Junts pel Sí (JxS) y la CUP han anunciado hoy, a través de un comunicado, que han alcanzado «un acuerdo político global» sobre la ley de transitoriedad jurídica, que busca amparar el referéndum en 2017 y permitir «desconectar» la «República» catalana del marco legal español. La ley de transitoriedad jurídica -que es una de las tres leyes de «desconexión» del Estado, junto a la de hacienda pública y la de seguridad social catalana- define Cataluña como una «República de derecho, democrática y social».

Con el anuncio de hoy, JxS salva otra de las fechas límite fijadas por la CUP para mantener su apoyo al gobierno de Carles Puigdemont: presentar antes de finalizar el año la ley de transitoriedad jurídica, la más importante y delicada de las llamadas «leyes de desconexión» en el léxico independentista. El acuerdo, sin embargo, se ha cumplido a medias, puesto que ambos grupos se han limitado a anunciar el acuerdo y algunos de sus elementos más esenciales, sin presentar el texto.

La explicación ante tanto secretismo no es otra que el temor a que el nuevo proyecto de ley sea anulado por el Tribunal Constitucional, como ya ha sucedido con las ponencias de las leyes de desconexión, impugnadas por los grupos de C’s y el PSC en el Parlament.

En su escueto comunicado, JxS y la CUP explican simplemente que el acuerdo es fruto de seis meses de discretas negociaciones. Unos trabajos que se iniciaron el pasado julio, cuando el tándem Puigdemont-Junqueras vio como la CUP tumbaba sus primeros presupuestos y el president se puso manos a la obra para negociar a fondo con el sector de los anticapitalistas más reacio al acuerdo. Es decir, el que lideran Anna Gabriel y Eulalia Reguant.

Fruto de esas negociaciones es la nueva hoja de ruta independentista que Puigdemont fijó el pasado septiembre en el Parlament con su moción de confianza: leyes de desconexión, referéndum unilateral y, si gana la independencia, elecciones constituyentes en marzo de 2018.

Dar amparo legal al referéndum unilateral

El texto acordado hoy tiene dos grandes objetivos: dar amparo legal a la celebración de un referéndum unilateral, en el previsible caso de que no se alcance un acuerdo con el Gobierno en esta materia; y evitar el vacío legal entre la declaración de independencia, si esta opción gana el referéndum, y la aprobación de una nueva legislación catalana. Por ello, la tesis en la que se mueven los independentistas es la de aprobar sólo una parte de la nueva ley el próximo julio, para dar amparo al referéndum, y dejar el resto del texto a la espera del resultado de la consulta.

Pese al secretismo con el que JxS y la CUP han gestionado este texto, ya han trascendido algunos aspectos, como el artículo 1 que define la futura Cataluña independiente como «una República de derecho, democrática y social». Y argumentos fundamentales para la campaña independentista, como el hecho de asegurar que las pensiones estarán garantizadas gracias a esta ley, como se han encargado de destacar hoy en algunos ámbitos. Se trata, en resumidas cuentas, de rebatir los argumentos en contra de la independencia, y el de la inseguridad jurídica es uno de los más poderosos.

Han evitado desvelar el contenido del texto, conscientes de su previsible impugnación ante el TC

El texto sobre el que trabajan los grupos independentistas contiene un preámbulo, ocho epígrafes y unas «disposiciones finales y de inaplicación». En concreto, el primer epígrafe que desarrollará la ley se refiere a las «disposiciones generales, nacionalidad y territorio», el segundo alude a la «sucesión de ordenamientos y administraciones» y en el tercero se regulan «los derechos y los deberes» de los ciudadanos. El cuarto punto desarrolla el «sistema institucional» de una eventual «República» catalana, el quinto se centra en el «poder judicial y la administración de justicia», el sexto habla de «las finanzas», el séptimo establece el marco normativo para la celebración de un «referéndum de independencia», mientras que el octavo aborda el «proceso constituyente».

Según el comunicado emitido hoy, la ley «dota y habilita a las instituciones públicas catalanas de las herramientas para el ejercicio del derecho a la autodeterminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana». «Junts pel Sí y la CUP están trabajando a fin de incorporar el mayor número de fuerzas políticas en la preparación y convocatoria del referéndum de independencia», señala el comunicado, por lo que este epígrafe «se encuentra pendiente de concretar».