El número de suicidios consumados en la Guardia Civil desde 2006 alcanza ya los 127, cifra que representa casi un 25% más de la que se registra en el mismo periodo en la Policía Nacional. Es la gran tragedia oculta que se vive en el Instituto Armado, que suma 478 fallecidos en estas circunstancias desde 1982 y que está viviendo un arranque de año especialmente dramático: cinco fallecidos en 51 días, a una media de uno cada 10 días.

Se trata de un repunte similar al registrado en octubre pasado, cuando tres agentes -dos en Madrid y uno en Albacete- decidieron quitarse la vida. Las cifras ponen en cuestión la eficacia del plan de prevención que la Guardia Civil puso en marcha en 2002 con el objetivo de analizar las causas que motivaban las conductas suicidas y los factores de riesgo para aplicar instrumentos a fin de detectarlas. Para ello se habilitó un teléfono de atención telefónica disponible las 24 horas que garantiza confidencialidad y una red de gabinetes de psicología para ofrecer atención presencial a aquellos agentes que lo requieran, al tiempo que se investigaron los casos tanto consumados como en tentativa mediante el seguimiento de las víctimas y sus familias por personal cualificado.

En respuesta escrita a una pregunta de las diputadas socialistas Zaida Cantera y Ana María Botella, el Gobierno reconoció el pasado mes de diciembre -con datos referidos al 25 de noviembre- que el número de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que se suicidaron entre 2006 y 2016 ascendía a 90, de los cuales 15 se quitaron en dependencias policiales y 77 utilizaron armas de fuego. En el mismo periodo, los guardias civiles que pusieron fin a sus vidas se elevaron a 122, cifra superior en más de un 25% a la registrada en el otro cuerpo policial.

El año 2017 arranca de manera dramática: cinco suicidios en menos de dos meses, a una media de uno cada 10 días

La horquilla oscila entre los siete que se registraron en 2007 y los 18 de 2008. El desglose completo es el siguiente: 12 en 2016, ocho e 2015, 12 en 2014, nueve en 2013, 12 en 2012, 14 en 2010, 11 en 2009, ocho en 2007 y 11 en 2006. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de muerte por suicidio en España se sitúa en 7,8 por cada 100.000 habitantes (12,02 en hombres y 3,76 en mujeres), cifra muy por debajo del índice que mayoritariamente se ha constatando en la Guardia Civil en la última década.

El pasado lunes, el mismo día que se quitaba la vida un agente destinado en Toledo, el grupo socialista formalizó en el Congreso la petición de comparecencia ante la comisión de Interior del director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, para que informe de las medidas que piensa adoptar para hacer frente al repunte de suicidios y tentativas en el cuerpo. "No es normal que en 2016 se registrara una muerte cada 26 días, una tasa excesivamente elevada y muy superior a la de la Policía Nacional", expone la parlamentaria Zaida Cantera, que recuerda que su grupo ya ha presentado una Proposición No de Ley para que se constituya un grupo de trabajo que analice el problema a fondo y estudie las medidas que ayuden a reducir estas cifras.

Los estudios e investigaciones realizados lleva al Ministerio del Interior a afirmar que el 90% de los suicidios que se han registrado entre agentes de la Guardia Civil están motivados por causas "claramente desvinculadas" de la actividad laboral y, por el contrario, relacionadas con el "ámbito personal, sentimental y familiar". Sea como fuere, se trata de una de las grandes preocupaciones, por encima del déficit de plantilla y de la desigualdad salarial con otros cuerpos policiales.

