“Las pruebas han acreditado totalmente el control público sobre la preparación y desarrollo de la jornada en abierto, claro y patentemente desacato de la orden del Tribunal Constitucional”. El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha dedicado más de dos horas a una dura exposición para acreditar las pruebas que a su juicio demuestran que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, «articuló estrategia de desafío abierto al TC” y contó para ello con la colaboración necesaria de las dos acusadas.

Ulled ha acusado a la Generalitat y a Mas de haber mantenido su participación en el 9-N actuando en un “clima de sigilo y opacidad” o de “actuación furtiva”. Pero sobre todo ha recriminado la “deslealtad institucional” del Gobierno catalán al mantener su participación en la organización del 9N mientras afirmaba públicamente que había dejado el proceso participativo en manos de los voluntarios.

En este contexto, ha defendido la actuación del Constitucional, al que las defensas acusan de no haber hecho nada para impedir la actuación de la Generalitat de forma preventiva. “No se puede recriminar al TC porque el Constitucional no podía imaginarse un contexto de deslealtad institucional de tamaño calibre” ha exclamado Ulled.

«Qué parte de la providencia es la que no han entendido» se pregunta Ulled

El fiscal ha rechazado los argumentos de la defensa en cuanto a la constitucionalidad de la consulta o la vaguedad de la suspensión del TC, que los acusados no habrían entendido. «Si hubieran contestado a la Fiscalía, lo primero que hubiera hecho es enseñarles la providencia para preguntarles qué es lo que no entiende usted de esto” ha señalado con ironía, recordando que no se trata de «ciudadanos de la calle» sino de miembros de un gobierno autonómico, con la formación pertinente y el apoyo de servicios jurídicos y expertos. La providencia del TC suspende la actuación impugnada y los actos administrativos relacionados, ha apuntado Ulled, “cualquier lector medianamente atento puede entenderlo”.

Por si quedaban dudas, Ulled ha destacado que lo que se entendió claramente en septiembre, cuando el Govern suspendió la consulta atendiendo a la primera providencia del Constitucional, no se entiende en noviembre. Y ha señalado que en septiembre hay una serie de comunicaciones de la Generalitat anunciando a sus proveedores que cambia la naturaleza de la consulta por la suspensión del TC y que se pasa a un proceso participativo, proceso que no se produjo tras el 4 de noviembre.

El fiscal ha añadido que “Mas lo dejó claro en su declaración cuando reconoció que se encontró ante la disyuntiva de obedecer a uno y otro mandato y aquí hablamos de si se obedeció o no». Para él, ha quedado acreditado durante el juicio que «la actuación pública no sólo siguió, sino que se intensificó de forma determinante” a pesar de la suspensión del TC, y “los acusados decidieron caprichosamente no obedecer”.

Defensa de la independencia del Tribunal

El momento más encendido de la prestación del fiscal ha llegado, sin embargo, cuando Ulled ha dedicado el final de su exposición a una encendida defensa de la actuación del ministerio público. «Este tribunal es rabiosamente independiente y será tan democrático si condena como si absuelve» ha señalado tras reivindicar la independencia de la Fiscalía. «No hemos recibido ninguna indicación del Gobierno, y yo no lo habría consentido porque la Constitución no lo permite» ha advertido.

«Este juicio también es democracia porque la democracia es muchas más cosas que las que se han dicho aquí»

Ulled, que ha reconocido que se veía obligado a un alegato en su propia defensa poco habitual por el clima en el que se ha desarrollado el proceso, ha señalado que «este juicio también es democracia porque la democracia es muchas más cosas que las que se han dicho aquí» ha advertido Ulled, quien ha revelado que cuando la entonces Fiscal General del Estado Consuelo Madrigal le designó para este juicio el pidió «una valoración técnica rigurosa en el sentido que sea».

El fiscal ha recriminado a los acusados y a sus defensas un uso torticero del concepto de democracia, o los cuestionamientos de la calidad democrática del Estado recordándoles que «no se puede contraponer la democracia al Estado de derecho». Y ha concluido que «lo dramático de este asunto es que es un torpedo al funcionamiento de nuestro sistema democrático».