Las carpetas son rojas. A menudo grapadas. En su interior ocultan el misterio que todos quieren conocer pero que se guarda con celo desde hace años, en ocasiones décadas. Sus documentos acumulan polvo y se amarillean con el paso del tiempo mientras algunas preguntas siguen esperando respuesta. Desde hace casi medio siglo, abrirlas sin autorización supone cometer un delito. Dan acceso a informes clasificados de la Policía, a material sensible empleado en procesos judiciales, a actas de operativos de los servicios de inteligencia, a archivos incautados a ETA o a documentación relativa a seguimientos a etarras o a información sobre sus finanzas.

Los expertos no dudan: «Aún resta mucho por conocer»

Desde 2011 ETA ha desaparecido, ya sólo resta apagar su sombra y escribir su historia, el relato de lo sucedido. Para ello es imprescindible acceder a la información, a toda. Por el momento, no es posible. Su larga trayectoria de crímenes, extorsiones y convulsión social tiene demasiadas piezas por ensamblar para reconstruir con detalles y rigor medio siglo de violencia terrorista. ¿Quién cometió los 300 asesinatos sin resolver?, ¿cómo se financió ETA?, ¿qué conexiones internacionales le respaldaron?, ¿realmente conocemos todo de la guerra sucia durante la Transición?, ¿quién ordenó matar al ideólogo de ETA Pertur o a la disidente Yoyes?, ¿nos han contado la letra pequeña de las negociaciones de los Gobiernos con la banda?, ¿controlaban realmente los servicios secretos a ETA?

Los expertos no dudan, “aún resta mucho por conocer”, dicen. El problema es que gran parte de la información en manos de la Administración del Estado es materia clasificada, protegida, oculta a los ojos de investigadores y expertos y del conjunto de la sociedad. El pasado miércoles algo comenzó a moverse. Por ahora sólo es una expectativa por confirmar pero que ha iniciado su tramitación. El PNV impulsó una iniciativa parlamentaria para reformar la Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, en pleno franquismo. Una norma que deja en manos del Gobierno la potestad de desclasificar documentos, pero sin obligación alguna a hacerlo en un periodo definido.

En su propuesta, la formación nacionalista plantea que los documentos de materias clasificadas deban desclasificarse de modo automático -salvo prórrogas justificadas- pasados 25 años, en el caso de material sensible, y 10 años en el caso de documentos reservados. La iniciativa contó con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos, PDECat, ERC y Compromís, pero con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos y Foro Asturias.

Documentos para esclarecer 300 asesinatos

La Ley de Secretos Oficiales se aprobó el 6 de abril de 1968. Sólo dos meses después, el 7 junio, ETA cometía el que durante muchos años se consideró el primer asesinato de la banda. Ocurrió en Villabona (Guipúzcoa), cuando el agente de la Guardia Civil José Ángel Pardines dio el alto al vehículo en el que viajaba el etarra Javier Etxebarrieta, alias Txabi, junto a Iñaki Sarasketa.

El agente murió de cuatro balazos y se convirtió en el primer asesinado de la banda -años atrás, el 28 de junio de 1960, una niña, Beatriz Urroz, moría a causa de una bomba colocada en las vías férreas de San Sebastián-. Comenzó ahí una historia de asesinatos y extorsiones que no ha cesado hasta hace apenas cinco años y sobre los que aún quedan muchos claroscuros. “De la historia de ETA aún nos queda mucho por conocer”, asegura José Antonio Pérez, coordinador del proyecto Historia y memoria del terrorismo que impulsa el Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo que respalda el Ministerio del Interior en Vitoria.

En su opinión, si prospera la iniciativa para reformar la Ley de Secretos Oficiales, se dará un paso importante en el acceso a información relevante de lo que han sido los más de 50 años de vida de ETA. “Sin duda, los más importante es que podría contribuir a resolver algunos de los más de 300 asesinatos sin resolver. Muchos documentos quizá podrían arrojar luz sobre cómo se cometieron y quién los decidió. Puede haber hilos argumentales o material en esos documentos que podrían llevarnos hasta causas pendientes o procesos que no han podido ser cerrados”.

