Caso Nóos

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El caso Nóos comenzó a investigarse en el año 2010 como pieza separada de la macrocausa del Palma Arena, a raíz de la denuncia presentada por el gobierno socialista de Francesc Antich por los más de 50 millones de euros en sobrecostes que acumuló la construcción del velódromo en la capital balear durante la etapa de Jaume Matas (PP). En el marco de dicha instrucción se conoció la existencia de varios acuerdos millonarios e injustificados entre el Ejecutivo autonómico y el Instituto Nóos -presidido entonces por el duque de Palma-, que terminaron provocando la investigación completa de la estructura empresarial liderada por Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres y sus relaciones con la Administración, especialmente en Baleares y la Comunidad Valenciana.
El cuñado del Rey Felipe VI se sentó en el banquillo de los acusados por utilizar el Instituto Nóos y el resto de sociedades que de él se desprendían para captar ilegalmente dinero de las Administraciones Públicas en Baleares, Valencia y Madrid, gobernadas por el Partido Popular. La Audiencia de Palma lo condenó en febrero de 2018 a seis años y tres meses de prisión, condena que cuatro meses después rebajó el Tribunal Supremo a cinco años y diez meses al considerar que no había quedado acreditado uno de los delitos de falsificación por el que también había sido imputado en primer instancia.
La causa por la que Iñaki Urdangarin ingresará en prisión –difícilmente suspenderá cautelarmente el Tribunal Constitucional la ejecución de la sentencia al superar la pena los cinco años de prisión, su criterio jurisprudencial– pasará a la historia por ser la primera vez que un miembro de la Familia Real –concretamente la Infanta Cristina, esposa de Urdangarin y hermana del actual rey– tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados tras la acusación formulada por Manos Limpias.