Látigo de Jesús Gil en los noventa como implacable fiscal anticorrupción, Carlos Castresana (Madrid, 1957) se enfrenta hoy a la corrupción no con la toga de representante del Ministerio Público sino con la de abogado. Hace dos años volvió a España tras permanecer una década lejos del país para ejercer como profesor de Derecho Penal Internacional en universidades de EEUU y México y dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, lo que le hace ser hoy un privilegiado observador de la realidad nacional. En julio sumó un nuevo reconocimiento a su carrera profesional. El Consejo General de la Abogacía Española y Transparencia Internacional España (TI-España) le otorgaron el I Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción por su «firme y ejemplar» trayectoria. Pide un café americano, se activa la grabadora y no rehúye ninguna pregunta.

PREGUNTA.-¿Qué ha cambiado desde que investigaba a Jesús Gil en los años noventa al panorama de corrupción que hay en España hoy?
RESPUESTA.-De entrada, no creo que tengamos más corrupción que entonces, lo que sí ocurre es que hay una mayor sensibilidad y la que hay se ve más. Considero que soy un observador que tiene parámetros para medirlo porque he estado 10 años fuera de España. Cuando me fui, la capacidad de los tribunales, de las fiscalías y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado era muy reducida y, cuando he vuelto, he notado que la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha mejorado notablemente. Las unidades especializadas de investigación de criminalidad económica con que cuentan hoy el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil no existían o eran incipientes y no producían los resultados de ahora.

P.-¿Hay verdaderamente interés por parte del poder para acabar con la corrupción?
R.-Me parece que no, al menos no con la contundencia que los hechos requerirían. Hoy en día la corrupción en España, y no sólo la pública sino también la privada, no está recibiendo la atención necesaria ni se están adoptando las medidas legales y presupuestarias para abordar el problema. En los días electorales se decía que la gente tiene que castigar a los corruptos en las elecciones. Y no es cierto. El derecho de sufragio no está hecho para enjuiciar a los candidatos. Los electores votan aquello que creen que más le conviene y mejor le va a favorecer sus intereses. Para castigar a los corruptos están los tribunales de justicia, que tienen que tener más recursos de los que tienen. Seguimos estando por debajo de la UE en número de jueces y fiscales. Mientras eso siga así, la solución no está ni cerca.

P.-¿No cree que una parte de la población utiliza las elecciones para ajustar cuentas con los políticos?
R.-Un porcentaje vota para premiar o castigar a las distintas opciones políticas, pero no creo que sea significativo. La corrupción de los casos Gürtel, Bárcenas… tuvo un coste significativo para el PP en las elecciones de diciembre de 2015, pero aún así sigue habiendo millones de personas que votan por conveniencia. Insisto, es que eso es lo legítimo.

Lo primero que habría que hacer es derogar las dos leyes que aprobó el PP con mayoría absoluta»

P.-¿Cuál es su receta para que la Justicia funcione mejor en España y, específicamente, para que la lucha contra la corrupción sea más efectiva?
R.-Lo primero sería conocer qué partidos están dispuestos a derogar las dos leyes que aprobó el PP en sus últimas semanas de mayoría absoluta, a final de 2015, una de las cuales restringía las potestades de instancia investigativa a las acusaciones particulares y populares y otra limitaba la instrucción a un periodo de seis meses. Dos cambios de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

P.-¿Y por qué es tan negativo para la investigación penal?
R.-Porque deja indefensas a las acusaciones particular y popular, que son las que han sostenido las causas de corrupción. Si las dejamos fuera, ¿va a ser el fiscal capaz de llevar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones de corrupción?

P.-Lo está diciendo un fiscal en excedencia…
R.-Sí, claro, pero es una pregunta cuya respuesta yo no tengo. Pero es la preocupación que expresan los jueces decanos, que tienen conclusiones muy interesantes en sus reuniones anuales. Son muy atinadas porque vienen desde la experiencia y son ajenas a cualquier agenda política. Proponen cosas que en general son bastante sensatas.

