Jordi Sánchez (Barcelona, 1964) preside la Asamblea Nacional Catalana (ANC) desde que Carme Forcadell dejó el cargo en 2015 para integrarse en la candidatura de Junts pel Si (JxS) y aunque no comparte la popularidad de la actual presidenta del Parlament, sí coincide con ella en la convicción de que la ANC debe seguir llevando en volandas a las instituciones catalanas hasta las puertas de la independencia. En ese empeño se muestra convencido de que el calendario marcado por Carles Puigdemont podría incluso acelerarse por la presión judicial ordenada en su opinión por el Gobierno. Esto es, que el referéndum anunciado para septiembre se podría avanzar si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) inhabilita a Forcadell como presidenta del Parlament. De momento, amenaza con una manifestación a las puertas del alto tribunal en apoyo de la presidenta el próximo día 16 de diciembre.

Pregunta.- El ex presidente Mas pide una movilización constante de las entidades independentistas. ¿Podrán aguantar esa tensión?

Respuesta.- Este es un proceso que nació de la voluntad de la gente y de las movilizaciones de la calle, que a la clase política le cogió por sorpresa. Desde finales de 2011 ha sido la movilización ciudadana la que ha ido determinando la agenda y condicionado las decisiones de los actores políticos e institucionales. Por lo tanto, es coherente que cuando estamos llegando a los momentos determinantes del proceso esta movilización continúe. Los próximos doce meses serán muy determinantes y es indiscutible que la movilización ciudadana debe tener un gran protagonismo. Sin las instituciones no se puede hacer este camino, pero sólo con ellas tampoco.

P.- La ANC no ha sido especialmente activa en las protestas por la Constitución, ¿cuales son los próximos objetivos?

R.- Honestamente nuestro objetivo en estos momentos ya no está en estos elementos resistencialistas, sino en imaginar en grande los próximos meses. Por ejemplo, nos interesa mucho más saber qué respuesta daremos a la citación de la presidenta del Parlament.

P.- ¿Qué hará la ANC ante esta citación?

R.- Entendemos que es un salto cualitativo muy grave que a instancias de la Fiscalía el TSJC haya abierto una causa contra la presidenta del Parlament por permitir un debate. Seremos más intensos el 16 diciembre.

P.- ¿Cómo se traducirá esa intensidad?

R.- Haremos una convocatoria para acompañar a la presidenta ante el TSJC y esperamos contar con representantes institucionales y sociales, porque lo que está en juego es básicamente el derecho a la libertad de expresión. Es enormemente sintomático que la segunda autoridad del país sea llamada a declarar por haber permitido un debate. Eso es más propio de parlamentos del s. XIX que de democracias consolidadas.

P.- ¿Promover una manifestación a las puertas de un juzgado no es ir a coaccionar la Justicia?

R.- No, nosotros creemos que tenemos derecho a acompañar y dar apoyo a la presidenta del Parlament. De hecho, creo que es una obligación, pero que nadie interprete que el apoyo a la presidenta es un elemento de coacción contra el tribunal. Lo que sí denunciamos es el papel de la Fiscalía, que es la que ha actuado y entendemos que está absolutamente dirigida por una decisión política que tiene su origen en el Gobierno.

P.- Usted habla de que se limita el derecho de expresión de Forcadell con este juicio, pero el juez instructor ya ha rechazado ese argumento, presentado por la propia presidenta, y dejó claro que la causa se abre por desobedecer un mandato directo del Tribunal Constitucional (TC).

R.- Es el TC quien se ha excedido con la limitación de lo que se puede o no se puede hablar en un Parlamento. Es discutible que el Constitucional esté permanentemente anulando o aceptando los requerimientos del Estado para anular leyes que aprueba el Parlament, pero lo que es un salto cualitativo es que prohíba un debate en una cámara de representación.

P.- Lo que se está penando no es el debate que se produjo durante meses en comisión sino la votación de unas conclusiones que derivan de una resolución anulada por el TC.

R.- Pero son unas conclusiones que no tienen consecuencias legislativas. Las conclusiones de las comisiones de estudio siempre acaban en el pleno. Las votaciones de textos que no son normativos creo que se pueden incluir en este concepto de debate político.

P.- ¿Ese carácter resistencialista del que hablaba antes, el hecho de cuestionar constantemente fiestas y símbolos españoles, se contradice con el carácter festivo que ustedes querían darle al proceso?