Interior sostiene que el 90% de los fallecimientos en la Guardia Civil son ajenos a la actividad laboral

"Parece evidente que el plan de prevención no termina de funcionar. Es un problema multicausal y tenemos un factor de riesgo como es el arma. El ambiente laboral tiene que influir. ¿En qué medida? No lo sabemos. Lo que es una realidad es que tenemos una tasa más elevada que otros cuerpos, como la Policía Nacional, y que la sociedad en general", expone Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Consciente de la situación, la AUGC ha puesto en marcha una campaña institucional entre organizaciones civiles, grupos políticos y ministerios (Sanidad e Interior) con la que, más que buscar culpables, trata de "aunar voluntades y buscar soluciones" de manera conjunta para abordar un problema que cada año "deja su devastadora huella en demasiadas familias de guardias civiles". "Nadie puede seguir mirando hacia otro lado cuando hay vidas humanas en juego, como triste y reiteradamente ha quedado demostrado a lo largo de los últimos años", plantea.

Fernández exige un "estudio serio" sobre las causas que llevan a agentes a poner fin a sus vidas y que se hagan "cambios" en el plan de prevención de conductas suicidas, a la vista de la elevadas tasas que se siguen registrando casi 15 años después de su puesta en marcha. En este sentido, el representante de la AUGC juzga imprescindible que los psicólogos que prestan atención a los guardias civiles sean externos y no personal de uniforme sometido a la disciplina y cadena de mando, ante el recelo que ello puede provocar en agentes con conducta depresiva por temor a que si plantean el problema ello pueda influir negativamente en su carrera profesional.

El portavoz de la AUGC valora positivamente el servicio de atención telefónica durante 24 horas pero sólo como "toma de contacto", al tiempo que considera también necesario que se cuente con un psicólogo en cada comandancia. A este respecto, recuerda que desde que se suicidó el psicólogo de Toledo no se ha cubierto la plaza, desplazándose desde Madrid un profesional cuando un agente lo requiere.

La AUGC dice que no está funcionando el plan puesto en marcha en 2002 y pide que los psicólogos sean externos

"Este problema es prioritario, por encima de las reivindicaciones salariales. Sabemos que la tasa cero no va a existir, pero hay vidas en el futuro que dependen de las decisiones que se tomen en el presente", añade Juan Fernández.

El psicólogo Daniel J. López Vega, autor de un libro (¿Todo por la patria?) en el que desgrana los resultados de su estudio sobre los suicidios en el Instituto Armado, traza el perfil sociológico del agente que se suicida: varón -entre otras razones porque el cuerpo está formado sólo por un 6% de mujeres-, de unos 40 años, que utiliza arma de fuego, no siempre de baja psicológica y, en algunos casos, con problemas laborales.

"Los hombres tienen más dificultad para manejar situaciones emocionales complejas y les cuesta más trabajo pedir ayuda. Esto está potenciado por la imagen del policía como máquina o como persona 'preparada para todo'. Muchos casos se relacionan con pérdidas emocionales o separaciones en personas vulnerables. Sin embargo, las tasas superiores no son explicables exclusivamente por estas razones. La Guardia Civil tiene una deuda pendiente para afrontar que tiene tasas superiores a otros colectivos con el mismo riesgo en la posesión de armas de fuego", razona López Vega.

En su opinión, es necesario informar acerca de este fenómeno, respetando a las víctimas y a los supervivientes. "No existe ninguna razón que justifique el oscurantismo o el silencio sobre este tema más allá de lo moral o el tabú. La conducta suicida es un problema de salud pública", subraya.

Entorno laboral

Igualmente, aboga por que se reconozca que las tasas de suicidio entre guardias civiles es superior a las de la población general y a las de otros cuerpos policiales y que se tenga en cuenta el "medio laboral" desde una perspectiva preventiva. "Achacarlo exclusivamente a lo personal supone eludir una responsabilidad", sentencia.

"Habría que revisar cómo el entorno laboral de un guardia civil afecta a su vida personal y familiar tanto por la idiosincrasia militar del cuerpo como por los riesgos inherentes de su trabajo. Medidas más concretas pasan por un mayor control de las armas de fuego, procesos selectivos que detecten personas con vulnerabilidad, revisiones médico-psicológicas periódicas y un mayor apoyo psicológico para afrontar sus trabajos y las emociones negativas. Las autopsias psicológicas y un mayor esfuerzo preventivo, además de apoyo a los supervivientes, sería también aconsejable", apostilla.