El juzgado del caso ERE ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que investigue si el parlamentario autonómico del PSOE Carmelo Gómez cometió delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsificación en documento mercantil por su contratación simulada con una empresa de la trama. Gómez es también miembro de la comisión ejecutiva del PSOE-A, cuya secretaria general es Susana Díaz.

Accediendo a la petición que le reiteró la Fiscalía Anticorrupción el pasado 4 de octubre, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla se declara incompetente para seguir las actuaciones contra este aforado -al que sólo puede investigar y en su caso enjuiciar la Sala de lo Penal del TSJA al ocupar escaño en el Parlamento regional- en la causa en la que se investiga el delito societario en la empresa Mercasevilla, que se instruye desde 2009.

En la exposición razonada, la magistrada María Núñez Bolaños expone los indicios recabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta responsabilidad de Carmelo Gómez junto a otras seis personas a las que se llama al procedimiento en calidad de investigados, entre ellos el ex concejal socialista del Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García y la nuera del ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas (María del Carmen Rodríguez Borrero).

Otros investigados son un ex concejal del PSOE y la nuera de un ex alto cargo de la Junta de Andalucía

En el caso del parlamentario Carmelo Gómez, los investigadores policiales consideran que existen «indicios suficientes» para considerar que el ex director de Mercasevilla e imputado en el caso Fernando Mellet, «en connivencia» con el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, abonó 70.024 euros con cargo a los fondos del mercado central de abastos para pagar sueldos a tres personas, entre ellas el diputado andaluz. Previamente, empresas de Lanzas habría emitido supuestamente facturas por servicios no realizados.

Gómez estuvo contratado por la empresa Maginae Solutions SL -controlada en la sombra por Juan Lanzas a través de su cuñado Ismael Sierra, ambos investigados en el caso ERE– entre el 22 de marzo de 2007 y el 1 de agosto de 2007 (133 días). El importe total de las retribuciones percibidas por el hoy parlamentario del grupo que lidera Susana Díaz asendió a 8.390,55 euros, cantidad que «coincidiría prácticamente con el importe de los pagos en concepto de abono de nóminas detectados a favor de Carmelo Gómez Domínguez: 7.846,19 euros».

Díaz dijo que pediría el escaño a los diputados que sean imputados por el Supremo o el TSJA

Una antigua empleada de otra de las empresas de Lanzas-Sierra, Consulting Social Siemur SL, declaró a la Guardia Civil que fue ella quien elaboró los contratos de trabajo de Carmelo Gómez, José Antonio García y María del Carmen Rodríguez Borrero siguiendo las instrucciones de Ismael Sierra y que éste únicamente le dijo que uno de ellos -en alusión a García- y la mujer iban a realizar trabajo comercial en Sevilla. La testigo aseguró también que desconocía las funciones, que nunca los había visto y que la labor comercial nunca se vio reflejada en un aumento de facturación de la que ella tuviera conocimiento.

Si Susana Díaz mantiene su criterio y el TSJA imputa formalmente a Gómez, ella tendrá que pedir «personalmente» a este parlamentario su acta. El 6 de noviembre de 2014, después de que la juez Alaya hubiera señalado a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por su responsabilidad en el caso ERE, Díaz defendió esta postura: «La gente no está para palabras, la gente quiere hechos, las palabras no se las cree nadie. Cualquier persona que resulte imputada por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía va a tener que dejar el escaño. Se lo diré personalmente a ellos. Dejemos que sea la Justicia la que hable».

El nombre de Carmelo Gómez aparecía en un diagrama intervenido al ‘conseguidor’ de los ERE

Desde hace más de dos años, los investigadores de la UCO mantienen que Gómez estuvo a sueldo de una empresa pantalla de Lanzas de la que cobró sin prestar servicio alguno. En marzo de 2013, cuando se registró la casa que el conseguidor de los ERE tiene en Jaén, la Guardia Civil intervino varios organigramas y diagramas que describían la estructura societaria y las personas que contrató y en uno de esos croquis, bajo el título ‘Principal historia mercantil y laboral. Sociedades’, se detalla en una columna con el epígrafe ‘Laboral’ una serie de personas, entre ellas Carmelo Gómez. Éste es diputado y miembro de la comisión ejecutiva del PSOE, concretamente secretario de Formación y Nuevos Afiliados.

En dicho registro, los agentes de la UCO encontraron la anotación ‘Chica R.’ en uno de los esquemas incautados. Ese nombre en clave correspondería a María del Carmen Rodríguez Borrero, aludiendo supuestamente la ‘R’ al primera apellido de su suegro: Rivas, ex delegado provincial de Empleo en Sevilla.

«Hice los informes que me encargaron»

En marzo de 2014, a preguntas de El Mundo, Gómez negó la tesis de los investigadores de que trabajó sin cobrar: «Hice los informes que me encargaron», declaró. Carmelo Gómez eludió detallar qué tipo de trabajos realizó con el argumento de que ello forma parte de la privacidad entre él y la empresa. «Tengo mi conciencia absolutamente tranquila. Nadie me ha regalado nada. Estaba parado y me salió esa oportunidad laboral», añadió entonces.

La pieza que la juez ha elevado al TSJA afecta también a José Antonio García y a María del Carmen Rodríguez Borrero; al ex ex director de Mercasevilla Fernando Mellet; al conseguidor Juan Lanzas y a su cuñado Ismael Sierra y a José Rodríguez López, asesor fiscal de Lanzas que, «aprovechándose de su actividad profesional», habría elaborado facturas falsas a Mercasevilla para camuflar los pagos por servicios no realizados en realidad.

Núñez Bolaños considera que el TSJA debe asumir también la investigación contra las citadas seis personas que no gozan de aforamiento porque «no parece que sea posible tramitar separadamente la causa para la persona aforada con separación de los segundos por órganos distintos, imponiéndose por el principio de continencia de la causa la vis atractiva a favor de la competencia de esa Sala con el fin de evitar que pudieran dictarse resoluciones contradictorias».