La fiscalía anticorrupción cuenta con pruebas suficientes que acreditan que CDC, la antigua CiU, se ha financiado ilegalmente desde el 2003 a través del cobro de comisiones que oscilaban entre el 10 y el 3% a empresarios a cambio de adjudicaciones públicas. Y ahora dirige sus pesquisas hacia la cúpula de esta formación.

Esta práctica aparece en varias agendas intervenidas a los altos directivos de las administraciones públicas y de las empresas investigadas, según fuentes de la investigación. Los 18 detenidos en esta operación, que se llevó a cabo el pasado jueves, han quedado en libertad tras pasar por las dependencias de la Guardia Civil y ahora serán citados por el juez que lleva este caso, el magistrado del Vendrell (Tarragona) Josep Bosch.

Estas fuentes han revelado que Andreu Viloca, ex tesorero de CDC y de la fundación CatDem, llevaba un registro de las comisiones pagadas por los empresarios y de los donativos que estos entregaban al partido. Asimismo, los fiscales cuentan con documentos que acreditan que los concursos de adjudicaciones de obras públicas estaban amañados.

Criterios discrecionales

En la mayoría de los casos las obras se otorgaban por criterios técnicos que son más discrecionales a los que los empresarios accedían porque habían sido diseñados a medida. Además, para asegurar esta apariencia de legalidad, las empresas formaban en ocasiones una UTE para llevar a cabo la obra.

Fuentes de la investigación han informado de que el precio medio de la licitación rondaba el millón de euros y que los empresarios cedían al partido un 3, un 5, o un 10% bajo la apariencia de donativos. Estas fuentes no han podido cuantificar el importe total del dinero que ha podido obtener CDC por esta vía, pero sospechan que se trata de una cantidad importante.

La investigación se ha quedado a las puertas de la dirección de la formación tras imputar al ex dirigente de CDC Francesc Sánchez, al ex teniente de alcalde de Barcelona y ex responsable de Bimsa Antoni Vives, al ex tesorero del partido Andreu Viloca y al ex director de infraestructuras Josep Antoni Rosell así como a los empresarios más importantes de Cataluña como Xavier Tauler, ex consejero delegado de Copisa.

Los indicios

La mayoría de los detenidos en esta operación se han negado a declarar e incluso Tauler presentó un hábeas corpus que fue rechazado por una juez de Tarragona. En esta resolución, la magistrada revela que este empresario está siendo investigado «por un presunto caso de corrupción referente al Consorcio de Educación de Barcelona por supuestas contraprestaciones económicas por adjudicaciones de obras».

Las fuentes consultadas sostienen que las pruebas que pesan contra los investigados son abrumadoras porque funcionaron durante un periodo en el que se creían intocables y han guardado los correos electrónicos en los que negociaban las adjudicaciones con dirigentes de este partido.

Además, la investigación cuenta con testigos que han explicado los mecanismos de este sistema y los sobornos que tenían que pagar para lograr concursos que son muy variados «desde los más burdos hasta más serios». Y han constatado que CDC recibió entregas en efectivo a través de Viloca.

Dirigentes para atraer empresarios

No obstante, estas fuentes apuntan que Viloca no era la persona encargada de «atraer a los empresarios». Una labor de la que se ocupó también Vives, pero sospechan que por encima de ambos se encontraban dirigentes de esta formación.

Esta organización ha estado funcionando hasta el primer trimestre del 2015 antes de que se descubriera en una hoja intervenida en el domicilio de los Sumarroca las comisiones del 3% en agosto de este año.

Las detenciones de estas 18 personas y las órdenes de registro en 24 empresas y domicilios han sido firmadas por los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda. Y se han acordado cuando el juez del Vendrell estaba de guardia. A pesar de ello, la falta de medios en este juzgado imposibilitó que el togado les tomara declaración. Por ello, los fiscales han estado en las dependencias de la Guardia Civil mientras los agentes les interrogaban, pero no han estado presentes en las declaraciones.

Problemas con el TSJC

Las fuentes consultadas también han revelado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha jugado un papel en esta operación, ya que lejos de facilitar la labor a los investigadores ha dificultado la misma. Se da la circunstancia de que una de sus juezas en excedencia, Núria Bassols, es la mujer de uno de los detenidos Josep Maria Bassols que fue alcalde de Anglès (Girona) entre 1995 y el 2003. Además, una de sus empresas ha trabajado para la empresa Oproler que logró varias adjudicaciones públicas bajo sospecha. Núria Bassols es la comisionada del Govern para la Transparencia.