“Vería bien que los funcionarios catalanes pidan un día de asuntos propios” el próximo 6 de febrero para participar en las marchas de apoyo a Artur Mas, coincidiendo con el inicio del juicio oral al ex presidente de la Generalitat, así como a las ex consejeras Irene Rigau y Joana Ortega. “De hecho, me parece necesario”. Quien así se expresa no es otra que la consejera de Gobernación de la Generalitat, y por tanto máxima responsable del cuerpo de funcionarios autonómicos, Meritxell Borràs, que ya ha anunciado su voluntad de acudir a la marcha.

Una convocatoria a la que de momento sólo ha anunciado que no asistirá el consejero de Justicia, Carles Mundó, por el malestar que estas marchas han provocado en la judicatura. La portavoz del Govern, Neus Munté, actúa por contra como activa promotora de la manifestación, que publicita desde el frontal de su perfil oficial de Twitter.

Preguntada hoy en el Pleno del Parlament por estas afirmaciones, la consejera no solo no las ha matizado, sino que se ha reafirmado ante la mirada escandalizada del portavoz de C’s José María Espejo-Saavedra. «¿No le da vergüenza decir que nosotros utilizamos a los funcionarios como herramienta política, después de afirmar que encontraría normal que se cojan fiesta para acompañar a Mas. ¿Esto no es utilizar?», ha clamado el diputado de Ciudadanos, quien ha calificado de «grave y vergonzoso» que estas aseveraciones las haga la responsable del departamento que dirige a los empleados públicos.

La consejera, sin embargo, no se ha inmutado a la hora de responder contundente: «¿Vergüenza?. Ninguna, al contrario». Borràs ha señalado como único culpable de esta situación al Gobierno, por la “judicialización de la política catalana” que el Govern atribuye a la gestión del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Espejo se ha referido además a los “planes de desconexión” y de celebración de un referéndum unilateral para exigir a la consejera que no dé «ninguna instrucción, orden o recomendación» a los funcionarios contraria «a las leyes y a la Constitución” y que el ejecutivo de JxS asuma “solo y en exclusiva las consecuencias» en caso de desobediencia. Una advertencia a la que Borràs ha respondido con la tesis de que, llegado el momento del referéndum unilateral, los funcionarios catalanes estarán legalmente cubiertos por las “leyes de transitoriedad” que, aseguran los independentistas, dará cobijo legal a la desobediencia.

Apuntados a la manifestación

Al margen del rifirrafe parlamentario, las entidades soberanistas Òmnium, Assamblea Nacional Catalana (ANC) y las municipalistas AMI y AMC avanzan en la preparación de un nuevo acto de apoyo a Mas, Rigau y Ortega a las puertas del tribunal como los que ya se vivieron durante sus declaraciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y, sobre todo, con motivo de la declaración de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el pasado diciembre como investigada.

En esta ocasión, y ante la previsión de que el TSJC pueda trasladar la celebración del juicio desde su sede a la Ciudad de la Justicia, estas entidades han creado una web en la que animan a inscribirse a los interesados ( https://9nsomtots.cat/) para mantenerlos informados de la manifestación. Una web que ya se ha colapsado varias veces y que, según sus promotores, ha superado los 4.000 inscritos. Entre ellos, presumiblemente, los funcionarios animados por Borràs.