Nueva festividad del calendario nacional; nueva ocasión para provocar tensiones entre las administraciones catalanas y el Gobierno. La Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha empezado a presionar a sus socios para que abran sus puertas el próximo 6 de diciembre, fijado en el calendario laboral como festivo por la celebración de la aprobación de la Constitución Española. Visto el revuelo conseguido con el plante del Ayuntamiento de Badalona el 12 de Octubre, la AMI, coreada por la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium, quiere repetir la maniobra coincidiendo con el macro-puente de diciembre.

Y el principal objetivo, esta vez, será el Ayuntamiento de Barcelona. Después de participar ayer en la concentración independentista de Montjuïc, convocada en contra de la judicialización de la política, Gerardo Pisarello, número dos de Ada Colau en el Consistorio, ha asegurado hoy que el Día de la Constitución “hay poco que celebrar”. Pisarello ha echado balones fuera afirmando que el gobierno local sólo conoce la propuesta de una “apertura simbólica” de las puertas de oídas, pero no ha habido una propuesta formal de la AMI. Pero ha vuelto a mostrar que es el miembro de BComú más próximo al independentismo al afirmar que la Constitución es un texto agotado, lo que justificaría el boicot a la celebración.

Mucho más prudente se ha mostrado el líder de BComú en el Congreso, Xavier Domènech, quien en declaraciones a TV3 se ha preguntado por qué los partidos que se encuentran detrás de esta iniciativa, PDCat, ERC y la CUP, no la llevan al Parlament, donde tienen mayoría absoluta, en vez de trasladar la presión a los ayuntamientos.

Por su parte, la coordinadora general del PDCat, Marta Pascal, ha reclamado que este tipo de iniciativas se adopten desde el máximo consenso y ha pedido “no tensionar ni violentar” a los funcionarios con propuestas cuya responsabilidad debe recaer, ha insistido, sobre los cargos electos.

Cumbre independentista

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulalia Reguant, ha anunciado por su parte que barajan la fecha del 6 de diciembre para convocar la cumbre prevista entre partidos y entidades soberanistas para abordar los siguientes pasos hacia el referéndum. Esa convocatoria no violentaría el calendario laboral y aportaría a los convocantes el efecto propagandístico deseado. El problema aquí es que el Gobierno catalán no quiere convocar esa cumbre -reiteradamente exigida por los antisistema- hasta que no tenga garantizada la aprobación de sus cuentas, y en ese punto la unidad entre PDCat y ERC es absoluta.