Que la acusación popular se haya utilizado en ocasiones como extorsión no la hace mala»

P.-Hace usted una defensa encendida de la acusación popular, pero en ocasiones también se ha utilizado esta institución con fines espurios.
R.-Totalmente, de extorsión incluso. Es notorio que la acusación popular ha sido objeto de abuso para coaccionar a inculpados y que el mismo que acusaba ha dejado de hacerlo cuando el extorsionado se ha prestado a satisfacer sus pretensiones económicas. Eso necesariamente tiene que erradicarse porque es una conducta delictiva, pero eso no hace mala a la acusación popular. Las instituciones jurídicas no son en sí mismas ni buenas ni malas; el uso que se haga de ellas sí puede ser el que ha querido el legislador o puede ser perverso.

P.-Ya que lo ha citado, los jueces decanos de España, reunidos recientemente en Málaga, han vuelto a pedir el fin de los aforamientos para los políticos con el argumento de que ello dilata la instrucción en los procedimientos por corrupción. ¿Comparte esa demanda?

R.-Sí, no sé si acabar de un plumazo con todos los aforamientos pero sí reducir drásticamente los cargos públicos que tienen aforamiento y, desde luego, suprimir el fuero especial después de la retirada de la inmunidad. Si un señor diputado ha cometido un delito, es razonable que el Congreso valore si la denuncia o querella tiene fundamento. Una vez concedido el suplicatorio, esa investigación la podría llevar el juez de instrucción ordinario que corresponda territorialmente y luego el juicio ante el Juzgado de lo Penal o ante la Audiencia que corresponda. Porque ni los Tribunales Superiores de Justicia, tal como están concebidos, ni el Tribunal Supremo son órganos de enjuiciamiento.

No sé si está pensada para el ‘robagallinas’, pero la ley no es útil para combatir la corrupción»

P.-¿La legislación actual está pensada verdaderamente para luchar contra la corrupción o para el «robagallinas», como sostiene el presidente del CGPJ?
R.-El legislador es el que debería contestar para qué está pensada, pero desde luego no es útil para combatir eficazmente la corrupción.

P.-¿Qué cambio legislativo es, a su juicio, inaplazable?
R.-Habría que hacer una modificación hacia atrás de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Mientras no seamos capaces de hacer una ley que tenga todo el consenso y que sea realmente moderna y eficaz, más nos vale quedarnos con la de Alonso Martínez del siglo XIX. Cada reforma que se ha venido haciendo en los últimos años ha sido para empeorarla. La instrucción para el fiscal, que es lo que está ocurriendo ahora, no garantiza la independencia ni la imparcialidad de la investigación penal. El fiscal hoy en día no tiene la independencia de esa magistratura postulante que debería tener como en Italia. No es verdad que el Ministerio Fiscal esté integrado, ni con autonomía ni sin ella, en el Poder Judicial. Es obvio que es más parte del poder ejecutivo.

P.-¿Cómo se podría corregir esa dependencia?
R.-Haciendo de verdad lo que quiere la Constitución y el Estatuto Orgánico, eliminando la dependencia que en el Ministerio Fiscal pasa por el Fiscal General del Estado y el Ministerio de Justicia del poder ejecutivo y haciendo de la Fiscalía una institución verdaderamente independiente. A partir de ese momento es cuando podríamos empezar a pensar en darle la instrucción. En Inglaterra, el fiscal general es un lord que forma parte del Gobierno, pero, claro, ellos nos llevan 800 años de ventaja en práctica democrática. Al fiscal general no se le ocurriría darle una orden a un fiscal encargado de un caso para indicarle en qué sentido tiene que conducirlo.

Recibí órdenes del fiscal general, pero discrepaba si creía que eran contrarias a Derecho»

P.-¿Usted recibió órdenes del fiscal general cuando ejercía en el Ministerio Público?
R.-Yo recibí órdenes del fiscal general, sí. En relación con Jesús Gil, por ejemplo.

P.-¿Y las obedeció?
R.-No. Cuando me parecía que eran contrarias a Derecho yo discrepaba. Nunca fueron confirmadas (risas). Cuando fui a Marbella a tomarle declaración a Jesús Gil por primera vez en el famoso asunto de las camisetas recibí la orden del fiscal general [Jesús Cardenal] de que no podía pedir medidas cautelares contra Gil. Yo, por escrito, discrepé y le dije: ‘Éstos son los hechos y éstos son los delitos’. Yo consideraba que estaba más que justificado pedir medidas cautelares y al final me dijo que las solicitara.