R.- Lo que ha caracterizado este movimiento ha sido estos elementos de construcción en positivo y esto continua, pero siempre han existido estas acciones protesta. La diferencia este año ha sido que el Grupo del PP en Badalona intenta romper un acuerdo entre el Ayuntamiento y los sindicatos para cambiar una fecha del puente de octubre por el de diciembre. Esto ha abierto las puertas a sobredimensionar mediáticamente un hecho que era normal, tanto es así que el 12-O abrieron una cuarentena de ayuntamientos.

P.- ¿Eso sería normal si se hiciera con la Diada?

R.- En un mundo en el que tienes internet 24 horas pretender mantener esta mentalidad es no entender por dónde va el mundo y ganas de buscar conflictos. Cuando una fiesta se tiene que imponer probablemente algo está fallando. Si alguien quiere trabajar por la Diada allá él, yo tengo muy claro que es mi Diada.

P.- ¿Comparte la inquietud por el cumplimiento del calendario independentista que ha expresado la CUP, que reclama la creación del consejo de seguimiento del proceso?

R.- Al contrario, tengo la convicción, viendo la rapidez con la que actúa el Constitucional, con la que han citado a declarar a Forcadell, los juicios de Mas, Ortega y Rigau o el procesamiento en el Tribunal Supremo de Francsc Homs, de que esa presión empuja el calendario. El compromiso del Govern de que habrá un referéndum la segunda quincena de septiembre se mantendrá, el único cambio que puedo imaginar es que el calendario se precipite por la presión del Estado español.

P.- ¿No confía en que el cambio de Delegado y la oferta de diálogo del Gobierno tengan consecuencias?

R.- El Gobierno ha hecho un giro de apariencias. Era muy consciente de que estaba perdiendo la batalla comunicativa en el caso de Cataluña y ha decidido apostar por la imagen del diálogo. Pero las palabras no acompañan a los hechos. Es un diálogo muy singular cuando va acompañado, la misma semana, de la aprobación del suplicatorio para juzgar a Francesc Homs, de la citación de Forcadell… La base del diálogo es aceptar la demanda de que la ciudadanía exprese en las urnas el futuro político de Cataluña. Cualquier otro diálogo es falso, no responde a las bases necesarias para encontrar una solución al conflicto que nos ocupa.

P.- ¿Ni siquiera sería suficiente una negociación política, debatiendo términos como el de ‘nación’?

R.- Hace muchos años que esta propuesta recurrente se menciona, pero nunca llega. También se habla de las grandes intervenciones del jefe del Estado que estaría intentando impulsar espacios de diálogo en este sentido: concreción material de las competencias y los recursos y el reconocimiento inmaterial de los elementos simbólicos. Pero son palabras que no se concretan. El debate ahora no es cómo mejoramos la financiación o cómo reconocemos la nación dentro de este ordenamiento constitucional. Este era el debate en 2010, pero que nadie crea que los siete años que han pasado desde la sentencia del Constitucional se cierran volviendo a ese punto. Es imposible una vía de diálogo que no aborde el referéndum.

P.- ¿Cómo se imagina ese referéndum unilateral si usted mismo prevé que las leyes previas se anularán?

R.- La voluntad es que sea pactado. Si no es posible el referéndum acordado, lo que habrá será una legalidad aprobada por el Parlament, con toda la legitimidad que hay para la ruptura de la legalidad y la organización del referéndum con una nueva legalidad. Es decir, efectivamente con una colisión institucional clara.

P.- ¿No es muy optimista hablar de legitimidad suficiente para romper la estructura legal cuando los partidos de la mayoría no llegan al 50% de los votos?

R.- Este margen no se usa para proclamar la independencia sino para dar la voz a la ciudadanía. La legitimidad en este sentido existe y es un margen suficiente. El Gobierno español tiene un margen menor, por qué un margen para negar que la ciudadanía sea consultada tiene más legitimidad. Estamos ante un conflicto político en el que llevamos años apelando al diálogo y nadie se ha sentado hasta ahora al otro lado de la mesa. Cuando desde la preeminencia institucional y jerárquica se usa esta situación para negar el diálogo y las salidas acordadas, no hay autoridad moral para decir que no podemos convocar el referéndum.