La acusación popular que ejerce el grupo municipal Vamos Granada considera que el archivo de la causa penal por la adjudicación de la histórica Casa Ágreda a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE) es «injustificado», «precipitado» e «inexplicable» y supone «cerrar en falso» la investigación cuando empezaba a desprenderse «nítidamente» no sólo la «confirmación de las tesis incriminatorias» iniciales del fiscal sino también la existencia de indicios de un nuevo delito: blanqueo de capitales.

Así lo razona el letrado Carlos Castresana, fiscal anticorrupción en excedencia y hoy abogado en ejercicio, en el recurso de apelación que esta acusación ha presentado ante la Audiencia para que revoque el auto por el que el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada, José Luis Ruiz Martínez, acordó el pasado 20 de octubre el sobreseimiento provisional y el carpetazo a este caso por el que tuvo que declarar en calidad de investigado el ex alcalde granadino José Torres Hurtado (PP). La Fiscalía ha mostrado su «plena conformidad» con la decisión del instructor.

Se trataba de un procedimiento abierto a principios de agosto a raíz de la denuncia que el fiscal José María Suárez-Varela interpuso contra varios concejales y técnicos del Ayuntamiento granadino por tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos en el proceso de adjudicación de este inmueble del siglo XVI, situado en el barrio del Albaicín.

El instructor archivó la causa al concluir que la adjudicación se había ajustado a la normativa

Sin esperar a la práctica de nuevas diligencias de prueba, entre ellas algunas esenciales ordenadas por él mismo, el juez ha archivado las actuaciones al concluir que el procedimiento seguido para la cesión de la casa -otorgamiento de un derecho de superficie con opción de compra por el valor y con el coste de rehabilitación- «se atemperaba a la normativa vigente» y que la operación «no ha quebrado el interés legítimo de los ciudadanos granadinos», por cuanto el edificio se destinó a un «fin de interés social» -a una ONG que aseguraba que iba a desarrollar diversas actividades solidarias- a cambio de una «significativa cantidad de dinero para las arcas públicas».

En un duro escrito, Castresana censura la decisión del magistrado José Luis Ruiz, al que reprocha que sólo citara a una cuarta parte de los investigados y que hiciera suyas «de plano» las declaraciones «puramente subjetivas, voluntaristas y ayunas de todo sustento probatorio» de aquéllos «sin tan siquiera recabar testificales que lo corroborasen». «No es aceptable entender que el magistrado pueda estar ‘suficientemente informado’ de los hechos investigados con la escasa prueba practicada y siendo toda ella subjetiva, parcial e interesada (…) lo que ha llevado a obtener un relato sesgado, incompleto y equívoco de lo ocurrido», plantea el recurso.

La acusación popular lamenta que el instructor haya dado carpetazo a la causa sin que se conozca el coste de la Casa Ágreda y el de las obras de rehabilitación que precisa, diligencia cuya práctica el magistrado llegó a acordar. Y ello, en su opinión, es «inexplicable en términos de razonabilidad y legalmente injustificable».

Vamos Granada dice que la ONG a la que se cedió la histórica Casa Ágreda «es una mera tapadera»

El archivo se concretó tan sólo dos días después de que Vamos Granada defendiera en un escrito presentado en el juzgado la existencia de un cuarto delito (blanqueo de capitales), que supuestamente habrían cometido los representantes de la ONG a la que se cedió el edificio. Entre otros, pedía que se llamara al procedimiento en calidad de investigados al presidente y al tesorero de AIDE Federación, El Hakkaoui Abdelkbir y Abdellatif Kerkeni, respectivamente.

Las pesquisas realizadas por Castresana le llevaban a afirmar que AIDE Federación «es una mera pantalla o tapadera» sin actividad en ninguna de las sedes que asegura tener -en Francia, Bélgica, España, Suiza, Brasil, India, Senegal y Mali, entre otros países- y no pasa por alto que a su representante legal -El Hakkaoui Abdelkbir- le constan «antecedentes penales por tráfico de armas y municiones» en el Reino Unido.

«La supuesta ONG es una entidad prácticamente inactiva y sin patrimonio que fue utilizada por otras personas o entidades en este momento desconocidas, españolas o extranjeras, que se sirvieron de esa razón social marroquí para acudir subrepticiamente a la licitación municipal y hacerse de manera encubierta con la Casa Ágreda», añade.

La acusación popular pidió sin éxito al juez que encargara una investigación al Sepblac

Vamos Granada también sostiene que AIDE Federación «carece de recursos para hacer frente a la inversión de seis millones de euros a que se comprometió en escritura pública» y se desconoce «quién es el verdadero inversor» que se oculta tras esta entidad. Las actuaciones practicadas no han permitido averiguar «qué personas desconocidas en Granada», en representación de la supuesta ONG, aportaron los 32.752,77 euros en concepto de fianza provisional ni quién transfirió desde Marruecos los 281.847,23 euros abonados después de la adjudicación.

Un día antes de que se archivara la causa, esta acusación popular pidió al juez que se librara oficio al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) para que la unidad de inteligencia financiera del Banco de España realizara el estudio del patrimonio y de las actividades de AIDE Federación en los países en los que asegura tener sedes, y que acreditara el origen de los 32.752,77 euros como fianza provisional y los 281.847,23 euros transferidos desde Marruecos tras la adjudicación.

Preguntas sin respuesta

Vamos Granada llamaba la atención del magistrado sobre el hecho de que la entidad que acreditaba la supuesta solvencia de AIDE Federación era el Banco Marroquí de Comercio Exterior (oficina de Casablanca) y, sin embargo, la que transfirió los fondos de la fianza era la Caja Rural de Granada y el Banque Chaabi du Maroc SA el que pagó los 281.847,23 euros.

«La denegación de las diligencias solicitadas por esta acusación popular, y el archivo de las diligencias sin practicar actuación alguna tendente a averiguar el origen y titularidad de los fondos, se antoja no solamente infundada sino definitivamente temeraria. ¿Quiénes son los titulares de las cuentas? ¿Qué relación tienen con AIDE? ¿Cuál es el origen de los fondos? ¿A quién quisieron vender la Casa Ágreda el alcalde Torres y la concejal Nieto [en alusión a Isabel Nieto, ex delegada de Urbanismo y que también fue imputada en este procedimiento]? Preguntas todas a las que el magistrado no ha considerado necesario buscar respuesta», expone el recurso.

«Hasta el absurdo»

Por todo ello, Vamos Granada concluye que el auto de sobreseimiento «más parece el escrito de alegaciones de la defensa que una resolución judicial», al basarse «única y exclusivamente» en las declaraciones de los investigados. «Los sigue hasta el absurdo», agrega.

Para lo que el instructor es una mera sucesión de «irregularidades administrativas penalmente irrelevantes», para la acusación popular es «una trama perfectamente organizada» dirigida a conseguir «varios objetivos delictivos». «Señalar que con ello se puede obtener algún tipo de beneficio para la sociedad, y que las corporaciones locales pueden ir regalando los inmuebles que forman el patrimonio de todos los ciudadanos a cualquiera que se presente asegurando que lo va a dedicar a las buenas obras, no es más que un dislate», concluye.