La acusación popular que ejerce la Comunidad de Madrid en el caso del espionaje ha señalado a la cúpula de la Consejería de Interior en la etapa de Francisco Granados como responsable de los seguimientos ilegales a diversos cargos públicos. ¿Quiénes son las personas que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes pide que se sienten en el banquillo de los acusados? ¿Qué responsabilidades ostentaban cuando sucedieron los hechos, de marzo a mayo de 2008? ¿Qué vinculación tenían con la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre y con el antiguo número dos del PP de Madrid Francisco Granados?

  1. Sergio Gamón Serrano. En su condición de director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, cargo dependiente de la Consejería de Interior que dirigía Francisco Granados, Sergio Gamón actuó presuntamente como jefe de la trama. Fue la persona que ordenó realizar las tareas de seguimiento y control a Manuel Cobo, vicealcalde de Alberto Ruiz-Gallardón, y Alfredo Prada, vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid (2003-2008). Este de inspector de policía, que llegó a tener un sueldo de más de 91.600 euros brutos al año, fue un hombre de confianza de Esperanza Aguirre. Escolta de ésta, le acompañó cuando dejó el Ministerio de Educación y Cultura para asumir la Presidencia del Senado (1999) y, posteriormente, aquélla lo incorporó como director general de Seguridad en la Administración madrileña. «(…) Impartió las órdenes, luego ejecutadas y reportadas en su resultado por los demás acusados; dirigió de forma determinante la operativa antijurídica llevada a cabo por todos los demás, compeliéndolos a ello; y fue el artífice u ordenante de la disposición de los medios de la Administración regional para sus subordinados, pues él requirió los elementos precisos (vehículos oficiales y teléfonos móviles corporativos) a la Comunidad de Madrid para desarrollar un trabajo administrativo que en verdad no respondió a la finalidad legítima para la que se facilitaron», exponen los servicios jurídicos del Ejecutivo de Cifuentes, que piden para él una pena de multa de 12 meses y 18.250 euros por la comisión de un delito de malversación de caudales públicos. Sergio Gamón se vio forzado a dimitir en junio de 2010 después de que su ex esposa, Yolanda Lavinia, declarara en una entrevista concedida a El País que su ex marido venía espiando al vicepresidente Alfredo Prada desde 2006. Tanto Cobo como Prada eran conocidos adversarios de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid.
  2. Miguel Castaño Grande. Policía nacional como su jefe, fue la mano derecha de Gamón en la Dirección General de Seguridad. La acusación popular de la Comunidad de Madrid lo considera cooperador necesario y pide una pena de multa de 10 meses a razón de 30 euros por día (9.000 euros). «Sabedor de la operativa desarrollada», dicen los servicios jurídicos del Gobierno regional en su escrito de conclusiones provisionales, Castaño era la persona a la que supuestamente se rendía cuenta de «los resultados de sus pesquisas». Y éste, a su vez, hacía luego lo propio con Gamón. Cuando compareció el 6 de marzo de 2009 ante la comisión de investigación constituida en la Asamblea de Madrid para depurar responsabilidades políticas, el encausado negó cualquier tipo de espionaje. «No he tenido más conocimiento que el publicado en un medio de comunición [en alusión a El País]», declaró. Y añadió: «No he conocido, ni amparado, ni visto, ni ordenado ningún parte ni ningún seguimiento ni nada que se le parezca».
  3. José Luis Caro Vinagre. Guardia civil en excedencia y subordinado de Gamón y Castaño en la Dirección General de Seguridad, el nombre de Caro Vinagre aparece vinculado a otro escándalo que investiga el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional. Habría sido la persona que avisó a Francisco Granados, tras mantener una conversación con otro guardia civil, de que estaba siendo investigado en el marco de la operación Púnica. Es la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el cuerpo al que se le confió la investigación de Púnica, por la que Granados permanece en prisión preventiva desde el 31 de octubre de 2014 acusado de la comisión de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, prevaricación y fraude. La Comunidad de Madrid pide para José Luis Caro una pena de multa de seis meses y 1.800 euros.
  4. José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez. Francisco Granados incorporó como asesores de seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior a estos dos guardias civiles en septiembre de 2007. El pasado 4 de marzo, cuando compareció ante la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, Coronado aseguró que fue el ex presidente de la Comunidad Ignacio González -sustituto de Esperanza Aguirre al frente del Ejecutivo tras la renuncia de éste por los casos de corrupción que afectaban al partido- y no Francisco Granados quien ordenó seguir a Cristina Cifuentes y al ex alcalde madrileño Alberto Ruiz-Gallardón. Según reveló ante los comisionados, Sergio Gamón los citó en su despacho en marzo de 2008 para comunicarles que, «por especial interés de González», había que «recabar una información» y hacer «unos seguimientos de unas personas, de unos objetivos». Por su parte, José Oreja también ratificó ante la comisión de investigación el mismo día que había sido Ignacio González quien ordenó los seguimientos a los cargos públicos, entre los que -además de Cifuentes y Cobo- citó a Ruiz-Gallardón, un alto cargo de Arpegio (empresa pública que gestiona el suelo de la Comunidad de Madrid), los entonces alcaldes Manuel Roles (Fuenlabrada) y Pedro Castro (Getafe) y dos trabajadores de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid. Oreja también desveló que, a partir de un momento determinado, empezaron a anotar la hora en la que se apostaban para iniciar los seguimientos y la hora a la que se marchaban. Para la acusación popular, ambos son también autores de un delito de malversación de caudales públicos, por lo que pide para cada uno de ellos una pena de multa de seis meses a razón de 1o euros por día (1.800 euros).
  5. José Manuel Pinto Serrano. Técnico de la Dirección de Seguridad de la Comunidad de Madrid, es otro de los encausados en el caso del espionaje político. En su comparecencia ante la comisión de investigación, Pinto Serrano negó los hechos por los que el Juzgado de Instrucción 5 de Madrid dictará auto de apertura de juicio oral y afirmó que la «mano derecha» del ex director general de Seguridad Enrique Barón le dijo que él y su jefe «venían a la Comunidad a cazar a Aguirre, Granados y González, que eran unos chorizos». José Manuel Pinto negó ser el autor de los partes de seguimiento -realizados por el ex subdirector Miguel Castaño, en su opinión- y desveló que el día anterior a su primera declaración ante el juez lo visitó en su domicilio Sergio Gamón y una policía nacional. «Vinieron a decirme: no eches mierda sobre el señor Granados ni sobre el señor Castaño», aseguró.
  6. Manuel Cobo y Alfredo Prada. Fueron las víctimas del espionaje político presuntamente realizado por el grupo liderado por Sergio Gamón. En las fechas de los seguimientos, entre marzo y mayo de 2008, el leonés Prada ocupaba la Vicepresidencia segunda y era consejero de Juticia e Interior de la Comunidad de Madrid. Salió del Gobierno de Esperanza Aguirre en junio de 2008, sucediéndole en el cargo precisamente Francisco Granados. Su paisano Manuel Cobo fue vicealcalde Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón entre junio de 2003 y diciembre de 2011. No sólo le unía a Prada su origen leonés. Ambos eran adversarios de Aguirre.