El PSOE ha aceptado pagar 3.000 euros de fianza para ejercer la acción popular en el Tribunal Supremo en la causa que se tramita contra Rita Barberá, senadora del grupo mixto tras su baja en el PP, que este lunes declara ante el juez Cándido Conde-Pumpido por un blanqueo de capitales. Sin embargo, fuentes del entorno de la ex alcaldesa de Valencia han adelantado que Barberá no contestará a las preguntas de los socialistas.

El PSOE pidió personarse en esta causa que se abrió el pasado mes de septiembre, pero reclamó al juez que no le impusiera una fianza. Sin embargo, Conde-Pumpido estableció que para que este partido pudiera ejercer la acción popular debía depositar esta cantidad «porque no se pueden privilegiar este tipo de acciones».

En contra de la presencia de los partidos en los procesos

El magistrado se mostraba contrario a la presencia de los socialistas en esta causa porque «supone un riesgo de judicialización de la política». En su opinión, la personación del PSOE permite que un partido político «pueda ejercer la acción penal contra una persona relevante de un partido de signo contrario», una situación que no ocurre en los países de nuestro entorno y que dos reformas procesales, que se han quedado en el cajón, tenían previsto eliminar.

Fuentes del entorno de la senadora han explicado que se encuentra «expectante y afectada» por su comparecencia judicial. También han adelantado que durante su declaración intentará acreditar que no tiene nada que ver con la existencia de una supuesta caja b en el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia. Estas fuentes sostienen no se ha podido demostrar que se haya cometido un blanqueo de capitales porque se desconoce el origen del dinero y, por tanto, si procede de un delito.

Los hechos

El juez de Valencia que remitió la investigación al alto tribunal sostiene que Barberá fue una de las personas que ingresó 1.000 euros en una cuenta corriente para «ocultar el afloramiento de un dinero» que estaba en poder «de algún responsable o responsables del grupo municipal». Fuentes de su entorno niegan que este dinero pueda proceder del pago de una comisión por una adjudicación pública. Por ello, fuentes de la defensa de la ex alcaldesa sostienen que los indicios contra su cliente son «poco consistentes».

La declaración de Barberá se va a celebrar porque la senadora ha renunciado voluntariamente a esperar a que se pida el suplicatorio a la cámara alta para acudir a la citación judicial. Tras esta comparecencia se practicarán otras diligencias y después el magistrado decidirá si debe ser juzgada. En este caso, deberá pedir autorización al Senado para sentarla en el banquillo.

Su situación

El PP dio de baja a la ex alcaldesa de Valencia tras esta imputación por lo que la senadora pasó a engrosar los escaños del grupo mixto. Sin embargo, en la solemne apertura de la actual legislatura, celebrada el pasado jueves, se sentó junto a sus antiguos compañeros de partido como una más.