Los 13 años de prisión a los que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sentenció a Francisco Correa el pasado viernes son la primera condena firme que recibe el cabecilla de la trama Gürtel. Sin embargo, no ingresará en prisión como un extraño. El empresario ya permaneció en régimen de prisión preventiva desde el 12 de febrero de 2009 hasta el 11 de junio de 2012, y haría bien en acostumbrarse. Sumando las siete causas que aún tiene pendientes, la Fiscalía reclama para Correa una pena total superior a los 300 años.

De ellos, 125 se los pide la Fiscalía Anticorrupción sólo por la pieza que se juzga ahora en la Audiencia Nacional, la de la primera etapa de Gürtel (1999-2005), donde Correa está acusado de asociación ilícita, fraude continuado a las Administraciones Públicas, cohecho activo continuado, falsedad continuada, malversación de caudales públicos continuada, falsedad en documento mercantil, estafa, prevaricación, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude y exacciones legales a las Administraciones Públicas.

La Fiscalía pide 125 años de cárcel por la pieza central de Gürtel y otros 76 por su derivada en la Comunidad de Madrid

Durante sus declaraciones, que arrancaron en octubre, Correa ha admitido casi todas las acusaciones de la Fiscalía en un intento de mostrar colaboración con la justicia y tratar de aligerar la, presumiblemente, mastodóntica carga penal que se le viene encima. Por la ramificación de Gürtel en la Comunidad de Madrid, el ministerio público solicita otros 76 años de prisión, que se suman a los más de 100 acumulados en las seis piezas separadas que se instruyen en la Comunidad Valenciana.

Y es que los tentáculos de Correa alcanzan a toda la trama de corrupción que amenaza al Partido Popular en los juzgados. Ante la Audiencia Nacional, Correa ya reconoció que la sede de los populares en la calle Génova era «su casa» y no ahorró en detalles para describir su relación con el partido, con el que admitió que intermediaba a través del ex tesorero Luis Bárcenas y del ex alcalde de Pozuelo y ex marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda. «Venía un empresario, nos daban la licitación y yo se lo pasaba a Luis Bárcenas. Él la gestionaba con el correspondiente ministerio y el empresario, si era adjudicatario, me entregaba un porcentaje del 2 o 3% y yo se lo llevaba a Génova», describió.

Una declaración que provocó que, el 3 de enero de este mismo año, la acusación particular solicitara reabrir la investigación de la causa de la Caja B del Partido Popular, cuya instrucción ya había cerrado el entonces juez de este caso Pablo Ruz en marzo de 2015, acreditando que la financiación oculta del PP, activa entre 1990 y 2008, llegó hasta los 7,5 millones de euros. Por esa pieza, Ruz propuso juzgar a los dos ex tesoreros del partido, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, al ex gerente Cristóbal Páez, al arquitecto Gonzalo Urquijo y a una empleada de la empresa Unifica, el estudio de arquitectura que ejecutó la reforma de la sede de Génova 13, financiada presuntamente con un dinero negro en cuya captación Correa jugaba un papel fundamental.

Ramificaciones autonómicas

La primera sentencia contra Correa, sin embargo, ha llegado en una de las ramificaciones autonómicas de la trama Gürtel, la pieza separada que investigaba los amaños de contratos en las adjudicaciones de Fitur entre 2005 y 2009 por parte de la consejería de Turismo de la Comunidad Valenciana. Los 13 años que Correa tendrá que pasar en la cárcel por este caso se destribuyen en tres años por asociación ilícita, otros tres por cohecho activo, uno por tráfico de influencias y seis por malversación de caudales públicos.

Correa ha sido condenado por la pieza 3 de Gürtel en la Comunidad Valenciana, pero arrastra acusaciones semejantes en el resto

Y esta es sólo la primera pieza juzgada de las seis que relacionan a Gürtel con la Comunidad Valenciana. La 3, concretamente. La 1 indaga en un supuesto delito electoral de financiación ilegal en las elecciones municipales y autonómicas de 2007; la 2 detalla un presunto delito de falsedad documental relacionado con los actos de campaña del PP para las generales del 2008, y de ambas piezas se deriva la 6, sobre supuestos delitos contra la Hacienda Pública de la empresa Orange Market, presidida por Álvaro Pérez El Bigotes, que también ha ingresado este martes en prisión sin fianza e íntimo amigo y colaborador de Correa.

Además, la pieza 4 abunda en las contrataciones con Radiotelevisión Valenciana (RTVV) relativas a la visita del Papa en el año 2006; y la 5 desglosa el resto de contrataciones de la trama con la Generalitat, a excepción de las de Fitur.

La sentencia de la pieza 3, por tanto, deja ver un horizonte negro para Correa, que arrastra acusaciones casi idénticas en la mayoría de las causas. Desde hace meses, el empresario trata de negociar una acumulación de las causas y por tanto de las penas, que pudiera llevar a una reducción merced a una actitud colaboracionista con la justicia. Sin embargo, esa circunstancia ni se ha producido hasta ahora ni da visos de que vaya a producirse en un futuro cercano. A partir de ahora Correa tendrá que acudir a declarar en furgón policial y, salvo sorpresa, lo hará durante mucho tiempo.