Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás y procesado por la farsa del viaje a Ribadeo (Lugo), no ha prestado la fianza civil exigida de 81.000 euros y el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid tendrá ahora que identificar los bienes que tenga a su nombre para embargarle por dicha cantidad, en un intento de asegurar su responsabilidad pecuniaria en caso de que sea condenado en el futuro.

El pasado 30 de noviembre, el juez Arturo Zamarriego concedió a Gómez Iglesias un plazo de un día para depositar fianza de responsabilidad civil por 81.000 euros. Fue en el auto por el que lo mandó al banquillo de los acusados, días después de que el fiscal presentara su escrito de conclusiones provisionales y hubiera pedido para el joven una pena de siete años por usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo por hacerse pasar como emisario de la Casa del Rey y de la Vicepresidencia del Gobierno.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 589, establece que, “cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará por el juez que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes”, so pena de sufrir un embargo de bienes suficientes para cubrir la cantidad señalada.

El juez le dio un día para prestar 81.000 euros de fianza cuando dictó auto de apertura de juicio oral

Los hechos por los que el pequeño Nicolás se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados tienen que ver con el viaje que organizó en agosto de 2014 a la localidad lucense de Ribadeo para reunirse con el empresario Jorge Cosmen, quien accedió a entrevistarse con él de manera reservada en el restaurante San Miguel el día 13. En el auto de apertura de juicio oral, el instructor expone que el joven realizó “varias llamadas” al Ayuntamiento y a la Policía Local de Ribadeo, en las que se identificó como “representante de la Casa Real y la Vicepresidencia del Gobierno”.

Fuentes del caso han informado a este diario de que Francisco Nicolás Gómez Iglesias no ha prestado garantía, por lo que el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid recurrirá previsiblemente ahora al Punto Neutro Judicial para tratar de averiguar qué propiedades figuran a nombre del procesado para proceder a su embargo. El Punto Neutro Judicial es una red de servicios mediante la que los órganos judiciales pueden consultar las bases de datos de organismos de la Administración General del Estado y de otras instituciones -como la Agencia Tributaria, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, la Dirección General del Catastro o la Dirección General de Tráfico- con objeto de facilitar y reducir los tiempos de tramitación.

Fianzas para otros dos procesados

El magistrado también dio un plazo a los otros dos procesados, los policías locales Jorge González Hormigos y Carlos Pérez López Dávila, para que prestaran fianza civil. Como presuntos autores de delitos de usurpación de funciones públicas y de cohecho pasivo, la garantía en este caso era de 4.500 euros para cada uno.

Se trata de la primera pieza en la que figuraba como imputado el pequeño Nicolás que, después de dos años de instrucción, se eleva a la Audiencia de Madrid para su enjuiciamiento. Gómez Iglesias también está encausado en la rama en la que se investiga la grabación y difusión de la reunión que mantuvieron tres funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 20 de octubre de 2014.