Ada Colau disfruta desde este miércoles de sus primeros presupuestos como alcaldesa de Barcelona, unas cuentas en las que no ha participado ningún grupo de la oposición. Aprobados por la vía de la cuestión de confianza a la alcaldesa, los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona son exactamente los que querían Barcelona en Comú y PSC, sin pactos ni concesiones. La incapacidad de los cinco partidos en la oposición municipal para articular una candidatura alternativa a Colau ha permitido a la alcaldesa aprobar sus primeras cuentas por incomparecencia del contrario.

El Presupuesto está cifrado en 2.736,2 millones de euros y crece en un 8% el volumen de inversión, que alcanza 429,1 millones. Un tercio de esa partida se destina a equipamientos en los barrios, mientras a los servicios sociales se destinada 321 millones de euros. Caen, por contra, las partidas destinadas a promoción económica de la ciudad o al empleo.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha defendido que son unos buenos Presupuestos para la ciudad: sociales, redistributivos y «sin recortes». Y ha destacado que su aprobación demuestra que «no existe una alternativa consistente» a su gobierno, por lo que asegura que se abre una nueva etapa en el Ayuntamiento en la que “se habrán acabado los debates puramente partidistas”. Como ejemplo, Pisarello ha señalado los acuerdos alcanzados con el PDCat para aprobar el Plan de vivienda, o con ERC para el Plan de Alojamientos Turísticos (Peuat).

Falta políticas de empleo

Sin embargo, la portavoz del Grupo de CiU en Economía, Sonia Recasens, no comparte la euforia de Pisarello. Para Recasens la voluntad de diálogo del gobierno municipal se demostrará con proyectos como el trazado del tranvía o el futuro de la ordenanza de terrazas, “entonces veremos si ha habido un auténtico cambio de actitud”. De momento, el PDCat mantiene su oposición a las cuentas, en las que echa en falta los 20 millones en políticas activas de empleo que Xavier Trias consignó en su presupuesto.

Una partida que se ha eliminado para nutrir proyectos como la remunicipalización de servicios que defiende Colau y que, como señala Recasens, no está en absoluto consensuada con la oposición, pese a lo cual ya cuenta para este año con una partida de 12 millones de euros.

El ayuntamiento de Colau, más independentista

El presidente del Grupo Popular, Alberto Fernández, defiende una visión muy distinta de los últimos pactos en el pleno consistorial. Para el dirigente popular la sucesión es clara, desde que el pasado 23 de diciembre el pleno del Ayuntamiento tumbó las cuentas de Colau y la alcaldesa se sumó, esa misma tarde, al Pacto Naciona por el Referéndum promovido por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras desde la Generalitat. Desde entonces, la alcaldesa ha sellado dos pactos fundamentales con la Generalitat, el traslado de la cárcel Modelo y la conclusión de las obras del metro en la Zona Franca.

El común denominador en ambos casos, según Fernández Díaz, es que el Ayuntamiento acepta asumir los costes económicos de ambas operaciones en proyectos que son competencia autonómica. “El Ayuntamiento acepta hacer de Generalitat y ésta hace dejación de funciones” lamenta el dirigente popular, que ve en estos pactos la imposibilidad de tejer una alternativa a Colau y el reciente apoyo de PDCat y ERC al gobierno municipal en dos ámbitos fundamentales para BComú, vivienda y turismo.

La conclusión, lamenta Fernández, es “un Ayuntamiento que renuncia a defender los intereses de Barcelona frente a la Generalitat” y una oposición que “pone las siglas por encima de los intereses de ciudad”.