El Tribunal Constitucional ha hecho suya la cita del profesor estadounidense Warren Bennis cuando afirmó: «Ahora usamos la ley como un arma en lugar de una herramienta» al avalar la reforma que le permite suspender a los cargos públicos que desobedezcan sus sentencias. Una decisión que ha sido criticada por los juristas consultados por El Independiente. Vicente Gimeno Sendra, que fue magistrado del TC, acata el fallo, pero sostiene que esta reforma «desvirtúa la función» de este tribunal. Una opinión que es compartida por los catedráticos Luis Aguiar y Joan Queralt.

Fuentes del alto tribunal han defendido la decisión de los ocho jueces que han declarado constitucional esta ley, que fue aprobada a toda prisa en octubre del 2015, dos meses antes de que se disolvieran las Cortes de la mayoría absoluta del PP, para frenar el proceso separatista de Cataluña.

«Un arma nuclear»

Jueces de la mayoría admiten que con esta decisión el TC se ha dotado «de un arma nuclear» que esperan no tener que utilizar. En la sentencia, cuyo contenido íntegro se conocerá en los próximos días cuando se redacten los votos particulares de tres jueces, se explica que los togados decretarán la suspensión de cargos públicos «con carácter temporal, limitada al acto de desobediencia» y que la misma no «afectará a todas las funciones como pueden ser las representativas del cargo o el salario».

No obstante, estas precauciones no tranquilizan a los juristas consultados. Gimeno Sendra considera que esta reforma supone «un error a medio y largo plazo». En su opinión «desvirtúa» la función del Tribunal Constitucional que «es la de ser guardián» de la Carta Magna porque le convierte «en un órgano de primera instancia» cuando su función es la de intervenir «en último lugar».

«Han tratado al TC como un tribunal más»

Una opinión que es compartida por Aguiar quien considera que esta ley «equipara» al TC con los tribunales «ordinarios». «Se le ha tratado como si fuera un tribunal más» cuando esta institución «está para dirimir conflictos» entre «partes que no son ciudadanos sino órganos constitucionales como el Gobierno y las Comunidades Autónomas».

Por su parte, Joan Queralt va más allá y afirma que la sentencia del TC es «inconstitucional» porque implica «un estado de excepción parcial que no tiene cobertura constitucional». Y es que en su opinión, «el derecho tiene reglas» y con esta decisión, el alto tribunal «de tanto estirar el chicle lo ha roto».

La posibilidad de suspender convierte al TC «en un sustitutivo» del artículo que permite al Gobierno suspender las competencias de una Comunidad Autónoma

Las distorsiones que todos los juristas detectan en esta reforma se constriñen a la definición de la suspensión de funciones de cargos públicos. Para el alto tribunal no es una «medida punitiva», sino «gravosa». Sin embargo, Aguiar considera que esta posibilidad convierte al alto tribunal en «un sustitutivo funcional» del artículo 155 de la Carta Magna que permite al Gobierno suspender las competencias de una Comunidad Autónoma.

El Gobierno deja que el trabajo sucio lo hagan otros

«Me parece muy mal», afirma. En su opinión, es el Gobierno «si llega el caso, el que tiene que intentar el cumplimiento forzoso de la legalidad». Por estos motivos, pide que sea el Ejecutivo el que se «moje» y critica que se «involucre» al TC en la contienda política. De todos modos, esta posición no le ha pillado por sorpresa porque la legislatura de Rajoy se ha caracterizado por «el dejar hacer, dejar pasar y que otros hagan el trabajo sucio», en este caso, «el Tribunal Constitucional».

Queralt confía en que el alto tribunal opte por no aplicar esta reforma porque los tribunales europeos tumbarían sus decisiones al «no tener cobertura» como primera instancia para suspender las funciones de cargos públicos que son aforados. «Sería un suicidio», sostiene.

