Arada S.L. y Explotaciones Delaro S.L., propiedad de Rodrigo Rato y de su sobrino José de la Rosa, adquirieron en mayo de 2008 al 50% seis inmuebles urbanos por 1,5 millones de euros en el municipio asturiano de Cabueñes, el mismo en el que Rodrigo Rato construyó posteriormente su chalé privado, que puso a la venta por 1 millón de euros antes incluso de estrenarlo debido a las deficiencias técnicas y los informes desfavorables de la concejalía de urbanismo del municipio.

Pero Rato no construyó a título personal esa segunda vivienda -con seis dormitorios, cuatro suites con vestidor, seis baños completos, garaje con capacidad para tres coches, un salón a doble altura, techos de madera vista, persianas motorizadas, bodega y zona de lavandería-, sino que lo hizo a través de Arada, la sociedad a la que el ex vicepresidente del Gobierno imputaba sus ingresos como conferenciante, aunque la Agencia Tributaria entiende en el informe elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude que la compañía era “más un centro de gasto que una sociedad propiamente dicha destinada a la obtención del lucro mercantil, de beneficios”.

Rato construyó su chalé privado a través una sociedad participada mayoritariamente por la empresa pantalla por la que cobraba de Telefónica

Rodrigo Rato decidió facturar su actividad como conferenciante a través de esta sociedad del año 2007 en adelante. Una compañía que, a partir de 2014, estuvo participada al 70,6% por Kradonara 2001 S.L, la sociedad pantalla a través de la cual el economista recibía parte de su sueldo como consejero de Telefónica con el objetivo de eludir impuestos.

Vivienda camuflada como oficina

Pero el informe de la ONIF va más allá y pone el foco sobre el beneficio que Rato intentó obtener de la construcción de este inmueble, del que trató de deducirse parte de los gastos de construcción alegando que formaban parte de la actividad económica de su empresa. Es decir, el ex vicepresidente trató de camuflar una segunda vivienda como una oficina o lugar desde el que desempeñar su actividad, que no existía más allá de las conferencias, en lugar de como una mera inversión. “La deducción de ese gasto, que no es tal sino que es una inversión, es absolutamente contraria a la normativa tributaria y así será reflejado en la liquidación definitiva de este auxilio judicial”, detalla el escrito, que reclama efectuar un ajuste de 34.228 euros a su base imponible en la declaración del IRPF del 2010, año en el que comenzó la construcción del inmueble, finalizada en 2012.

Arada S.L estuvo presidida por Rodrigo Rato desde 1982, cuando nació al objeto de realizar actividades programáticas, comerciales e industriales en el ámbito de la radio, la televisión y el cine, aunque su actividad en este sector fue prácticamente anecdótica. En posteriores ampliaciones, se fueron añadiendo al variado marco operativo de la compañía la venta, explotación, cesión y administración de bienes mobiliarios, la producción energética, la compraventa de bienes muebles e incluso las antigüedades. Es en 2007 cuando se reconvierte en una asesoría de marketing y organización de congresos.

Rato decide entonces, tras abandonar su puesto de director gerente del Fondo Monetario Internacional, comenzar a facturar sus ingresos como conferenciante a través de esta sociedad, y argumenta en un correo electrónico dirigido a su secretaria Teresa Arellano que lo hace por ser esta la compañía que tiene más gastos, completamente ajenos a la actividad a la que en teoría se dedica. El informe detalla más adelante que, durante los años 2013 y 2014, Arada facturó a Kradonara 2001, su sociedad mayoritaria, supuestos servicios por valor de 340.000 euros que la ONIF entiende que “no eran más que facturas de conveniencia”.

Autosubvención para un hotel en Toledo

El informe de la ONIF detalla también que el ex vicepresidente del Gobierno, pocos meses después de llegar a su puesto, constituyó junto a sus hermanos Ramón y María Ángeles la sociedad publicitaria COR Comunicación S.L., que durante sus primeros años de actividad subcontrata numerosos servicios de publicidad con empresas privatizadas a través de las compañías Grupo Macal y Media House S.L.

Ambas empresas pagaron posteriormente rentas, “cuyo motivo no se ha esclarecido” según el informe, a las sociedades Montelayos y a su filial Layosalud, que terminó por construir un hotel de 5 estrellas en la localidad toledana que da nombre a ambas empresas. El proyecto y construcción de dicho recinto hotelero recibió en diciembre de 2003, según detalla el escrito de la Agencia Tributaria, una subvención ligeramente inferior al millón de euros por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida en ese momento, precisamente, por el propio Rodrigo Rato.