La Junta de Andalucía sufragó el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a una empresa que había declarado el año anterior un beneficio superior a 1,25 millones de euros y que tuvo para ella un coste de más de 1,5 millones de euros. La compañía beneficiaria, Río Grande Sevilla SL, ha sido incapaz de acreditar el pago de los 157.000 euros que le correspondía desembolsar.

Este caso pone de manifiesto nítidamente el descontrol en la concesión de ayudas con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles –investigada judicialmente desde hace más de seis años y que ha acabado de forma anticipada con las carreras políticas de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán- que imperó durante años y que no todas las empresas beneficiarias estaban en crisis. Es, además, uno de los ERE en los que se colaron intrusos.

En un auto fechado el pasado 8 de febrero, el juzgado sevillano que investiga el caso ERE avanza en la instrucción de la pieza separada correspondiente a la ayuda concedida a Río Grande y llama al procedimiento en calidad de imputados a seis personas: la dueña de la empresa, Carmen García Sánchez; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y Juan Márquez; la intrusa María del Carmen Fontela; el conseguidor Juan Lanzas y el ex comercial de la mediadora Vitalia Francisco González.

Las prejubilaciones de 12 de los 33 empleados del restaurante Río Grande tuvo un coste para la Junta de 1,5 millones

El 28 de julio de 2005, la empresaria envió a la Delegación de la Consejería de Empleo en Sevilla el acta de fin de periodo de consultas y del acuerdo alcanzado con la representación de los trabajadores, sustanciado en la prejubilación de 12 empleados para los que se suscribiría un plan de rentas hasta alcanzar los 65 años y enlazar con la jubilación ordinaria. Un día después, Empleo autorizó la extinción de 12 contratos laborales de los 33 que integraban la plantilla y el 3 de octubre de dicho año se suscribieron cuatro pólizas con Personal Life, del grupo Vitalia.

En el auto, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, llama la atención sobre el hecho de que la empresa adujera unos resultados negativos como causa para tramitar el ERE cuando Río Grande había cerrado el ejercicio anterior con unos beneficios de 1.250.594,42 euros, según el Impuesto de Sociedades declarado por la compañía a la Agencia Tributaria.

Ello le permite a la instructora concluir que existen indicios suficientes para considerar que Río Grande «no era una empresa en crisis». «La propia Dª Carmen García manifiesta que hubiera solicitado el ERE igualmente sin ayuda de la Junta y que lo hubiera pagado», según reconoció a preguntas de los abogados que ejercen la acusación popular en nombre del PP cuando compareció como imputada el 15 de septiembre de 2011. Entonces la causa la instruía la juez Mercedes Alaya y no se había desgajado aún en piezas separadas.

En su declaración, la empresaria reconoció que no solicitó la ayuda a la Junta al entender que lo cofinanciaba la Administración autonómica, según le había dicho el comercial Francisco González. Fue éste quien le informó de la posibilidad de acogerse a este tipo de ayudas, que no se publicaban en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y que eran desconocidas para la inmensa mayoría de las empresas de la comunidad.

En este ERE se coló una intrusa, amiga de la empresaria y a la que le quedaban tan sólo tres meses para jubilarse

«Podría considerarse que Dª Carmen se beneficia de unas ayudas ahorrándose el pago a los trabajadores, a sabiendas de que no tiene derecho a ello y conociendo la existencia de dos posibles intrusas», expone en su resolución la juez Núñez Bolaños.

En el ERE de Río Grande se colaron dos falsos trabajadoras. De un lado, María José de la Rosa Aparicio, amiga de Carmen García y a quien la empresa contrató tan sólo tres meses antes de cumplir la edad de jubilación. La otra intrusa es María del Carmen Fontela, vecina del comercial de Vitalia Francisco González y quien accedió a abrir una cuenta a petición de éste en la que se ingresaba el dinero de la ayuda y de la que aquél lo sacaba mensualmente para repartírselo con Juan Lanzas.

Informe de los peritos

En el informe elaborado a petición del juzgado, los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) cifraron en 1.531.299,91 euros el coste que el ERE de Río Grande tuvo para la Junta de Andalucía. Esa cifra es superior a la comprometida por el director general de Trabajo y Seguridad Social cuando dio el visto bueno a la suscripción de una póliza de prejubilaciones para 12 trabajadores de Río Grande: 1.328.185 euros.

En el auto, la juez también pone de manifiesto que la empresa «ha sido incapaz de justificar y/o aportar al procedimiento documento acreditativo» de haber realizado los tres pagos que le correspondían por un montante de 157.020 euros.