Los fiscales generales de 16 estados norteamericanos han emitido una declaración conjunta en la que condenan la orden ejecutiva que prohíbe el ingreso en Estados Unidos a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, recoge Europa Press.

«Como jefes de los funcionarios legales de más de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros de nuestros estados, condenamos la inconstitucional y antiestadounidense orden ejecutiva del presidente Trump», señalan los fiscales firmantes, entre los que se cuentan los de California, Nueva York o Pensilvania.

Los fiscales aseguran que van a «trabajar juntos» para garantizar que el Gobierno federal obedezca la Constitución, respete la historia como nación de inmigrantes y no ataque «ilegalmente a nadie por su país de origen o su religión». Así, defienden que la «libertad religiosa ha sido y siempre será el principio fundacional de nuestro país y ningún presidente puede cambiar esa verdad».

La declaración «aplaude» la decisión de varios tribunales federales que han paralizado la aplicación de la orden ejecutiva y anuncian que utilizarán «todas las herramientas de nuestros cargos para combatir esta orden inconstitucional».

«Confiamos en que la orden ejecutiva será en última instancia derogada por los tribunales. Mientras, vamos a trabajar para garantizar que la menor cantidad de personas posible sufra la caótica situación que ha creado», concluye el texto.

El decreto presidencial suspende durante cuatro meses las concesiones del estatus de refugiado, impone una moratoria provisional a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y paraliza el Programa de Admisión de Refugiados. Además, fija en 50.000 el máximo de refugiados que acogerá el país en 2017, menos de la mitad de los 117.000 acogidos el año anterior.

Protestas contra Trump

Nueva York, Washington o Boston. Decenas de miles de manifestantes han tomado las calles de las principales ciudades estadounidenses para expresar su rechazo a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que veta la entrada en el país a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

Se trata del segundo día protestas tras las concentraciones espontáneas del sábado en los aeropuertos en respuesta a las primeras noticias de expulsiones del país.

Conmoción en Reino Unido

Este decreto ley ha provocado las críticas del Gobierno británico, que lo ha calificado de «divisorio» y «equivocado». Además, la primera ministra británica, Theresa May, ordenó este domingo a sus ministros de Exteriores e Interior, Boris Johnson y Amber Rudd, respectivamente, que hablen por teléfono con sus colegas de EEUU para evaluar el impacto de las medidas en refugiados e inmigrantes y en los británicos con doble nacionalidad de los países afectados.

A su vez, más de 100.000 británicos han suscrito ya una petición formal al Parlamento para que no se produzca una visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, al país por su «documentada misoginia y vulgaridad».

La petición ha sido abierta este mismo domingo por un particular, Graham Guest, y en apenas unas horas ha logrado alcanzar las 100.000 firmas, cifra que obliga al Parlamento a pronunciarse al respecto.

Este sistema de peticiones da seis meses a cada iniciativa para alcanzar 10.000 firmas para obligar al Gobierno a manifestarse al respecto y 100.000 para que la cuestión sea tratada en el Parlamento.

«Donald Trump debe poder entrar en Reino Unido en calidad de jefe del Gobierno de Estados Unidos, pero no se le debe invitar a realizar una visita de Estado porque sería una vergüenza para su majestad, la reina», apunta la solicitud.