La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha presentado este lunes un recurso contra la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de una querella de la Fiscalía en su contra por haber permitido el debate sobre las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.

No existe norma penal que prohíba el debate parlamentario, ni puede existir un debate de ideas ilegal», argumenta

«No existe norma penal (ni puede existir) que prohíba el debate parlamentario. Ni existe ni puede existir un debate de ideas ilegal como el Ministerio Fiscal insinúa», se argumenta en el recurso, según un comunicado emitido por la Cámara catalana. En el recurso también se apela a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que se recuerda que la libertad de expresión resulta fundamental y es «uno de los pilares básicos de una sociedad democrática y de su progreso y desarrollo».

Forcadell avaló el debate sobre el proceso constituyente catalán porque así se aprobó en el pleno -con los votos de JxSí y la CUP-, pero lo hizo pese a existir una advertencia del Tribunal Constitucional (TC) de que no se podía hacer porque el contenido del documento que se sometía a votación era manifiestamente inconstitucional.

El recurso presentado por la presidenta alega que el Tribunal Constitucional «no puede obligar a nadie (en el sentido de obligarlo con consecuencias jurídicos penales por desobediencia) a controlar las opiniones y la actividad política con un filtro tal como el que el Ministerio Fiscal aplica».

La presidenta del Parlament también defiende que no puede existir ninguna resolución judicial que «genere un espacio de prohibición parlamentaria ni ninguna fuerza anulatoria genérica que restrinja el derecho de representación política y de libre expresión de ideas».

Además, se critica que la querella presentada y la decisión de admitirla a trámite es un hecho de inusitada trascendencia, ya que supone «un punto de inflexión en la voluntad de control de un poder del Estado». «La querella es el primer ejercicio conocido en la trayectoria del sistema penal español de someter a análisis en la jurisdicción penal la prohibición y sanción del debate de ideas», se alega en el texto.

La Fiscalía ‘tergiversa’

El recurso también carga contra el escrito de la Fiscalía ya que se considera que este órgano «o bien tergiversa una parte de los hechos o bien admite algunos no contrastados» para fundamentar la existencia de la querella.

Así, se considera que el Ministerio Fiscal busca «generar una realidad que permita articular una querella que no tendría futuro si se respetara lo que realmente sucedió», zanja. Forcadell ya se mostró muy crítica en su día con la decisión de la Fiscalía de querellarse contra ella, y avisó: «Hice lo que tocaba y lo volvería a hacer sin ningún tipo de duda».

El TC avalará las sanciones contra los cargos que le desobedezcan

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avalará la reforma de la ley que le permitirá sancionar a altos cargos o autoridades políticas que desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la propia Carme Forcadell.

Fuentes jurídicas han explicado a Efe que este asunto será debatido en el pleno de esta semana, que se celebrará el miércoles y el jueves, después de que la magistrada Adela Asúa, partidaria de declarar inconstitucional esta reforma, haya renunciado a la ponencia de la resolución al comprobar que no contaba con el apoyo del pleno.

Así, Alsúa ha sido sustituida por Pedro González Trevijano como ponente de la resolución que, según las fuentes consultadas, avala la reforma del TC que le permitirá suspender de sus funciones a autoridades y altos cargos públicos de la administración si desobedecen sus resoluciones.

La sentencia de González Trevijano contará con el visto bueno de la mayoría del pleno pero, constatan las fuentes, supondrá una ruptura en la unanimidad que ha seguido el tribunal en lo relativo al soberanismo catalán.

Las fuentes consultadas aseguran que el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, quiere resolver cuanto antes esta reforma legal que fue recurrida tanto por el Gobierno catalán como por el vasco. Pérez de los Cobos, indican las fuentes, no quiere que la resolución de estos recursos -el pleno de esta semana examina el presentado por el gobierno vasco- interfiera en el próximo dictamen del Consejo de Europa, del que depende el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. A él consultó el TC, a través de la Comisión Venecia, sobre la validez de los incidentes de ejecución previstos para casos de desobediencia de sus sentencias como los ocurridos con la Generalitat de Cataluña.