Fue el escándalo que marcó la legislatura de Patxi López al frente del Gobierno vasco y que provocó las mayores fisuras en la relación entre socialistas y nacionalistas en Euskadi. Saltó pocos días después de acceder el PSE a Ajuria Enea. El llamado ‘Caso Margüello’, en el que se vieron implicados altos cargos del departamento de Sanidad en tiempos de Juan José Ibarretxe, acumula desde entonces un largo y dilatado proceso de instrucción, más de cinco años, que culminó ayer con la presentación por parte de la Fiscalía Provincial de Bizkaia del escrito de acusación en el que solicita penas de hasta once años de prisión para dos ex altos cargos del Ejecutivo vasco, un facultativo de la Sanidad Pública y amigo personal del anterior consejero de Sanidad y una de sus socias. A uno de los altos cargos se le acusa de dos delitos de prevaricación y uno de fraude, por lo que se enfrenta a una petición máxima de once años de prisión. Al otro cargo que designó el PNV la petición se rebaja a ocho años al acusarle únicamente de un delito de prevaricación y otro de fraude. Para los otros dos acusados, un facultativo y su socia la Fiscalía solicita penas de once y diez años de cárcel por fraude, prevaricación, y negociaciones prohibidas para funcionarios. Además pide condenar a todos ellos con una indemnización de 6,8 millones de euros al Gobierno vasco.

El negocio que detalla la fiscalía era sencillo. La necesidad de la Consejería de Sanidad de rebajar las abultadas listas de espera de Osakidetza en 2006 se tradujo en un plan para reforzar la derivación de pacientes a la red privada. Aprovechando esta circunstancia, señala el escrito de acusación, los acusados habrían intervenido para la constitución de una sociedad intermediaria entre la red pública y los centros privados, y que pese a no cumplir los requisitos necesarios ni contar con las instalaciones adecuadas para realizar una actividad sanitaria, fue autorizada irregularmente. La citada sociedad, Gestión de Servicios Sanitarios XXI fue adjudicataria, presuntamente con la connivencia de varios de los acusados, de contratos por valor de más de 6 millones de euros entre 2006 y 2009 para la gestión de las listas de espera.

La Fiscalía pide a los cuatro imputados indemnizar al Gobierno vasco por valor de 6,8 millones de euros

En su escrito la Fiscalía da por acreditado que existió una trama orquestada entre los cuatro acusados –un viceconsejero de la consejería de Sanidad, un director territorial de sanidad en Vizcaya, un facultativo y empresario y su socia- para beneficiarse de la adjudicación de cuantiosos contratos. Para ello habrían constituido ‘ad hoc’ esta sociedad, autorizada en contra del criterio de los técnicos y sin que reunieran los requisitos exigidos por la ley. Sin esta autorización no podrían haber optado a los contratos.

Además, según la Fiscalía para poder ser beneficiadas con adjudicaciones se saltaron los exigidos procesos de publicidad y concurrencia, además de beneficiarse de prorrogas e incrementos de tarifas sucesivos. En total, señala el escrito, habrían obtenido contratos públicos de manera irregular por valor de 6 millones de euros. Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita condenar a los acusados como responsables civiles del daño causado a la Administración vasca por un importe total de 6,81 millones de euros.

Negocio con las listas de espera

Las sospechas salieron a la luz en 2009, cuando pocos días después de que el Gobierno del PSE accediera al Gobierno se hiciera público este caso que implicaba a la consejería de Sanidad en el último Gobierno de Ibarretxe. El caso provocó la constitución de una comisión de investigación parlamentaria y su posterior derivación a la Justicia. La Fiscalía acusa a un viceconsejero de Sanidad, Rafael Cerdán, un director de Sanidad, José Ramón Elorriaga, un facultativo y empresario sanitario, José Carlos Margüello, y una de sus socias, María Nieves Fernández, de haber actuado “de común acuerdo con el fin de beneficiar económicamente a las empresas” de Margüello, ex jefe de la sección de Calidad del Hospital de Cruces y amigo personal del consejero de Sanidad entre 1999 a 2009, Gabriel Inclán. Apunta que lo hicieron “eludiendo los principios de legalidad, objetividad y publicidad”.

Considera que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación, malversación, delito de fraude ilegal contra la Administración pública y un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

La instrucción del caso, que saltó a la luz pública en 2009, se ha prolongado más de cinco años.

En su relato señala que José Carlos Margüello y su socia, María Nieves Fernández, habrían actuado de manera coordinada, ya que el primero, al ser facultativo de la sanidad pública habría incurrido en incompatibilidad si optará a contratos públicos para sus empresas. Por ello, acusa a Fernández de haber suscrito 500 de las 501 acciones de la sociedad Gestión de Servicios Sanitarios XXI para sortear esa incompatibilidad. Se apunta a que pese a figurar como administradora única de la sociedad en realidad era el doctor Margüello quien “gestionaba de manera efectiva la sociedad”. Señala que Fernández “se prestó” a aparecer “frente a la Administración como la titular y gestora” de esta y otra sociedad para poder acceder a los contratos “a sabiendas que ello era necesario para conseguir la adjudicación de los referidos contratos”.

