El caso Nóos llegó a los tribunales en el año 2010 como una derivación del caso Palma Arena, nacido a partir de una denuncia del gobierno socialista de Francesc Antich por los sobrecostes, superiores a los 50 millones de euros, en los que se incurrió durante la construcción del velódromo. En el curso de esa investigación emergieron varios acuerdos millonarios e injustificados entre el Govern y el Instituto Nóos, presidido entonces por el duque de Palma, que terminaron provocando la investigación completa de la estructura empresarial liderada por Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres y sus relaciones con la Administración, especialmente en Baleares y la Comunidad Valenciana.

  • Iñaki Urdangarin. El ex duque de Palma está acusado de utilizar el Instituto Nóos y el resto de sociedades que de él se desprendían para captar ilegalmente dinero de las Administraciones Públicas en Baleares, Valencia y Madrid, principalmente. Se le imputan en total cinco delitos de prevaricación, otros cinco de fraude, cinco más de tráfico de influencias, cuatro de malversación, dos delitos contra la Hacienda Pública, uno de falsedad documental, uno de estafa, uno de falsificación y otro de blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él 19 años y medio de prisión. Urdangarin siempre ha defendido su inocencia, y aunque sin querer apuntar directamente al Rey emérito, ha asegurado que daba todos sus pasos con el consentimiento de su entorno, concretamente, de Carlos García Revenga, ex secretario de las infantas.
  • Cristina de Borbón. La infanta está procesada como cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública, tras un largo tira y afloja entre el juez instructor del caso, José Castro, y el fiscal Pedro Horrach, que se ha mantenido invariablemente en contra de la imputación de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía. En abril de 2013, el juez Castro decidió finalmente aceptar su imputación, según el auto, porque “si bien no existen evidentes indicios racionales de que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia interviniera activa y decididamente en la gestión cotidiana del Instituto Nóos, sí que existen suficientes de que prestaba su consentimiento a que su parentesco con S.M. El Rey fuera utilizado por su marido y por Don Diego Torres Pérez, a sabiendas de que lo era para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como privilegiado de las Administraciones Públicas”. La Fiscalía no pide prisión para ella. Sólo lo hace la ya desmantelada Manos Limpias, que solicita ocho años de prisión y una multa de dos millones de euros.
  • Diego Torres. El ex socio de Iñaki Urdangarin aportó a la causa correos electrónicos con los que trataba de demostrar la implicación de la infanta Cristina en la trama y en la toma de decisiones. Se enfrenta exactamente a los mismos delitos que Urdangarin, excepto uno contra la Hacienda Pública. Por ello, la petición de la Fiscalía contra Torres es algo menor: 16 años y medio.
  • Ana María Tejeiro. Es la esposa de Diego Torres y era la responsable de contratación en las empresas del entramado Nóos, que en muchas ocasiones empleaban a trabajadores fantasma. La Fiscalía la acusa de blanqueo de capitales y pide dos años de cárcel para ella, mientras que Manos Limpias, personada como acusación particular, reclama la misma pena que para Iñaki Urdangarin: 19 años y medio.
  • Marco Antonio Tejeiro. El cuñado de Torres, ex contable del Instituto Nóos, será juzgado por malversación, falsedad documental, estafa, blanqueo, tráfico de influencias y prevaricación. Sin embargo, al haber reconocido todos los hechos, la Fiscalía sólo reclama para él dos años de cárcel.
  • Jaume Matas. El ex presidente balear y ex ministro de Medio Ambiente, ya en prisión, puede enfrentarse a otros 11 años de condena si el tribunal le encuentra culpable  de los delitos, por partida doble, de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias, presuntamente cometidos por contratar de manera ilegal con el Instituto Nóos.
  • José Luis Ballester. Pepote, amigo íntimo de Urdangarin y la infanta Cristina y campeón olímpico de vela, ejerció como director general de Deportes del gobierno balear durante el período investigado. Fue responsable de varias contrataciones con Nóos, y se le acusa de presunta malversación, prevaricación, falsedad y fraude en los contratos. La Fiscalía pide también dos años para él por haber colaborado con la investigación. Peticiones mayores afrontan Gonzalo Bernal (entre 8 y 11 años, ex director de la Fundación Illesport), Juan Carlos Alía (entre 4 y 11 años, ex director del Instituto Balear de Turismo) y Miguel Ángel Bonet (entre 5,5 y 13 años, ex secretario de Ibatur).
  • Alfonso Grau. Ex vicealcalde de Valencia, se enfrenta a una petición máxima de 11 años de prisión por prevaricación administrativa, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias en relación a la contratación del instituto Nóos a través de la Fundación Turismo de Valencia Convention Bureau (FTVCB), que él presidía. En la trama valenciana, también están implicados Luis Lobón (ex secretario de Turismo de la Comunidad Valenciana), Elisa Maldonado (ex responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias), Jorge Vela (ex director del Instituto Valenciano de Finanzas) y José Manuel Aguilar (ex director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias).