El Gobierno de Cristina Cifuentes ha responsabilizado al departamento que dirigía Francisco Granados en la Comunidad de Madrid del espionaje sufrido en 2008 por el vicealcalde de Madrid Manuel Cobo y el ex consejero de Justicia y diputado regional Alfredo Prada. Ambos mantenían en aquella época una dura batalla con Esperanza Aguirre en el marco de las tensiones internas en el partido, con el control de la formación a nivel nacional y de Caja Madrid de fondo.

El Ejecutivo regional, que ejerce la acusación popular,  ha pedido al juez que instruye el caso que abra juicio oral contra el entonces director general de Seguridad Sergio Gamón Serrano, el subdirector general Miguel Castaño Grande y cuatro subordinados -dos guardias civiles y un policía nacional que ejercían como asesores y un funcionario- por las tareas de seguimiento y control de “personas que ostentaban cargos públicos en diferentes administraciones”. En total, reclama penas de multa de 46 meses por la comisión de un delito de malversación de caudales públicos y 34.450 euros.

Los hechos por los que los encausados se sentarán en el banquillo de los acusados tuvieron lugar de marzo a mayo de 2008, cuando Francisco Granados -en prisión desde hace dos años por su presunta implicación en la operación Púnica– ostentaba la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta. Aguirre llegó a definir de “montaje” esta trama.

Una de las víctimas del presunto espionaje, Manuel Cobo, fue suspendido de militancia en 2009 después de una entrevista en el diario El País en la que criticaba abiertamente a la ex líder regional del Partido Popular. El número dos de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid ya denunció entonces lo que ahora confirma el Gobierno de Cifuentes: “Intentaron encontrarme algo que me hiciera dependiente de ellos, a través de esa gestapillo que montaron y espiándome como espiaban a Alfredo Prada”.

Sergio Gamón, director de Seguridad, fue quien ordenó que se llevaran a cabo los seguimientos

En su escrito de conclusiones provisionales, presentado ante el Juzgado de Instrucción 5 de Madrid el pasado 28 de junio y al que ha tenido acceso El Independiente, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid dan por sentada la realización de una “actividad anómala” en el seno de la Dirección General de Seguridad, a cuyo frente se encontraba entonces Sergio Gamón y Miguel Castaño (subdirector). “[Éstos] encomendaron u ordenaron la realización de intervenciones o actividades ajenas al desempeño normal de sus respectivos puestos a los subordinados de la referida área administrativa y que consistieron en tareas de seguimiento y control de personas que ostentaban cargos públicos en diferentes administraciones”, expone la acucación popular.

El Gobierno regional confirma que los investigados dispusieron de los “teléfonos móviles corporativos y vehículos oficiales” que tenían asignados para el desarrollo normal de sus labores. “Tales medios no fueron aplicados lealmente y con ocasión de sus legales funciones por los ahora acusados”, certifica.

La acusación popular describe cómo Gamón fue la persona que “ordenó realizar las actividades anómalas”, de cuya ejecución se encargaron José Luis Caro Vinagre, José Manuel Pinto Serrano, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez. Éstos, a su vez, daban cuenta de los “resultados de sus pesquisas” a Miguel Castaño, otro de los imputados a los que la Comunidad de Madrid pide enviar a juicio.

Caro Vinagre, amigo personal de Francisco Granados, fue la persona que presuntamente dio el chivatazo al ex número dos del PP de Madrid de que lo estaban investigado en el marco de la operación Púnica. Por su parte, Antonio Coronado y José Oreja eran guardias civiles a los que Granados incorporó al departamento de Interior como asesores, al igual que a Caro Vinagre, mientras que Pinto Serrano es un funcionario de la Consejería de Interior al que peritos calígrafos atribuyeron la autoría de las anotaciones manuscritas que aparecen en algunos de los partes de espionaje.

Un encausado implicó a Ignacio González en los seguimientos a Cifuentes y Ruiz-Gallardón

Sergio Gamón dimitió como director de Seguridad de Madrid en junio de 2010, después de que su ex mujer, Yolanda Laviana, declarara a El País que aquél ya investigaba a Alfredo Prada desde 2006.

Por su parte, Antonio Coronado Martínez declaró el pasado 4 de marzo durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea de Madrid que el entonces vicepresidente regional Ignacio González dio órdenes para que se siguiera a la actual jefa del Ejecutivo madrileño, Cristina Cifuentes, y al ex alcalde Ruiz-Gallardón.

“Obran en la instrucción los partes de seguimiento, la localización o posicionamiento de vehículos y teléfonos en lugares y horas injustificadas, fehacientes informes policiales sobre la autoría de los partes y las declaraciones de los ahora acusados, en las que expresan recibir órdenes, cumplirlas y dar cuenta de su resultado en los términos descritos, que acreditan plenamente y de forma indiscutible el desvío del empleo legítimo de los medios facilitados por la Comunidad de Madrid para su trabajo, con el correspondiente perjuicio para la Administración regional”, añade.

La Comunidad de Madrid pide penas de multa de 46 meses y 34.450 euros a los seis encausados

De esta forma, la acusación popular pide para Sergio Gamón una pena de multa de 12 meses a razón de 50 euros por día (18.250 euros) y suspensión de empleo o cargo público por un plazo de tres años, tras aplicar la agravante prevista en el Código Penal por ser la persona que impartió las órdenes y el “artífice” de la disposición de los medios de la Administración regional para “desarrollar un trabajo administrativo que en verdad no respondió a la finalidad legítima para la que se facilitaron”.

Para el entonces subdirector, la Comunidad de Madrid reclama en calidad de cooperador necesario una pena de multa de 10 meses y 9.000 euros, mientras que para los cuatro encausados restantes pide multa de seis meses y 1.800 euros. En total, las penas económicas suman 34.450 euros.

Reacción de Esperanza Aguirre

Esta parte no se pronuncia sobre la responsabilidad civil derivada de los hechos presuntamente delictivos, al haberse restituido los efectos una vez concluida la actividad desarrollada.

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha declarado este lunes que “jamás” ordenó y “mucho menos” consintió que se produjera el espionaje a cargos públicos. “Me acabo de enterar y supongo que los servicios jurídicos de la Comunidad han encontrado nuevos datos y pruebas; me alegro de que cualquier ilegalidad se persiga, y soy la primera interesada”, ha añadido.