El juez Santiago Pedraz  ha imputado al embajador de España en Kabul (Afganistán), Emilio Pérez de Agreda, y su segundo, Oriol Solà, por la muerte de dos policías y las heridas a otros siete en un atentado perpetrado en la cancilleria en el 2015. El juez les acusa de un delito de homicidio imprudente y siete en grado de tentativa.

El togado admite con esta decisión la querella presentada por los familiares de los policías contra los diplomáticos, el Ministerio del Interior y el de Asuntos Exteriores. En la resolución explica que la embajada en Kabul se abrió en el 2008 y que desde el inicio no contaba con suficientes medidas de seguridad como «garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de madera».

Distintas medidas de seguridad

Sin embargo, el embajador no vivía en el delegación sino en una vivienda ubicada en el perímetro de seguridad de Kabul donde se encuentran la mayoría de las Embajadas. Además, Solá «ponía en riesgo» la a la Embajada al permitir que accedieran a ella «coches, furgonetas y camiones» de mercaderes «con joyas, alfombras y otros enseres» sin avisar con tiempo a los equipos de seguridad.

El día del atentado, el 11 de diciembre del 2015, Francia alertó del riesgo de atentado en la embajada española que no reforzó las medidas de seguridad. Sobre las seis de la tarde un coche bomba abrió un boquete en la cancillería y tres talibanes entraron y mataron a tiros a dos policías nacionales, a 10 afganos e hirieron a otros siete. Los terroristas fueron abatidos horas después por las fuerzas norteamericanas.