El alcalde de Colmenar Viejo (Madrid), Miguel Ángel Santamaría, ha renunciado hoy al cargo «por motivos personales», dos días después de que se conociera que será juzgado -junto con su antecesor y otros diez concejales y ex ediles del PP- por un presunto delito de prevaricación continuada.

Santamaría, que ha rechazado explicar a los medios si su dimisión está relacionada con el procesamiento judicial, tuvo que comparecer este miércoles en el juzgado de Colmenar para que se le notificara personalmente la resolución de la apertura del juicio y la fianza que se le ha impuesto, que asciende a 17.600 euros.

Según un auto firmado el 27 de octubre por el magistrado Moisés Guillamón, el Juzgado de Colmenar ha abierto juicio oral contra Santamaría, contra el exalcalde José María de Federico y contra diez ediles y ex ediles del PP. El alcalde señala en un comunicado que el próximo 15 de noviembre se celebrará un Pleno extraordinario, a las 10 horas, para hacer efectiva su renuncia ante la corporación municipal.

El proceso judicial investiga 16 concesiones de licencias que se adjudicaron pese a existir informes «desfavorables» por incumplir la normativa, ya que las obras no se ajustaban al proyecto por el que se concedió la licencia y «en ningún caso» se tomaron las medidas necesarias para su subsanación, según el escrito de la Fiscalía.

La mayoría de los casos hacen referencia a la autorización de construcciones que sobrepasaban la altura permitida o incumplían las condiciones de salubridad de calidad del aire, el retranqueo de los edificios establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana, la altura de las edificaciones o sus condiciones estéticas y compositivas.

El escrito señala que, «sólo en algunos casos puntuales», los acusados trasladaron el expediente sancionador al departamento de Disciplina Urbanística para su incoación, mientras que en otras ocasiones se acordó su traslado «pero sin ningún propósito de llevar a cabo dicha decisión, puramente aparente».

Por todo ello, la Fiscalía de Madrid solicita 3,6 años de prisión y 10 de inhabilitación para Santamaría y para De Federico. Además, pide 10 años de inhabilitación de empleo o cargo público, una multa de 22 meses con una cuota diaria de 20 euros, y la responsabilidad personal subsidiaria máxima de 11 meses.