Francesc Homs intentó este lunes en el Tribunal Supremo negar la acusación de desobedecer al Tribunal Constitucional cuando este suspendió el 9-N en una declaración farragosa en la que afirmó que la providencia del alto tribunal era «inconcreta» por lo que el Govern «pidió aclaraciones». Sin embargo, no obtuvo respuesta así que la Generalitat acordó mantener el proceso participativo que estaba «organizado por voluntarios» porque «no se puede suspender aquello que no se hace», es decir, la consulta popular.

El dirigente catalán, abogado de profesión, ha mantenido la tesis de que la Generalitat dejó sin efecto la consulta popular tras la primera suspensión acordada por el TC en septiembre del 2014, pero aseguró que el 9-N era otra cosa, un proceso participativo que estaban obligados a respetar porque «no podíamos hacer otra cosa».

Una suspensión «inconcreta»

Homs aseguró que el Govern «está sometido a las leyes» y ha cuestionado la vía que empleó el Gobierno central para parar el 9-N. Y también la decisión del Constitucional de no contestar a su recurso de aclaración. «Si el TC hubiera contestado no estaríamos aquí», apostilló. Y es que, en su opinión, la orden de suspensión «era inconcreta» porque era «un menú infinito que lo prohibía todo», es decir, «si lo prohibía todo no mandaba nada». Y añadió: «No había forma humana de conocer el alcance de la suspensión».

A pesar de ello, ha insistido en varias ocasiones que esta cuestión es «política», pero negó que hubiera cometido algún delito y mucho menos de desobediencia. «Queríamos hacer las cosas bien hechas», aseguró. Por ello, declaró: «Yo asumo todos los hechos lo que no quiere decir que yo haya cometido un ilícito penal».

«Se juzga a una persona por haber ayudado a poner unas urnas en un proceso participativo

Asimismo, ha manifestado que este juicio «es un error» porque se está enjuiciando a «una persona por haber ayudado a poner urnas en un proceso participativo». Y ha reiterado que el Gobierno le comunicó, en una conversación, que no actuaría si suspendía la rueda de prensa para informar del 9-N. Una opción imposible porque era su obligación contestar a los medios de comunicación que se habían acreditado para asistir este día a la consulta popular.

Imputación tras ser elegido diputado

También vinculó su imputación en el Tribunal Supremo al hecho de que fue elegido parlamentario en el Congreso de los Diputados en las elecciones del 20-N. «Con este pretexto» se incorporó la carta que había remitido a una empresa de informática para que siguiera adelante con el 9-N. Hasta entonces «se habían interpuesto querellas contra mí por iniciativa popular», pero no se me había incluido en la querella presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Artur Mas, a pesar de que su implicación «era pública y notoria».

Asimismo, recordó que en octubre del 2014 un medio de comunicación divulgó una conversación del entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz con el ex responsable de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso en la que el primero le decía: «Esto te lo afina la fiscalía» en relación a un expediente que tramitaba el segundo sobre Homs.

El dirigente catalán asegura que se enteró de la suspensión del 9-N por los medios de comunicación

El dirigente catalán también aseguró que se enteró de la suspensión por los medios de comunicación aunque luego el Tribunal Constitucional le notificó la providencia por correo electrónico, pero en ella no les advertía de las consecuencias de su incumplimiento como ha hecho posteriormente.

Estas explicaciones se han llevado a cabo después de un tenso debate con el fiscal Jaime Moreno quien ha interrumpido en varias ocasiones el discurso de Homs para que respondiera sus preguntas. «En mi casa me enseñaron que no se debe interrumpir al que habla, yo no quiero faltar al respeto», apostilló. El presidente del tribunal, Manuel Machena, ha tenido que intervenir y tras recordar al dirigente catalán que «esta no es su casa sino el Tribunal Supremo» le ha pedido que no hiciera «una glosa de la pertinencia o no de las preguntas» y después ha pedido al fiscal que le «dejara contestar».

Cuestiones previas

La declaración del dirigente catalán ha comenzado después de que su abogada, Eva Labarca, haya protestado porque no se ha incorporado a la causa un informe de la Fiscalía de Cataluña que no apoyaba la presentación de la querella contra Artur Mas y que fue tumbado por la junta de fiscales de sala de la fiscalía general.

También ha pedido a los jueces que reconsideren su negativa a que comparezcan en la vista como testigos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que presidió el pleno que suspendió la consulta soberanista y Eduardo Torres Dulce, ex fiscal del Estado, para saber si dimitió por discrepancias jurídicas en este caso.

El tribunal mantiene su postura contraria a las declaraciones como testigos de Rajoy y Catalán

El fiscal Jaime Moreno se ha opuesto a estas pretensiones. Una posición que ha sido asumida por la sala, que ha acordado mantener su criterio inicial tras deliberar estas solicitudes durante unos minutos.

Puntual con su cita judicial

Francesc Homs ha llegado a su hora al Tribunal Supremo para ser juzgado por un delito de desobediencia y prevaricación administrativa por el 9-N. Antes de acceder al alto tribunal se ha despedido de las casi 300 personas que le han acompañado hasta esta sede judicial. El último saludo ha sido con el ex president Artur Mas que declarará en esta vista como testigo el martes por la tarde.

Gritos de «queremos votar» a las puertas del alto tribunal

Fuera de la sede judicial han permanecido concentradas estas personas que han coreado: «Queremos votar» y han cantado el Segadors mientras están custodiados de la policía nacional, y separados de otro pequeño grupo que portaba banderas españolas.

La acusación

Homs está siendo juzgado por siete togados de la sala penal del alto tribunal y se enfrenta a 9 años de inhabilitación. En el caso de que sea condenado perdería su escaño de diputado en el Congreso de los Diputados y desaparecería de la vida pública porque no podría volver a ser elegido en unas elecciones ni ocupar cargo público.

La vista está previsto que se prolongue durante tres días. El fallo del Tribunal Supremo será firme aunque este tribunal revisará la sentencia que dicte en los próximos días el TSJC contra Mas y las conselleras Irene Rigau y Joana Ortega por estos mismos hechos.