P.-¿Cree que esa dependencia del Ministerio Público ha aumentado en los últimos años como consecuencia de las causas de corrupción que afectan a partidos políticos?
R.-No lo sé, tendría que preguntarle usted a los fiscales generales, que son los que despachan con los correspondientes ministros de Justicia. Yo diría, si echamos la vista atrás desde la Transición hasta acá, que la mayor o menor imparcialidad del Ministerio Fiscal como institución ha dependido mucho de la personalidad de quién ha ocupado la Fiscalía General del Estado. Yo creo que sí ha habido fiscales generales que han sido razonablemente independientes, que han tomado sus decisiones sin sujetarse necesariamente a las sugerencias de los respectivos gobiernos, y ha habido otros que han sido más complacientes o que han sintonizado mejor con la sensibilidad del Gobierno.

Seguimos siendo incapaces de recuperar los activos sustraídos por los corruptos en España»

P.-¿Cómo valora que una formación política, el PP, haya sido declarada responsable civil a título lucrativo en una rama del caso Gürtel?
R.-Sin entrar a valorar el caso concreto, que lo desconozco, sí es importante que los jueces estén entendiendo que hay una responsabilidad civil que a veces es tan o más importante que la responsabilidad propiamente dicha y desde luego en los casos de corrupción. La gran carencia de los juicios de corrupción en estos años es que seguimos siendo incapaces de recuperar los activos sustraídos por los corruptos.

P.-¿Y eso cómo se consigue?
R.-Con más medios personales y materiales y aumentando la calidad de las investigaciones que permitan no solamente abordar la responsabilidad penal sino también la responsabilidad civil. Eso es fundamental. Mientras no seamos capaces de recuperar lo que ha sido sustraído al erario no estamos haciendo ni la mitad del trabajo, porque además estamos dejando a los corruptos con penas privativas de libertad, que no son eternas, en disposición de volver a delinquir o de considerar al final que valió la pena el año que estuvieron en prisión si consiguieron conservar para sí lo que habían sustraído. El mensaje más negativo que se puede enviar desde la jurisdicción a los corruptos es: ‘Vas a darte un batacazo, pero no te preocupes porque lo que tienes en Suiza o en las Islas Caimán es inalcanzable para los tribunales’.

P.-Pese a haberse introducido en el Código Penal, ¿la gran asignatura pendiente sigue siendo la cuestión de la financiación de los partidos políticos y de los sindicatos?
R.-Sí, los partidos políticos y los sindicatos han venido cayendo desde la Transición en el vicio de necesitar cada vez más dinero para financiar sus campañas porque las diferencias ideológicas se han ido disipando. De modo que si en realidad no es tan diferente votar al PP o votar al PSOE porque el 80% del presupuesto está gastado de antemano en pensiones, prestaciones de la Seguridad Social, servicios públicos… el 20% es lo que define la diferencia entre el PP y el PSOE. Esa diferencia es tan sutil que el votante no la percibe e invita a los partidos a gastarse ingentes cantidades en propaganda electoral para arrimar el ascua a su sardina. Como eso no ha sido debidamente limitado, y como el Tribunal de Cuentas no ha sido capaz de controlar de verdad las cuentas de los partidos, aquéllos han ido de forma creciente financiándose con donaciones opacas que procedían de empresas que antes o después obtenían una contraprestación. Eso que se ha puesto de manifiesto en cuanto a la financiación ilegal de los partidos no se ha puesto apenas de manifiesto en cuanto a los corruptores, es decir, los empresarios que han estado pagando a los partidos para después obtener ventajas.

Casi nunca se castiga al corruptor. Desde luego, no existiría un Bárcenas si no hubiera donantes»

P.-O sea, que no considera que se castiga como debiera la corrupción privada en España.
R.-Se castiga, y no siempre, al corrupto y casi nunca al corruptor. Son las dos caras de la misma manera. No existiría un Bárcenas si no hubiera habido donantes.

P.-¿Cree que ante determinados casos de relumbrón mediático se pueden inflar determinadas actuaciones?
R.-Eso tiene que ver también con la insuficiencia de equipos y personas. La concentración de asuntos en la Audiencia Nacional, por ejemplo, es contraria al sentido común. Eso es lo que produce, junto con una propensión de los medios de comunicación a magnificar lo que consideran noticiable, el fenómeno de los ‘jueces estrella’. Esos famosos macroprocesos o esos ‘jueces estrella’, que son incapaces de digerir todo lo que comen, son la patología del proceso penal. Tenemos ejemplos muy notables en Sevilla o en la Audiencia Nacional.