Prevaricación, malversación, fraude y negociaciones prohibidas

Para este fin requirieron, continúa la Fiscalía, del apoyo de la dirección de Sanidad de Bizkaia, al frente de la cual se encontraba otro de los acusados, José Ramón Elorriaga, a quien acusa de haber autorizado de manera irregular la actividad de Gestión de Servicios Sanitarios XXI para realizar una actividad de “asesoría, consultoría y prestación de servicios sanitarios” pese a no reunir los requisitos para ello. Añade incluso que los técnicos le habían comunicado con antelación que no se podía autorizar.

En una primera instancia no lo hizo pero posteriormente y “obviando todos los informes técnicos y todo el procedimiento y controles legales”, detalla la Fiscalía, terminó por autorizar a la sociedad mercantil. Lo hizo el 9 de junio de 2009, el mismo día en el que se volvió a solicitar la autorización “a sabiendas de que ello no era posible y que se incumplían todos los requisitos”. De este modo la sociedad podía ya acceder a los contratos sanitarios. La resolución de hecho no fue incluida ni registrada en el sistema informático de Sanidad ni en el registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Por este proceder una causa previa contra Elorriaga por un presunto delito de prevaricación fue archivada. Ahora la fiscalía ve nuevos indicios para volver a acusarle de tomar la decisión de autorizar a Gestión Servicios Sanitarios XXI a sabiendas de que era ilegal.

Tan sólo una semana después de notificarles al doctor Margüello y a su socia que la sociedad había sido autorizada, el 26 de junio el viceconsejero del Gobierno vasco, Rafael Cerdán, siempre según la Fiscalía dictó una resolución en la que se les adjudicaba el primer contrato de “consultas, procesos quirúrgicos y pruebas complementarias necesarias a pacientes en listas de espera”. La primera adjudicación abarcó el periodo de julio de ese año y hasta noviembre de 2007, luego prorrogado a 2008. En total la sociedad mercantil de Margüello recibió contratos por un valor de 1,98 millones. Sólo por los meses que restaban de 2006 la sociedad recibió 822.231 euros y para el periodo de 2007 otros 1,16 millones de euros, a los que se sumó después la prórroga para 2008 por un montante de 3,99 millones.

Para evitar la concurrencia de otras empresas se recurrió al procedimiento de emergencia, reservado para situaciones de extrema necesidad como las catástrofes. De este modo se evitó que se pudieran presentar más empresas para optar al citado contrato. La Fiscalía asegura que los responsables de la adjudicación eran conscientes de que se adjudicaba “a una empresa en la que no concurrían los requisitos legales para ello”.

Los acusados tenían «un propósito común»

Apunta que este tipo de actuaciones se llevaron a cabo por parte de todos los acusados con el fin de lograr un “propósito común” y conscientes de que se incumplían “los principios de concurrencia y publicidad”.

También detalla cómo Elorriaga, en su condición de director territorial de Bizkaia, adjudicó otro contrato de servicios sanitarios de cirugía y rehabilitación (consultas y tratamientos) para pacientes de Vizcaya, evitando, también aquí, la concurrencia de empresas sanitarias. Para ello acordó dar por terminado un concurso que estaba ya convocado y publicado en el Boletín Oficial del País vasco, en junio de 2007, para la prestación de servicios sanitarios “de consultas de especialidades, pruebas diagnósticas, rehabilitación y cirugía”.

La fiscalía considera que lo hizo sin causa justificada ya que posteriormente incoó un procedimiento negociado sin publicidad, cuyo único licitador fue la UTE de la que formaba parte Gestión XXI, junto a la Clínica Indautxu de Bilbao y otra empresa vinculada a Margüello, Rehabilidom. En noviembre de ese año adjudicó a la UTE los servicios de cirugía y rehabilitación por un importe de 212.800 euros, para prorrogarlos días después y modificar el concierto para extenderlo a todo 2008 por 750.000 euros. En junio de 2008 se volvió a modificar y ampliar el contrato, en esta ocasión, hasta los 3,82 millones de euros. Finalmente, en 2009 se incorporaron nuevos servicios y se amplió levemente. En total, por este contrato y las sucesivas modificaciones y prórrogas la Fiscalía concluye que tuvieron un valor de 4,8 millones.

Un proceder en el que observa posibles delitos de prevaricación, malversación, fraude ilegal contra la Administración pública y un delito de negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. A varios de los acusados los incumpla en calidad de autores y otros de cooperadores necesarios. Para todos ellos pide penas que suman que oscilan entre los 6 y 11 años de prisión.