La pieza política del caso ERE será enjuiciada por la Sección de la Audiencia de Sevilla que preside un alto cargo de la Junta de Andalucía en la etapa de presidente del socialista Manuel Chaves, uno de los 26 procesados junto a José Antonio Griñán y otras 24 personas más. Los imputados en esta rama de la causa evitan así al magistrado Ángel Márquez, el instructor del caso Juan Guerra en los años 90 y actual presidente de una de las secciones a la que le podía haber correspondido.

La Audiencia de Sevilla ha llevado a cabo en la mañana de este jueves el sorteo entre las secciones penales -hay cuatro, pero en la práctica sólo podía asignarse a la primera, la tercera o la cuarta puesto que la séptima ha sido la encargada de resolver los recursos en la fase de instrucción- después de que el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla elevara la causa. Finalmente le ha correspondido el enjuiciamiento de esta pieza a la Sección Primera, presidida por Pedro Izquierdo Martín y a la que están adscritos los magistrados Juan Antonio Calle, María del Pilar Llorente, Encarnación Gómez Caselles y Auxiliadora Echevarri.

El sorteo se hizo debido «a las excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática» de la causa, según la propuesta planteada por el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, y que aprobó esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Extracto del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en el que se publicó el nombramiento de Pedro Izquierdo.

Pedro Izquierdo gozó de una excedencia por servicios especiales en la carrera judicial durante más de seis años tras ser nombrado secretario general de Modernización de la Justicia -dependiente de la entonces Consejería de Justicia y Administración Pública- el 29 de abril de 2008 en sustitución de Celso José Fernández Fernández. Entonces presidía la Junta Manuel Chaves, que en las elecciones autonómicas celebradas el 9 de marzo de aquel año había reeditado la mayoría absoluta, y la titular de ese departamento era Evangelina Naranjo.

De izquierda a derecha, Pedro Izquierdo, Ángel Márquez, Luis Revilla y Damián Álvarez. EP

El 20 de mayo de 2008, el magistrado salmantino pasó a ocupar la Secretaría General para la Justicia, el número tres en la estructura de Justicia y Administración Pública y la persona que suplía al consejero y al viceconsejero en ausencia de éstos. Se mantuvo en ese puesto hasta el 22 de julio de 2014, siendo ya presidenta del Ejecutivo autonómico Susana Díaz y consejero de Justicia e Interior Emilio de Llera, cuando pidió su relevo aduciendo «motivos profesionales» y volvió a su plaza en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

Los altos cargos evitan al juez Ángel Márquez, instructor del ‘caso Juan Guerra’ en los años 90

Preguntado por los periodistas si se abstendrá de formar parte del tribunal que juzgue a Chaves y Griñán dado su pasado como ex alto cargo de la Junta, Pedro Izquierdo ha señalado que, una vez se realice el sorteo interno y se conozca si forma parte del tribunal, «tomará la decisión que tenga que tomar en ese momento».

Pese a su pasado como alto cargo de la Junta y tener aparentemente comprometida su imparcialidad, Pedro Izquierdo Martín no se ha inhibido hasta ahora y ha participado en la votación y resolución de varios recursos interpuestos por la acusación popular que ejerce el PP en varios casos de corrupción que afectan a la Junta de Andalucía, Administración para la que trabajó como alto cargo de la Consejería de Justicia.

Así, el pasado 16 de enero fue el ponente en el auto por el que se acordó fijar una fianza de 12.000 euros al PP para poder ejercer la acusación en el caso de los avales concedidos por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a empresas en crisis, también instruido por la juez Núñez Bolaños.

El juez no aclara aún si se abstendrá de forma parte del tribunal que juzgará a Chaves y Griñán

También consta una diligencia de ordenación designando a Pedro Izquierdo como ponente para resolver el recurso de reforma presentado por el PP contra la providencia por la que la ahora titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla acordó dejar sin efecto un auto que había firmado su antecesora días antes de salir sobre la causa de la formación y que no se había notificado a las partes cuando llegó Núñez Bolaños.

Después de más de seis años de instrucción, se prevé que el primer juicio del caso ERE arranque a finales de este año. Es la pieza en la que se dilucidará la responsabilidad de los altos cargos de la Junta en el diseño, implantación y mantenimiento de un procedimiento específico por el que la Administración autonómica repartió el dinero de forma arbitraria durante una década. Los 26 procesados en esta rama se sentarán en el banquillo de los acusados por prevaricación y asociación ilícita y, de ellos, 18 también por malversación de caudales públicos.

Petición de cárcel para Griñán

En el caso de los ex presidentes de la Junta, la Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para José Antonio Griñán por delitos continuados de malversación y prevaricación -derivado fundamentalmente por su actuación como consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009- y de 10 años de inhabilitación paa Chaves por prevaricación.

Además de los titulares del Ejecutivo autonómico entre 1990 y 2009, también tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados los ex consejeros del Gobierno andaluz Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo; ex viceconsejeros; tres directores generales; dos secretarios generales técnicos de Empleo; un interventor general de la Junta y tres directores generales de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).