El Gobierno evalúa en buena medida el éxito o el fracaso de la Conferencia de Presidentes de enero próximo en la asistencia del catalán Carles Puigdemont. Para ello ha puesto todo su empeño en que acuda hasta el punto de estar dispuestos a poner sobre la mesa de la Conferencia para su debate algunos de los 46 puntos del documento que Puigdemont hizo entrega a Mariano Rajoy el 20 de abril de este año. Fuentes gubernamentales destacan en este sentido que, “de las 46 peticiones, cuarenta podrían ser admitidas”, en un giro argumental por el que se ha pasado de ignorar este texto a convertirlo en la base de la negociación política con la Generalitat.

Vicepresidencia, secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales y Delegación del Gobierno en Cataluña están enviando señales al presidente del Ejecutivo catalán para que se sume a la cita como hoy lo va a hacer el  vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía, Oriol Junqueras, que acudirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que “copresidirá” Soraya Sáenz de Santamaría tal y como adelantó El Independiente. Sáenz de Santamaría ha tenido ocasión de hacer un par de apartes con Puigdemont. El último fue en la toma de posesión de Íñigo Urkullu como lendakari, el pasado sábado. Días antes, el 17, coincidieron en Barcelona en el acto de entrega de las medallas de Fomento del Trabajo, al que acudió el Rey Felipe VI.

Asuntos que interesan a Cataluña como la financiación o el Corredor Mediterráneo estarán en la agenda de la cita de enero

También el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, está haciendo una labor callada, pero constante, en un intento porque Puigdemont levante el veto a la cita de enero con la que Moncloa quiere arrancar el curso político. Por su parte, el delegado del Gobierno, Enric Millo, tendrá ocasión de trasladarle de viva voz la petición al presidente de la Generalitat, con el que se reúne este viernes. Los “ojos y oídos” de la vicepresidenta en Cataluña, tiene el encargo de dialogar con todos los sectores catalanes, especialmente con los independentistas, y transmitir el deseo del Gobierno central de que Puigdemont viaje a Madrid.

En este sentido, fuentes gubernamentales destacan que la ausencia del catalán “no significa, ni mucho menos, que no se susciten asuntos que no sean de interés para Cataluña, como la misma financiación autonómica o el Corredor Mediterráneo, capital para muchas Comunidades”, e, incluso, algunas de las reivindicaciones contenidas en el documento que Puigdemont entregó al presidente del Gobierno en su último encuentro, el pasado 20 de abril, con Rajoy aún en funciones.

No a la consulta

Dicho texto “contiene muchos aspectos que se podrían asumir”, prosiguen los mismos medios consultados, que casi evalúan esta parte asumible “en 40 de los 46 puntos que contiene y que se podrían debatir en la Conferencia de Presidentes”. El escrito de Puigdemont es una prolongación del que Artur Mas llevó a su cita con Rajoy en un lejano 30 de julio de 2014.

Evidentemente, no hay nada que hacer respecto a la exigencia de una consulta por la independencia, contenida en su primer apartado bajo el siguiente enunciado: “Una mayoría en el Parlament de Catalunya es favorable a la creación de un nuevo Estado para Catalunya. Es obligación, por lo tanto, de los demócratas de buscar las vías de negociación y diálogo que posibiliten dar salida a las aspiraciones democráticas de la mayoría, que puede incluir, como mínimo, la celebración de un referéndum vinculante.” Tampoco parece que Moncloa vaya aceptar la “acción exterior catalana” con Raúl Romeva de “ministro de Exteriores”; la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, que necesita de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o ceda en sus competencias sobre el sector eléctrico.

Puede haber acercamiento a la hora de abordar el déficit sanitario, la enseñanza en castellano o el comercio minorista

En cambio, mucho más fácil de negociar es el bloque de políticas sociales, financiación e infraestructuras. El Gobierno va a abrir el diálogo en torno a un nuevo modelo de financiación autonómica, que reconozca, por ejemplo, el déficit estructural del Servicio Nacional de Salud catalán o de la Ley de Dependencia. Otros temas susceptibles de acercamiento entre el Gobierno central y la Generalitat son el antes citado Corredor Mediterráneo amén del llamado Cuarto Cinturón; la regulación del comercio minorista que contiene la Ley de Garantía de Unidad del Mercado (Lgum); la disposición adicional de la Lomce sobre la financiación del coste de la escolarización en castellano; los recortes en los programas de desarrollo rural y la reducción de la litigiosidad para evitar la conflictividad institucional.

Precisamente, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró el pasado martes en el Senado muy cauto a la hora de adelantar la respuesta del Ejecutivo a los 6 millones de euros que la Generalitat ha presupuestado para “procesos participativos”. Catalá dijo que habrá que esperar a que la Ley de Presupuestos esté aprobada, pero que, incluso si hubiera discrepancias, se puede encontrar una solución “antes de la impugnación” al tiempo que abogó por abrir espacios “para el diálogo”. En este sentido, cabe recordar que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, remitió al Pacto Educativo para revisar el modelo de financiación de la enseñanza en castellano en Cataluña.