La Sindicatura de Cuentas –tribunal de cuentas catalán- presentará hoy en el Parlament un informe de fiscalización que cuestiona todos los pasos en el procedimiento de contratación de una UTE liderada por Mediapro, la compañía de Jaume Roures, para la construcción de una red de fibra óptica propia que conectara las sedes de la Generalitat, por un importe de 253 millones de euros. La adjudicación se realizó en 2010, con el tripartito que presidía José Montilla al frente de la Generalitat, y la empresa pública responsable, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), dependía de la Consejería de Gobernación, en manos del republicano Jordi Ausàs.

En su dictamen, la Sindicatura advierte de que el concurso de adjudicación de Xarxa Oberta debería haberse declarado desierto en vez de concederse la adjudicación a Mediapro. El proyecto, por el que inicialmente se pretendía cablear toda Cataluña con una red neutra, al margen de las comerciales, debería haberse sometido a un nuevo concurso según el fiscalizador cuando el contrato inicial de 662M€ se redujo en un 90% hasta 68 M€ en inversiones a asumir por el adjudicatario. Al concurso inicial, planteado por el método de diálogo competitivo, concurrían originalmente tres empresas, pero al limitarse el proyecto por la crisis, las otras dos aspirantes -Telefónica y Abertis- se retiraron y sólo quedó la UTE integrada por Mediapro y Axia.

En estas condiciones la Sindicatura considera que debería haberse convocado un nuevo concurso, advertencia que ya hizo en su momento la Intervención General de la Generalitat, pero el informe señala que “fue el propio Gobierno de la Generalitat el que acordó que se reiniciara el diálogo con los candidatos admitidos a la licitación”. Es decir, con Mediapro en exclusiva, excluyendo la participación de empresas que no podían asumir las garantías requeridas para un contrato de inversiones de 662M€ pero sí de 68M€.

Numerosas irregularidades

A partir de ese momento la Sindicatura señala numerosas irregularidades. Destaca que se modificó el cálculo de la garantía definitiva, lo que supuso una reducción de 8M€ a favor del adjudicatario y se añadió “una cláusula de compensación a favor del adjudicatario en caso de que la Administración rescate la concesión”, unas modificaciones que podrían haber favorecido la presentación de más ofertas, pero de las que sólo se pudo beneficiar Mediapro.

Y añade: “Del análisis de esta solicitud de aclaraciones se puede concluir que la información que contenía la oferta presentada no cumplía los requisitos mínimos de información establecidos en los pliegos y, además, había contradicciones con las cláusulas del documento descriptivo y del programa funcional de solución final. Por lo tanto, en opinión de la Sindicatura de Cuentas, el CTTI debería haber rechazado esta oferta y declarado desierta la licitación”.

Las irregularidades se multiplicaron una vez adjudicado definitivamente el contrato. La sociedad creada para el proyecto no cubría el 10% de la inversión prevista en recursos propios, como exigía el concurso, y la adjudicación ni siquiera se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat en tiempo; apareció en el DOGC un año después de su aprobación, y no en el plazo de 48 días que establece la ley. Aunque la guinda la pone la contratación en Mediapro de Jordi Solé –miembro de la mesa de diálogo competitivo que decidió el concurso- un año después de cerrarse el contrato, para dirigir el proyecto Xarxa Oberta. Un fichaje que Mediapro defiende porque Solé no era alto cargo de la Generalitat y por tanto no estaba sujeto a la ley de incompatibilidades catalana.