El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dado indicaciones para que, en la medida de lo posible, las redadas vinculadas a investigaciones judiciales se lleven de la manera más discreta posible por parte de los cuerpos policiales a fin de evitar la pena de telediario que para los imputados supone la difusión de su imagen entrando en el furgón o camino del juzgado esposado. Sea del color político que sea la persona investigada. Sin distingos ideológicos.

Esta forma de actuar ya se pudo constatar la pasada semana con motivo del dispositivo desplegado por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en Marbella y Ceuta en el marco de una investigación que trata de dilucidar si se cometieron delitos en la adjudicación de una promoción de viviendas sociales en la ciudad autónoma. La operación se saldó con 12 detenciones, entre ellas las de dos consejeras del PP en el Gobierno ceutí -Rabea Mohamed (Educación y Cultura) y Susana Román (Economía y Hacienda)-, el diputado de la Asamblea autonómica Mohamed Alí (líder del partido Caballas); el ex viceconsejero y ex gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa) Antonio López, cinco empleados de esta empresa pública, un policía portuario, el empleado de una naviera y un empresario.

Esta actuación se pudo constatar la pasada semana en la detención de dos consejeras del PP en el Gobierno de Ceuta

Los agentes, muchos de paisano, se personaron a primera hora de la mañana del pasado viernes en la sede de Emvicesa para llevar a cabo los arrestos de los empleados, que abandonaron las instalaciones camino de la Jefatura Superior de Policía horas después sin esposas y camino de vehículos sin distintivos policiales que esperaban en la puerta con el objetivo de que el operativo pasara lo más desapercibido posible para la ciudadanía. La investigación que dirige el Juzgado de Instrucción 1 de Ceuta, que en la noche del viernes envió a prisión a cuatro de los detenidos, trata de determinar si se cometieron delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, organización criminal y cohecho en la adjudicación de 317 viviendas de protección en Loma Colmenar.

Investigados y abogados han criticado duramente en los últimos años muchos de los operativos desplegados por la Policía Nacional y la Guardia Civil en investigaciones por corrupción, al entender que en ocasiones son excesivas y que la difusión de la imagen de la persona arrestada por los medios de comunicación ya supone en cierta forma una condena para ella sin que aún hayan sido enjuiciados los hechos por los que es investigada: es la llamada pena de telediario. Ello es lo que se pretende minimizar con las indicaciones del nuevo titular de Interior, magistrado en comisión de servicios especiales al igual que el director de la Guardia Civil (José Manuel Holgado Merino).

Según ha podido conocer El Independiente, la intención de Juan Ignacio Zoido es evitar en la medida de lo posible que se produzcan aparatosos despliegues policiales de notable repercusión mediática con detenciones de personas que horas después son puestas en libertad sin medidas cautelares. O al menos que se lleven a cabo con la mayor discreción posible.

Investigados y abogados han criticado operativos de la Policía Nacional y la Guardia Civil por considerarlos excesivos

No fue precisamente lo que ocurrió en la mañana el pasado 17 de enero, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tomó la sede central de UGT-Asturias en Oviedo en el marco de una investigación que trata de esclarecer si se inflaron los costes de cursos de formación subvencionados para desviar dinero público a otros fines, como denunció un ex trabajador a finales de 2014. La redada se saldó con el arresto de seis miembros de UGT-Asturias -entre ellos el ex secretario general Justo Rodríguez Braga- que quedaron en libertad sin medidas cautelares tras pasar una noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo y pasar a disposición judicial.

«Hemos entregado toda la documentación y no entendemos este operativo mediático», censuró entonces Rodríguez Braga a las puertas de los juzgados tras quedar en libertad. El ex líder ugetista en Asturias sugirió que el operativo se habría llevado a cabo para «tapar otras cosas como el caso del Yak-42», toda vez que se llevó a cabo días después de que la ministra María Dolores de Cospedal compareciera en el Congreso para explicar el dictamen del Consejo de Estado que acredita la responsabilidad patrimonial en el accidente que le costó la vida a los 62 militares españoles que regresaban a sus casas tras participar en una misión internacional en Afganistán y que murieron tras estrellarse el avión en el que viajaban en Trebisonda (Turquía).

La redada también fue duramente criticada por el actual secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, que la calificó de «espectáculo innecesario». «Llevamos más de un año de investigación por los cursos de formación y no era necesario este despliegue de medios porque estamos desde mayo a disposición de la Justicia, que queremos que actúe rápido», denunció.

Investigación interna

La UCO de la Guardia Civil también tenía instrucciones precisas para personarse de la manera más discreta posible en la sede de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía en la mañana del pasado 23 de enero para requerir, por orden del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, la entrega de los correos electrónicos de los altos cargos vinculados al concurso para la explotación de los derechos mineros de Aznalcóllar que fue adjudicado a Minorbis-Grupo México. Los agentes no vestían uniforme para tratar de pasar lo más desapercibidos posible y no llamar la atención de los funcionarios que se encontraban en el edificio en ese momento.

De hecho, cuando este diario desveló la presencia de los agentes en esta sede administrativa del Gobierno andaluz tras ordenar la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que se reabriera el caso por los indicios de irregularidades, la Guardia Civil puso en marcha una investigación interna para tratar de averiguar si este periódico fue avisado por algún funcionario del cuerpo para tomar medidas contra él.

Cuando fue preguntado en su comparecencia de los martes tras la reunión semanal del Ejecutivo de Susana Díaz, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, mostró su «extrañeza» por el hecho de que «algún medio de comunicación» -en alusión velada a este diario- «ya supiera [supuestamente] que los agentes iban a la Consejería de Empleo incluso antes de que se presentaran». «Esa forma de actuar no ayuda ni contribuye al esclarecimiento del tema y desde luego tampoco favorece la investigación», criticó.