P.-¿Puede citar algunos?
R.-En Sevilla se han abierto causas de corrupción de manera meritoria pero se ha producido un atasco monumental al abrirse imputaciones indiscriminadamente contra centenares de inculpados, abriendo mucho y no cerrando nada. Con lo cual tienes garantizada la atenuante de dilaciones indebidas el día que llegues al juicio. El ejemplo contrario, y la ley procesal es exactamente la misma, es Baleares. Allí, los jueces y los fiscales inmediatamente que incoaban el procedimiento abriendo piezas separadas y enviándolas en un plazo razonable a juicio con la prueba intacta y sin ninguna dilación empiezan a producirse las conformidades. La eficiencia de los jueces y fiscales de Baleares no es porque sean mucho más listos o trabajadores que los de Sevilla, es porque han sido más diligentes y han sabido utilizar los resortes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para hacer digerible a los tribunales esos megaprocesos fraccionándolos en piezas separadas que pudieran ser llevadas a juicio en un periodo razonable y con garantía de éxito. Ése es el modelo.

¿Hermana del Rey? Quisiera pensar que la Audiencia resuelve contra todos sin distinción»

P.-Avanzar hacia las conformidades desatascaría mucho las macrocausas…
R.-Claro, pero para que un acusado se conforme tiene que verle las orejas al lobo, tiene que ver que la acusación es sólida, que está en tiempo y que la prueba es abrumadora. En ese caso, será el primer interesado en intentar conseguir un acuerdo. Pero si te llevan a juicio 12 años después de los hechos, con una prueba que está diluida, en un banquillo en el que están 60 personas…

P.-¿Tiene la sensación de que si la hermana del Rey es absuelta del delito fiscal en el caso Nóos para muchos ciudadanos puede suponer un golpe de credibilidad hacia el sistema?
R.-Eso lo tendrán que decir los ciudadanos, pero, efectivamente, todas las incidencias que se han producido en el proceso son atípicas. Yo quisiera pensar que la Audiencia resuelve contra todos los acusados como ciudadanos del común sin ninguna distinción, ni a favor ni en contra, sino primando el principio de igualdad ante la ley.

P.-Quiere pensarlo, pero ¿no está seguro?
R.-Que todos somos iguales ante la ley lo proclama la Constitución. Que esa proclamación se convierta en hechos en la realidad es lo que espero.

P.-¿Echa de menos la labor de fiscal? ¿Cómo se ven los toros desde la barrera de un bufete de abogados?
R.-Echo de menos el poder que tienes en el sentido de que tus solicitudes son vistas por otros ojos por los órganos instructores. Sin embargo, tengo mucha más libertad. Una cosa compensa lo otra. En lo personal estoy en una posición más confortable porque hago lo que creo que debo hacer y no tengo que seguir una estructura jerárquica. Las dos funciones son indispensables en el proceso penal. Lo que no veo justificación es a que se restrinjan las acusaciones particular y popular, sin perjuicio de que se corrijan cuando sean abusivas.

Tuve una oferta de un partido político hace dos años y la decliné. ¿En el futuro? Quién sabe…»

P.-¿Tiene pensado reintegrarse en la carrera fiscal antes de jubilarse?
R.-La verdad es que no, pero ya veremos. Tengo ocho años más para pensarlo. No tengo que decidirlo hoy.

P.-¿Ha sido tentado por algún partido político, como hizo Podemos con Carlos Jiménez Villarejo?
R.-He tenido algunas ofertas, sí.

P.-¿Muy recientes en el tiempo?
R.-Por concretar, una fue en los años noventa cuando yo era fiscal anticorrupción y otra la recibí hace un par de años.

P.-¿Se puede saber qué formación le hizo la última oferta?
R.-No, no me parece elegante. Las agradezco y, como las decliné, no creo que deba divulgarlas.

P.-¿Cierra definitivamente esa opción en el futuro?
R.-Quién sabe… No lo tengo prohibido. En ese momento y en esa circunstancia no me pareció oportuno.