde abril de 2014, cuando sucedió al líder bolivariano, que falleció por cáncer en marzo de ese año.

La oposición venezolana, que inició el proceso en abril, tras vencer en las legislativas en diciembre de 2015, había logrado superar la primera fase, al reunir el 1% de las firmas de los electores en 24 estados. Recogieron más de un millón de firmas pero sólo unas 400.000 fueron verificadas, el doble de las que se necesitaban. En cinco estados los tribunales admitieron demandas penales contra la recogida de estos apoyos. Con la decisión del CNE, el revocatorio queda suspendido sine die.

Las instituciones están controladas por el gobierno, y de antemano se sabe que actuarán siempre blindando al poder chavista

La medida supone una violación de la Constitución chavista. «La intromisión de los tribunales penales en la recolección de firmas (materia para la que no tienen competencia) supone una descarada violación de la Constitución, pero el problema de fondo es que, simple y llanamente, las instituciones venezolanas están controladas por el gobierno, y de antemano se sabe que actuarán siempre blindando el poder chavista», señala Xavier Reyes Matheus, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos. Recuerda este experto cómo un grupo de abogados demostró recientemente que de las 45.000 sentencias emitidas por el Supremo venezolano entre 2004 y 2013 ni una sola era desfavorable al gobierno.

En el plano internacional, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha sido tajante al calificar como «dictadura» el gobierno de Maduro. En su cuenta de Twitter, Almagro afirma: «Sólo las dictaduras despojan a sus ciudadanos de derechos, desconocen el Legislativo y tienen presos políticos».  María Corina Machado ha pedido a la OEA que active la Carta Democrática Interamericana, un mecanismo que prevé sanciones a quienes no cumplan con los principios democráticos.

«Maduro está dispuesto a todo para seguir en el poder hasta 2019. Es una deriva autoritaria en un país donde la democracia es una excepción. Quiere ganar tiempo, debilitar a la oposición y luego hablar de diálogo. El conflicto va a llevarse a la calle ahora y el ambiente estará cada vez más crispado», dice Susanne Gratius, investigadora asociada del CIDOB y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid.

Varios ex ministros apoyan el revocatorio. No hay que descartar un golpe del propio régimen

Una incógnita por despejar es el papel de los militares. «La Fuerza Armada Nacional actúa en consecuencia cuando los ciudadanos salen a las calles. Lo hizo el 6-D, cuando votamos la Asamblea Nacional y venció la oposición. Yo les digo a los militares: ‘Nosotros somos los que mandamos. A nosotros nos deben obediencia», señala Thays Peñalver, que ha estado en primera línea en la marcha de mujeres. «Lo que habrá que observar es cuánto van a tolerar las Fuerzas Armadas y cuánta represión están dispuestos a aplicar. Hay cada vez más chavistas descontentos con Maduro. Varios ex ministros apoyan el revocatorio. No hay que descartar un escenario de golpe de estado del propio régimen», afirma Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano. Malamud sostiene que «el rumbo del Gobierno es suicida, pero la presión internacional tiene un efecto mínimo. Sólo Cuba podría influir y para Cuba la caída de Venezuela sería un golpe brutal».

Reyes Matheus cree que la salida al conflicto no tiene por qué ser violenta porque «las armas en Venezuela (desde el ejército hasta el hampa común pasando por las milicias) están al servicio del régimen, que ha conseguido fidelizarlas porque les ha garantizado impunidad: a los altos mandos para que se enriquezcan con el narcotráfico (el Cartel de los Soles), y a los demás para que roben, maten, secuestren o invadan propiedades». Según el investigador, «si esa unidad de la violencia al servicio de la Revolución se rompiera, la perspectiva es la anarquía absoluta».  Para Reyes Matheus, «la gente percibirá el fin del problema si se vuelven a llenar los anaqueles, mientras los más preocupados por el futuro emigran».

Deriva económica

Esta batalla política corre paralela a una deriva económica alarmante en un país que cuenta con una quinta parte de las reservas de petróleo del mundo. Durante el mandato de Maduro, el barril de crudo ha caído de 100 dólares y ha llegado hasta los 25 dólares. En 2008 el barril alcanzó los 140. La popularidad de Chávez entonces crecía en la misma medida que el gasto público. Ahora la población vive condenada a sufrir largas colas donde ha de esperar durante horas para conseguir harina o jabón. Nueve de cada diez venezolanos no pueden comprar los alimentos básicos, según un estudio de la Universidad Simón Bolívar. La economía se contrajo un 6% el año pasado y se espera que en 2016 decrezca un 10%. El FMI estima que la inflación será de 720% este año. La moneda, el bolívar, que lleva el nombre del Libertador, se cambia en el mercado negro a un ratio de un dólar/mil bolívares.

También Venezuela está batiendo récords con más de 17.000 muertes violentas en 2015. Como declaraba recientemente a la revista Time, el gobernador de Miranda, el opositor Henrique Capriles, «si no hay solución democrática, habrá explosión social. El país terminará derrumbándose».

Es un país dividido, en el que el presidente Maduro, con apenas un 20% de apoyo, ha declarado la guerra a la oposición. Los chavistas, como el hombre duro del régimen, Diosdado Cabello, claman: «Nosotros vamos a ganar la batalla. La derecha no volverá nunca a gobernar aquí». A lo que la combativa María Corina Machado replica: «Aquí todos confrontamos la violencia a diario. Lo que me da miedo es el país que van a heredar nuestros hijos, miedo a un país sin libertad y sin justicia».