No desclasificar la información dificulta la labor de historiadores, investigadores y periodistas

La resistencia a desclasificar este tipo de información dificulta la labor de historiadores, investigadores y periodistas especializados. Desclasificar automáticamente a los 25 años supondría, en el caso de ETA, poder acceder a una parte esencial de su historia. Levantar el velo en esas condiciones temporales abarcaría desde su fundación, el 31 de julio de 1959, hasta al menos 1991, el periodo más sanguinario de la banda y, por ejemplo, las primeras conversaciones del Gobierno con los etarras.

Aún quedarían fuera otros episodios clave de su pasado, como el giro de su estrategia de «socializar el sufrimiento», la extensión de los atentados a la clase política y otros sectores, los golpes policiales de Bidart y Sokoa, el final del santuario francés, las detenciones sucesivas de sus cúpulas o la ilegalización de la izquierda abertzale.

José Antonio Pérez señala que las resistencias a desclasificar en todo lo relacionado con ETA podría venir fundamentalmente por la información relativa a las tramas y hechos vinculados a grupos de extrema derecha o que mantenían contactos con las estructuras del Estado durante el final del franquismo y la Transición. “Creo que es la parte más delicada, pero como historiadores y como ciudadanos debemos exigirlo. Tenemos derecho a acceder a esa documentación importante”.

La letra pequeña de las negociaciones Gobierno-ETA

A lo largo de su historia, ETA ha decretado una docena de treguas, algunas de hasta varios meses, otras limitadas sólo a cargos políticos, a determinados territorios (Cataluña) o incluso treguas decretadas mientras mantenía a un funcionario de prisiones secuestrado, como la que declaró en 1996 con José Antonio Ortega Lara oculto en un zulo en Mondragón, donde permaneció 532 días. En varias de ellas, los Gobiernos negociaron en secreto con la banda terrorista. Lo hizo Felipe González en 1989 en Argel, José María Aznar en mayo de 1999 en Zúrich (Suiza) y José Luis Rodríguez Zapatero en Ginebra (Suiza) y en Oslo (Noruega), en 2005 y 2006. “Sobre todos estos encuentros puede haber documentos muy interesantes. Para una sociedad es muy importante conocer qué ocurrió en ellos”, señala José Antonio Pérez.

El problema en ocasiones radica en que la catalogación de la documentación de aquellos encuentros no es adecuada y se desconoce realmente qué documentos existen. Si se llegó a levantar acta de este tipo de citas, si algunas se pudieron destruir o si existe algún otro tipo de material que las detalle. “No sabemos qué podemos encontrarnos, lo que sabemos en gran medida es porque la propia ETA lo contó y lo ha publicado”.

Las extorsiones, el impuesto revolucionario o los rescates en secuestros han sido fuentes de financiación de ETA

Los expertos recuerdan que la financiación de la organización terrorista ha sido otra de las cuestiones sobre las que durante muchos años ha prevalecido la oscuridad. Los métodos de extorsión, el cobro del impuesto revolucionario o el pago de rescates en secuestros han sido fuentes de financiación de ETA. Alertan sin embargo del riesgo que también podría suponer una desclasificación de documentos sin el necesario control.

“Sabemos que hubo rescates que se frustraron por la acción policial o seguimientos a empresarios que se disponían a pagar el mal llamado impuesto revolucionario. Pero, conocer esa información, ¿en qué contribuiría en tener una sociedad más democrática e informada?”, advierte el coordinador del proyecto. Desvelar información en este ámbito podría llegar a tener “consecuencias penales para una familia que trató de salvar la vida a un ser querido con el pago de un rescate”. Por ello, insta a preservar la intimidad en este tipo de casos: “Hay límites a la libertad de expresión”.

‘Txoriak’, el archivo que catalogó ETA

Los archivos del estado ocultan miles de documentos y toneladas de información sobre los 57 años de historia que acumula ETA. Pero, sin duda, la base documental más valiosa es la que en cuestión de meses entregará Francia a España. Se trata del archivo incautado a la propia banda terrorista en una operación llevada a cabo en 2004 en Saint Pierre d’Irube. Está compuesto por multitud de documentos, cintas de casete con interrogatorios a secuestrados, con vídeos de las asambleas de la banda o con cursos de adiestramiento para sus militantes, además de un amplísimo arsenal de armas.

