A pesar de la foto de la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la puerta del Tribunal Supremo a donde fue a declarar ayer, Génova ha decidido no expulsar a los nueve concejales valencianos imputados en el “Caso Taula” hasta que “haya auto de apertura de juicio oral”, explicaron fuentes de Génova a El Independiente, en una aplicación estricta de los estatutos. El expediente informativo que se les abrió en un ya lejano mes de abril duerme el sueño de los justos, aunque todos los afectados “pidieron voluntariamente la suspensión de militancia”, recuerdan.

Esta especie de limbo disciplinario no gusta al PP de Valencia, que cree que el caso debería pasar “a nuestra jurisdición una vez que Barberá está fuera del partido”, dicen desde la capital del Turia. Hasta ahora la justificación para que Génova retuviera la aplicación de medidas punitivas contra ellos se basaba en la pertenencia de la ex alcaldesa al comité ejecutivo nacional. Roto ese vínculo, los populares valencianos, con su líder a la cabeza, Isabel Bonig, han reclamado mano dura contra los ediles, a los que quieren fuera del partido y del grupo municipal popular, pero hasta que el Comité de Derechos y de Garantías de Génova no se pronuncie, está fuera del alcance de la dirección territorial.

El PP de la Comunidad valenciana defiende que la aplicación de medidas disciplinarias debería ser de su “jurisdiccion”

Bonig afirmó ayer respecto a su antigua compañera de filas que tenía “confianza total y absoluta en la justicia, en la actuación y en lo que cada persona utilice para defender su presunción de inocencia” y no quiso ir más allá. Los concejales imputados ya se negaron en su momento a entregar su acta a pesar de la petición explicita de la líder del PP valenciano que llegó a presentarles un ultimátum que expiró hace siete meses, sin resultado. Según Bonig, éstos acordaron dejar el consistorio si mantenían su condición de imputados tras levantarse el secreto del sumario.

Lo paradójico, es que siguen en el grupo popular del ayuntamiento como independientes, lo que dificulta en grado sumo el discurso de regeneración que enarbola Bonig colocándola en una posición incómoda. De ahí que la aplicación de medidas disciplinarias contra los concejales, aún a riesgo de quedarse sin grupo en el ayuntamiento, le permitiría el golpe de efecto del que está tan necesitados en Valencia para terminar de eliminar adherencias del pasado, no demasiado edificante.

A la espera de Pumpido

De hecho, con Barberá, Génova se saltó la aplicación estricta de los estatutos al pedirle su acta de senadora o su salida del PP y todo ello sin que hubiera apertura de juicio oral. La ex alcaldesa abandonó el que había sido su partido en los últimos cuarenta años, una auténtica pata negra, para pasar a ocupar los escaños del Grupo Mixto de la Cámara Alta, desde donde otea a sus antiguos compañeros de fatigas políticas. Ahora el magistrado que instruye su caso en el Tribunal Supremo, Cándido Conde Pumpido, decidirá si sigue adelante con la petición de suplicatorio -Barberá es aforada- después de que ésta declarara ayer voluntariamente.

La presidenta del PP valenciano es una de las ponentes del texto que sobre Política Social coordinará el vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, a debate en el XVIII congreso nacional del PP de los días 10, 11 y 12 de febrero próximo. Junto a Bonig, participan en la ponencia el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno; el de Extremadura, José Antonio Monago, y el presidente del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez.