La segunda reunión del Pacto Nacional por el Referéndum que ha presidido este miércoles Carles Puigdemont ha servido para aprobar el manifiesto propuesto por su comisión gestora pero, sobre todo, para dejar claro que Ada Colau y sus “comunes” no están por la labor de convertir el referéndum y su eventual adelanto en arma arrojadiza contra el Gobierno. Al inicio del encuentro la alcaldesa de Barcelona ya ha reclamado que no se centre el debate en la fecha de celebración de la consulta sino en crear el marco de garantías necesarias para que se pueda llevar a cabo.

“Lo importante son las características de este referéndum, que es que sea acordado, con reconocimiento internacional, con garantías, que sea efectivo y que interpele al conjunto de la población de Cataluña y, por lo tanto, eso no se puede supeditar a un calendario”, ha advertido Colau. Ha lamentado además que haya quienes tachan de “ingenua” su postura, por insistir en un referéndum pactado con el Gobierno, y ha acusado a estas voces de “no creer” en el Pacto Nacional por el Referéndum. Una herramienta con la que el Gobierno de Carles Puigdemont ha conseguido incorporar a las izquierdas aglutinadas en torno a Colau -ICV, Podemos y Comunes principalmente- al bando independentista.

El manifiesto aprobado hoy defiende un referéndum pactado, y culpa al Gobierno de impedirlo por motivos políticos

Lo cierto, sin embargo, es que en ese espacio se ha impuesto de momento la tesis de Colau. El manifiesto aprobado hoy defiende un referéndum pactado, y culpa al Gobierno de impedirlo por motivos políticos. El portavoz del pacto, Joan Ignasi Elena, ha insistido en ello al asegurar que el Gobierno “no permite el referéndum porque no quiere, no porque legalmente no pueda”. Elena ha asegurado contar con el aval de reputados juristas sobre la legalidad de un referéndum acordado con el Gobierno. “La decisión de no hacer referéndum es política, no legal, lo que es inadmisible es esconderse bajo una falsa legalidad para no dialogar”, ha concluido.

Inquietud por las medidas del Gobierno para evitar la consulta

El debate político en Cataluña ha girado, sin embargo, en torno a las medidas que Moncloa prepara para evitar la celebración de un referéndum unilateral, como hoy avanzaba El Independiente. El Gobierno quiere evitar la imagen de una nueva consulta ilegal y los dos frentes prioritarios para evitarla serán el Tribunal Constitucional y los funcionarios, a los que el ejecutivo recordará que forman parte de la Administración General del Estado y como tales deben cumplir la ley, bajo riesgo de ser sancionados o suspendidos. Unas medidas a las que se sumaría el cierre de los colegios que la Generalitat pretenda utilizar como colegios electorales, medida que no se llegó a utilizar en 2014.

El principal frente de acción gubernamental seguiría siendo sin embargo el judicial, como esta tarde dejaba entrever el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando. La reforma del Constitucional obliga al cumplimiento de las sentencias del Alto Tribunal al tiempo que le dota de mecanismos para suspender de sus funciones, de manera cautelar, a aquellos cargos públicos y autoridades que las incumplan. Así, el TC actuaría contra los convocantes de la nueva consulta, de producirse, por lo que sería determinante quién firma el decreto de convocatoria.

Puigdemont ha replicado al Gobierno que el Govern no permitirá precintar los colegios catalanes para impedir que se vote en el referéndum. “La democracia no se puede precintar, ni dejaremos que se precinte”, ha afirmado en Twitter, sin aclarar cómo piensa evitarlo.