Una juez ha ordenado la supresión de las rejas de hierro en las habitaciones de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras y Tarifa y de las mamparas de cristal en las salas destinadas a las comunicaciones y a las visitas del exterior, así como el suministro de mudas interiores a los inmigrantes por parte del Ministerio del Interior.

Éstos son algunos de los requerimientos que la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Algeciras, Belén Barranco Arévalo, ha formulado a la dirección de los dos CIE que funcionan en la provincia de Cádiz tras visitar las instalaciones los días 21 de octubre y 18 de noviembre junto con la letrada de la Administración de Justicia. Desde hace años, las ONG demandan el cierre del complejo algecireño -de carácter mixto- por sus deficientes condiciones y que al centro se le dé uso social.

En un auto fechado el pasado 12 de diciembre, la magistrada detalla casi una decena de "graves deficiencias" que presentan ambos centros -con 350 plazas en total- y cuya resolución demanda. Entre los aspectos comunes a mejorar destacan la eliminación de las rejas de las habitaciones, que éstas cuenten con luz natural y puedan abrirse de forma inmediata desde el exterior, la construcción de espacios lúdicos adecuados "en espacio y contenido" y que se suministre una muda interior a los internos.

La juez ordena que internos y visitantes puedan comunicarse directamente

En el caso del CIE de Algeciras, la juez se muestra especialmente crítica con la disposición de la sala destinada a las comunicaciones y visitas del exterior y requiere a la directora para que disponga la supresión de mamparas de cristal y hierro existentes para evitar el "régimen generalizado de sospecha al visitante y al interno". "Como si la visita fuera un hecho susceptible de peligrosidad", expone.

De forma expresa, la magistrada ordena que se adopten las medidas oportunas para que visitantes e internos puedan comunicarse directamente, "sin el aparato de tipo telefónico y con la ventana o mampara abierta". Y añade. "Máxime cuando ya existen agentes de policía en la zona de la sala y que ocupan una cabina desde la que pueden controlar cualquier incidencia y máxime, también, cuando los visitantes para acceder al centro ya son registrados, por lo cual pretender invocar riesgos de que introdujeren o pasasen a los internos objetos prohibidos no resultaría más que una justificación apodíctica", razona.

La magistrada destaca la "absoluta limpieza" de las instalaciones como aspecto positivo

El CIE algecireño, igualmente, deberá instalar duchas individuales en las habitaciones de los internos que ocupan el módulo II, instalar un servicio de lavandería, construir pistas deportivas tanto en la zona de hombres como de mujeres y la instalación de máquinas expendedoras de refrescos y tabaco para que la estancia de los extranjeros sea más llevadera.

En el caso de las instalaciones de Tarifa, destinadas los principales reproches se deben a la existencia de habitaciones con más de tres internos y a la inexistencia en las mismas de ducha, retrete y lavabo. También se demanda la eliminación de las duchas colectivas, que se habilite un espacio "concreto y reservado" donde los internos puedan recibir visitas y la reparación de la máquina expendedora de refrescos.

Por contra, la magistrada destaca aspectos positivos que encontró en sus visitas, como la "absoluta limpieza" de las instalaciones, la "adecuada" alimentación y el servicio médico, así como la existencia de cabinas desde la que los internos pueden recibir llamadas tanto en horario de mañana como de tarde.

Zoido busca el "modelo idóneo"

El de Algeciras fue uno de los tres primeros CIE -junto con el de Santa Cruz de Tenerife y Fuerteventura- que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero creó el 13 de noviembre de 2006 a propuesta de los ministerios del Interior y de Administraciones Públicas ante el auge de la inmigración ilegal.

En su primera comparecencia ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados el pasado 21 de diciembre, el ministro Juan Ignacio Zoido anunció su intención de impulsar un grupo de trabajo interministerial, y en el que tengan cabida las ONG especializadas y los grupos políticos, para determinar el "modelo idóneo" de CIE desde el punto de vista arquitectónico y de la atención a los internos. "Lo que les propongo es no seguir parcheando un problema, sino ser audaces y diseñar el modelo de CIE ideal para toda la Unión Europea", defendió.