En Euskadi empiezan a ser casi mayoría. Sufren achaques similares que sus compañeros de vejez en cualquier otro rincón de España, consumen medicamentos casi con la misma intensidad y disfrutan de la vida siempre que la salud se lo permite. Pero en el País Vasco a los cerca de 535.000 pensionistas no se les atragantó el almuerzo cuando escucharon a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, asegurar que contemplaba subir el copago farmacéutico en determinadas franjas de renta. Anuncio matizado horas después y negado un día más tarde pero que ha vuelto a poner sobre la mesa el debate del copago de medicamentos. En el caso de Euskadi, los pensionistas además de ser los que estadísticamente perciben las pensiones más elevadas de España, que oscilan de media entre los 1.150 y los 1.200 euros al mes, cuentan con el respaldo de un fondo de compensación que les permite, en los casos de rentas más bajas, recuperar el dinero abonado por la compra de los fármacos, tanto en Euskadi como fuera de ella.

Ya en tiempos del lehendakari Patxi López, el entonces consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, mostró su rechazo a la medida del copago aprobada por el PP en 2012. Una posición que provocó incluso el retraso en un año de su aplicación, que si en el conjunto del Estado se activó el 1 de julio de 2013 en el caso del País Vasco no fue efectiva hasta un año después. Junto a ello, el Gobierno vasco puso en marcha un sistema que permite a los pensionistas recuperar el dinero gastado. Tanto Bengoa como el actual titular de Salud, Jon Darpón, han defendido el error que supone aplicar un coste del 10% a las recetas a los pensionistas por el riesgo de dejar de consumir medicamentos que conlleva y por tanto la posibilidad de un empeoramiento de su salud a largo plazo. Una situación que conllevaría, en términos económicos, un coste mucho más elevado que el percibido por el copago costeado por ese paciente.

300.000 devoluciones de copago en tres años

Para evitar este tipo de situaciones y asegurar la “adherencia” a los tratamientos médicos, el Ejecutivo vasco aprobó en 2013 un decreto que aún hoy es único en España, según el cual determinados colectivos pueden reclamar a la administración la devolución del importe abonado en concepto de copago farmacéutico. En los tres años que lleva en vigor la medida se han tramitado 300.604 devoluciones por un montante global de 20,5 millones de euros. De esta manera, se estima que cerca de 100.000 personas se benefician de esta medida.

La devolución media anual del copago a pensionistas ronda los 30 euros

Son muchas personas pero menos de las esperadas. La Administración vasca estimó en un momento que cerca de 400.000 vascos y vascas cumplirían los requisitos para poder beneficiarse de la medida. Llegó incluso a presupuestar en su primer año una cantidad de 18 millones ampliables para hacer frente a las demandas. La realidad en cambio es que en la mayoría de los casos los ciudadanos renuncian a solicitar la devolución, cuya cuantía media anual ronda los 30 euros. A ella pueden acceder no sólo los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros, sino también parados que no perciban prestación por desempleo o la Renta de Garantía de Ingresos o inmigrantes en situación irregular. La reclamación se puede realizar presentando los tickets y resguardos de facturas bien a través de una vía on line o rellenando un formulario depositado en los ambulatorios y centros de salud. Los abonos se realizan directamente en una cuenta corriente aportada por el solicitante a través de un pago único, si la solicitud es anual, o en dos trasferencias, si la reclamación es semestral.

Una 'ayuda social' por la "equidad"

Se trata de cantidades reducidas ya que el límite fijado para los pensionistas con rentas por debajo de los 18.000 euros está establecido en los 8,23 euros al mes. Una cantidad que en muchos casos no se llega a alcanzar entre el colectivo de pensionistas. Sin embargo, para muchos de ellos se trata de un dinero importante, ya que nueve de cada diez peticiones la formalizan jubilados con este tipo de pensiones.

El decreto que regula este tipo de ayudas se aprobó en noviembre de 2013 y se fijaron como una ayuda de carácter social para preservar la equidad entre los ciudadanos y evitar desigualdades por razones económicas en el acceso a la salud. La decisión se adoptó después de una disputa entre el Gobierno vasco y el Ejecutivo central ante la negativa de Euskadi a aplicar el copago aprobado por el PP y que finalmente se vio obligado a implantar en 2014.