Fue hallado en el zulo txoriak (pájaros) en los bajos de una vivienda. Es un archivo elaborado por la propia ETA que se encontraba clasificado en carpetas, con información desde su fundación hasta 2004. El material, junto a otros documentos incautados por Francia, será entregado a España y depositado en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

Las carpetas donde se ocultan los documentos clasificados son la barrera que a cualquier estudioso le gustaría rebasar

“Es una documentación inédita que aún no se ha utilizado”, asegura Gaizka Fernández, historiador especialista en ETA de la Universidad del País Vasco. “Yo diría que el verdadero desarme de ETA está en ese material incautado que incluye cientos, quizá miles de armas de ETA, además del material inédito”. Confía en que la reforma de la Ley de Secretos Oficiales pueda facilitar el acceso a documentación, “aunque no siempre un cambio de la ley conlleva un mayor acceso”. “La clave en muchos casos está en los archiveros, en cómo interpretan la ley, algunos son más flexibles y otros más recelosos”, matiza.

Gaizka Fernández reconoce que las carpetas rojas grapadas, donde se ocultan los documentos clasificados, son la barrera que a cualquier estudioso del tema la gustaría rebasar. “Cuando te entregan un dossier y te encuentras una carpeta siempre piensas, ¡qué demonios contendrá eso, qué esconderá”, dice. Expectativa que no siempre es satisfecha porque su carácter reservado puede responder únicamente a que contiene datos personales o información “que fue relevante en su momento pero que ahora no lo sea”.

1977-1981, la etapa más sanguinaria y oscura

Este joven historiador asegura que, en la lista de preferencias de documentos sensibles, considera preeminentes los documentos policiales que permitieron descabezar a ETA en las operaciones de Sokoa (1968) o Bidart (1992), “es documentación por la que daría un brazo”. “También creo que pueden aportar mucha información los informes judiciales o policiales del periodo que va de 1977 a 1981, el periodo en el que ETA comete más atentados”, remarca.

La lista de deseos desclasificados incorpora, además, poder acceder a información relativa a los servicios secretos en su lucha contra ETA, la guerra sucia y otro tipo de operaciones contra la banda que permitan avanzar en la resolución de los cientos de asesinatos sin culpables conocidos. “Creo que revisando toda esa información se podrán encontrar datos que se pudieron pasar por alto y que, combinado con la información que tenemos del archivo de ETA, quizá ayuden a esclarecer esos asesinatos. Eso es muy importante”.

Gaizka Fernández lamenta que, en muchos casos, el problema para acceder a este tipo de información no es sólo legal. Señala que existe una carencia de recursos financieros y materiales en los archivos que complica su catalogación y acceso: “Estaría bien que además de liberalizar documentos se invirtiera algo más. No me vale que liberen contenido si no sé qué hay dentro de los archivos, si no se conoce con detalle el material que tendrías disponible”.

Un ‘ejército’ de delatores

Su compañero en las tareas de documentación subraya, sin embargo, que habrá un aspecto sobre el que en ningún caso una desclasificación de documentos aportará información: “Sobre quiénes y cómo se creó el ejército de delatores de ETA. Sería muy importante conocer cómo funcionaron los mecanismos de extensión del terror en el País Vasco, y eso no lo sabremos por esta vía. Hemos vivido rodeados de un verdadero ejército de delatores que facilitó información al mundo de ETA para que cometiera sus atentados. Para que existiera la violencia tuvo que existir una trama civil que la sustentara”, lamenta José Antonio Pérez.

En muchos casos, el acceso a información de ETA o de otras materias ha procedido de otros países

En muchos casos, el acceso a información de ETA o de otras materias ha procedido de otros países, donde la desclasificación de documentos sí está tasada temporalmente. En Alemania, transcurridos 30 años, el acceso a material de este tipo es abierto, al igual que en Reino Unido. En Estados Unidos, el margen temporal oscila entre los 25 y los 50 años, al igual que en Francia, donde un documento puede permanecer clasificado un máximo de medio siglo.

La tramitación de la reforma de la Ley ya está en marcha, pero requerirá no sólo consensos, sino tiempo. Desde el PNV recuerdan que ha habido dos intentos anteriores para modificarla, aunque no prosperaran; el primero, del Gobierno de José María Aznar, para hacerla aún más restrictiva; y, el segundo, del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para desclasificar 10.000 documentos del Ministerio de Defensa del periodo 1938-68. El planteamiento del PNV aboga por limitar el Consejo de Ministros -eliminando esta opción al ámbito militar- la potestad de declarar clasificada una materia pero hacerlo limitándolo en el tiempo.