El ex presidente de la Generalitat Artur Mas se ha declarado responsable de impulsar el proceso participativo del 9-N y sus derivadas, incluida la apertura de institutos como colegios electorales, exculpando así a los consellers Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs. Mas, que ha rechazado responder a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular, ha señalado en respuesta a su abogado: «Fui el máximo responsable de la idea del proceso, de cómo se debía sustituir la consulta por un proceso participativo. Soy, por tanto, responsable de no haber hecho la consulta, de haber ideado un proceso participativo y de dar instrucciones para llevarlo a cabo para que la gente pudiera participar y las instituciones pudieran conocer la opinión del pueblo». Y después de que el presidente de la sala, Jesús Barrientos, insistiera en la pregunta de su letrado sobre la apertura de institutos y colegios públicos, el ex president ha afirmado que «sí era responsable de todo, también de esto».

En su defensa, Artur Mas ha insistido en que la Generalitat respondió a la segunda anulación del Tribunal Constitucional sobre el 9-N con la presentación de un escrito de aclaración que el Constitucional no contestó antes del 9-N. Y ha señalado que su ejecutivo consideró necesarias esas aclaraciones porque, a diferencia de la primera interlocutoria del TC, en esa ocasión se refería a un proceso que no sólo dependía de la Administración y “había cosas que nosotros ya no podíamos parar”.

Entre ellas, ha argumentado Mas, que la web habilitada por la Generalitat para crear el censo de participantes en la consulta del 9-N, «ya se había replicado» en muchas otras páginas. Por lo que, según el ex president, hubiera sido inútil suspenderla.

Ortega niega la participación de funcionarios

Las conselleras Rigau y Ortega, por su parte, han rechazado tener conciencia de haber desobedecido al Alto Tribunal, escudándose en la inconcreción del requerimiento del Constitucional o el hecho de no haber recibido personalmente la providencia, como sí sucedió en 2015 con la anulación de la resolución parlamentaria sobre la hoja de ruta de la independencia. De hecho la primera se ha escudado además en los incumplimientos de sentencias del TC del Gobierno español, como las referidas a la gestión del 0,7% del IRPF o de las becas universitarias.

Ortega ha insistido por su parte en que todo el 9-N fue pilotado «por un grupo de voluntarios bien organizados» y ha excluido tajantemente la participación de funcionarios. La ex consellera ha defendido la celebración de una rueda de prensa posterior a la consulta, el mismo 9-N, porque «la obligación de un gobierno democrático es informar cuando se produce un hecho relevante» y ha recordado que el ministro de Justicia, Rafael Català, «afirmó tras la consulta que no se podía frenar un ejercicio de participación ciudadana».

La ex titular de Enseñanza ha defendido la cesión de los institutos públicos como colegios electorales y el hecho de que esta cesión se comunicara a los directores de los centros sin mediar ninguna orden escrita, algo que ha considerado habitual. Rigau ha criticado además a la directora del Institut Pedraforca, que se negó a ceder las instalaciones a los voluntarios, a la que ha acusado de «actuar por un trasfondo político».

El informe exculpatorio de la fiscalía catalana

La defensas de Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega han reclamado en el inicio del juicio por la consulta del 9-N incorporar a la causa el informe de los fiscales de sala de la Fiscalía Superior de Cataluña del 17 de noviembre de 2014. Es decir, el informe en el que los fiscales catalanes consideraron que no era constitutiva de delito la actuación del Gobierno catalán durante la organización y celebración de la consulta que había sido previamente anulada por el Tribunal Constitucional (TC), informe que la Sala ha rechazado atendiendo a la opinión de la Fiscalía.

Con una hora de retraso se inició el juicio oral contra el ex presidente de la Generalitat y las ex consejeras de Gobernación y Educación del Gobierno catalán, acusados de sendos delitos de prevaricación administrativa y desobediencia por la organización y posterior valoración de la consulta del 9-N, durante los cinco días que transcurrieron entre la sentencia contraria del Constitucional y la celebración de la consulta.

La sala está presidida por el magistrado Jesús M. Barrientos, presidente del TSJC y de la Sala Penal de este tribunal, y los magistrados Carlos Ramos Rubio y Eduardo Rodríguez. La acusación pública la ejercen los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez-Ulled y la acusación particular, en nombre de un sindicato de policía, María Ponte. La defensa recae en los letrados Xavier Melero, Rafael Entreno y Jordi Pina por Mas, Ortega y Rigau respectivamente.

Durante la vista de las cuestiones previas las defensas reclamaron tener en cuenta la «evolución de la posición de la Fiscalía», recuperando el Informe de la Junta de Fiscales de la Sala del 17 de noviembre de 2014, en la que se exculpaba a los acusados. La Fiscalía, sin embargo, se ha opuesto a esta petición, como ya hizo durante la fase de instrucción, por ser posterior a los hechos juzgados. Melero ha asegurado que «se ha vulnerado el derecho a la defensa» de Artur Mas al rechazar incluir este informe en el sumario del juicio. Los abogados de la defensa han insistido además en reclamar la declaración del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justica, Rafael Catalá, por considerar que sus declaraciones previas al 9-N condicionaron la actuación de los acusados.