Gimeno Sendra, ex juez del TC, lamenta que con esta ley el tribunal pase de ejercer sus funciones «con autoridad y no con potestad»

Gimeno Sendra abunda en esta tesis al considerar que si su antiguo tribunal aplica «este instrumento de política legislativa» perdería «su imparcialidad y autoridad». Y subraya que casi un 90% de las sentencias que dicta el TC se acatan sin problemas «porque están muy motivadas». Por ello, advierte que si el alto tribunal acuerda suspender a cargos públicos dejará de ejercer sus funciones «con autoridad para hacerlo con potestad».

Elemento disuasorio

A pesar de que la sentencia apoya sin fisuras la reforma, algunos jueces del alto tribunal explican en privado que han votado a favor de la constitucionalidad de la misma para contar «con un elemento disuasorio», pero reconocen que «no se pueden matar moscas a cañonazos». «Que sea constitucional no quiere decir que se tenga que aplicar», apostillan.

Y recuerdan que este tribunal puede pedir la intervención del fiscal cuando se desobedezcan sus resoluciones como se ha hecho el pasado mes al denunciar la actuación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por poner en marcha el proceso de independencia.

Asimismo, reconocen que esta resolución tiene «trascendencia política» aunque en la sentencia se explique que han analizado la legalidad de la norma «en abstracto» y sin pensar que fue creada casi ad hoc para Cataluña.

El alto tribunal es «una sucursal del Gobierno»

Aguiar y Queralt también coinciden en el carácter político de esta resolución. El primero considera que el tribunal «sin mucho esfuerzo» podía haber declarado inconstitucional la ley «porque le da unas prerrogativas que exceden de la función del Tribunal Constitucional». Y explica que este aval responde a que el Gobierno ha logrado «el objetivo de controlar» al alto tribunal. Queralt abunda en esta tesis y afirma que el TC «se ha convertido en una sucursal del Gobierno».

Por ello, estos juristas esperan conocer el contenido de los votos particulares que redactan la vicepresidenta Adela Asua y los magistrados Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol. Se da la circunstancias de que las discrepancias entre los dos bloques eran tan insalvables que Asua renunció a la ponencia que cedió al conservador Pedro González Trevijano, un hecho muy inusual en esta institución.

Este fallo supone el fin de la unanimidad en las sentencias sobre el proceso de independencia de Cataluña

Las fuentes consultadas han adelantado que esta sentencia marcará el futuro del tribunal que el próximo mes de enero tiene que renovar el mandato de cuatro jueces, entre ellos el del presidente. Hasta ahora en temas de trascendencia política como el desafío catalán ha imperado la unanimidad.

Los votos particulares

Sin embargo, fuentes del entorno de estos jueces explican que les parece muy grave que esta reforma les convierta en «mosqueteros» del Gobierno y rechazan que se use al alto tribunal como «un apagafuegos». Por ello, Xiol va a cuestionar en su voto «la alteración de equilibrio entre los órganos constitucionales» que genera esta sentencia y  «la desnaturalización» del alto tribunal por asumir estas facultades.

La reforma se podrá aplicar cuando el Gobierno presente un nuevo recurso contra alguna ley que se apruebe en Cataluña y que suponga poner en marcha el proceso independentista. En la demanda del abogado del Estado se solicitará que se aplique esta medida y los jueces podrán optar por acordar la suspensión y paralelamente pedir al fiscal que inicie un proceso penal por desobediencia.

Argumentos para Mas

Asimismo, fuentes fiscales apuntan que el TC con esta resolución puede haber dado argumentos a Artur Mas, Joan Ortega e Irene Rigau, que van a ser juzgados por desobediencia por sacar las urnas el 9-N, al reconocer que cuando se presentó la querella contra ellos, el TC contaba con «una laguna» para hacer cumplir sus fallos.

Por ello, Gimeno Sendra defiende que «había otras soluciones que no eran tan onerosas para el TC» como una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que permitiera a los jueces de instrucción «aplicar cautelarmente la suspensión». Y es que los juristas consultados piensan como Francisco de Quevedo quien dijo: «Ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor» o lo que es lo mismo, los jueces no pueden «suplir el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat», según Aguiar.