La Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) creada la pasada legislatura en el seno de la Policía Nacional con la excusa de revisar casos no aclarados estuvo a punto de difundir el bulo de que Pablo Iglesias tenía una cuenta corriente en un paraíso fiscal cuando investigaba a Podemos, sin que hubiera habido ninguna causa abierta contra él.

La BARC era una unidad creada dentro del cuerpo a iniciativa del entonces número dos de la Policía -Eugenio Pino- y que estuvo comandada por Marcelino Martín-Blas en su etapa como jefe de la Unidad de Asuntos Internos. Este comisario es el mismo al que el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid colocó al frente de la comisión que investiga el caso del pequeño Nicolás y un protagonista clave en la filtración de las grabaciones que el ex ministro Jorge Fernández Díaz mantuvo con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en octubre de 2014.

Cinco años después de su puesta en marcha, esta supuesta unidad de Inteligencia policial acaba de ser desmantelada por la nueva dirección en el marco de la operación limpieza que ha ordenado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para acabar con las malas prácticas y las pugnas entre comisarios que tanto han deteriorado la imagen de la Policía. Es la segunda decisión relevante que ha adoptado el nuevo Director Adjunto Operativo (DAO), Florentino Villabona, en sus primeros diez días en el cargo tras la destitución de Enrique García Castaño como responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el departamento encargado de las escuchas y de los dispositivos de seguimientos.

La justificación para crear la ‘brigadilla’ era revisar casos no resueltos, pero la intención era política

Bajo apariencia de auditar casos antiguos no resueltos, como 400 asesinatos o los atentados del 11-M, la verdadera razón de ser de la BARC era tener cobertura para llevar a cabo investigaciones que afectaban al Gobierno anterior, lo que explica las indagaciones sobre el caso Faisán o la revisión de la investigación policial en el caso 11-M. Pero, lo que inicialmente era una labor de auditoría interna -“una segunda opinión”, según lo calificó el propio Pino en su entrevista a El Mundo– acabó siendo un trabajo con fines claramente políticos.

Así, por ejemplo, se comenzó a indagar en el origen de la financiación de Podemos, tanto desde Venezuela como desde Irán. De hecho, esta brigadilla llegó a elaborar un informe -bautizado como PISA, acrónimo de Pablo Iglesias SA, y sin ningún membrete oficial- que dio a pie al partido político Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España a interponer una querella en la Audiencia Nacional que fue archivada. Fue el mismo partido que denunció sin éxito ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont; al secretario general del Govern, Joan Vidal, y a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por la fórmula de promesa que utilizaron al asumir sus cargos.

Las fuentes consultadas por El Independiente indicaron que, en el marco de esas indagaciones, la BARC tuvo acceso a una supuesta cuenta corriente de la que el propio Pablo Iglesias sería titular en un paraíso fiscal. Ante la gravedad del supuesto hallazgo, la cúpula de Interior ordenó revisar investigación, lo que derivó en un nuevo informe que ponía de manifiesto que los agentes de la BARC habían metido la pata o bien habían sido víctimas del engaño de una de sus fuentes.

Interior sigue con la ‘operación limpieza’ para acabar con las malas prácticas en la Policía

Con todo, la información trascendió en determinados círculos y motivó que el líder de Podemos interpusiera una demanda contra el periodista Eduardo Inda, después de que éste difundiera que el Gobierno de Nicolás Maduro hizo pagos al líder de Podemos por importe de 272.325 dólares en una cuenta de las Islas Granadinas a través del Euro Pacific Bank por una supuesta “asesoría para el desarrollo social del país”, como publicó el diario Público.

La actuación de esta brigadilla policial arroja más sombras sobre la gestión del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz como titular, quien, como ha desvelado esta semana este diario, autorizó las grabaciones de sus encuentros con Daniel de Alfonso. El propio Eugenio Pino, al que ha citado a declarar como testigo el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata para que acredite cómo obtuvo la Policía determinada información sobre el caso Pujol, ha reconocido en una entrevista a El Mundo que en el Ministerio del Interior “se grababa todo”.

El ex mando policial también ha reconocido que la Policía utilizaba dinero procedente de los fondos reservados para pagar a confidentes, como hizo supuestamente el comisario Martín-Blas para obtener información sobre el patrimonio oculto de los Pujol en bancos de Andorra.