La Fiscalía ha recurrido la decisión de la juez que investiga a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de rechazar incorporar a la causa las informaciones de prensa de los días previos y posteriores al pleno del pasado mes de julio que votó la hoja de ruta independentista. Según fuentes judiciales, el ministerio público ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra esa decisión, con lo que si es desestimado por la propia magistrada, Maria Eugènia Alegret, será la sala civil y penal del TSJC la que resolverá sobre el mismo.

La Fiscalía ha impugnado la decisión de Alegret de denegar su propuesta de incorporar a la causa abierta contra Forcadell informaciones publicadas en la prensa sobre el polémico pleno, una prueba con la que pretende demostrar que la intención de introducir en la cámara el debate de la hoja de ruta independentista, «y promover con ello el quebranto de lo decidido por el Tribunal Constitucional, resultaba claramente previsible».

La presentación de este recurso de la Fiscalía contribuirá a dilatar el proceso penal que el TSJC ha abierto contra Forcadell por prevaricación y desobediencia al Constitucional por permitir que el pleno del Parlament del pasado 26 de julio votara las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, una causa que Alegret ha instruido con celeridad. De hecho, la magistrada ha urgido al Parlament a entregarle, en un plazo de dos días, la documentación que la Fiscalía ha solicitado incorporar a la causa, entre la que figuran informes relativos a otros precedentes en que, a parecer del ministerio público, la cámara catalana habría limitado votaciones independentistas.

En una providencia acordada ayer, la magistrada instructora ha acordado requerir a la secretaría general del Parlament que, en el plazo de dos días, le haga llegar las alegaciones de los letrados de la cámara catalana que solicitó la defensa de Carme Forcadell, ejercida por el letrado Andreu Van den Eynde. En dichas alegaciones, los letrados del Parlament respondían ante el Tribunal Constitucional a la demanda de amparo que el PSC presentó contra tres ponencias de la cámara catalana para el desarrollo de leyes catalanas de protección social, régimen jurídico y administración tributaria.

Las alegaciones esgrimen que la propia doctrina del TC es «garantista» respecto al derecho de iniciativa parlamentaria y presupone la existencia de un debate que, «por definición, ha de poder ser libre en su contenido».