El juez José de la Mata ha decidido reabrir la causa de los papeles de Bárcenas que estaba ya señalada para ir a juicio después de la declaración de Francisco Correa en la vista del caso Gürtel en la que aseguró que realizó «gestiones» para que grandes constructores pagaran comisiones al PP a cambio de adjudicaciones públicas. El magistrado sostiene que este relato «es consistente» para verificar si las anotaciones llevadas a cabo por el ex tesorero del PP se corresponden con mordidas pagadas por empresarios.

La petición de reapertura fue solicitada por la fiscalía Anticorrupción, IU y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) tras el testimonio de Correa y del empresario Alfonso García Pozuelo que admitió que realizó pagos a «organismos centrales». El juez explica que la investigación sobre estas anotaciones del ex tesorero popular «constituyen un soporte documental-contable, por rudimentario que sea, de transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico» obtenidas por el PP y «determinadas personas», a cambio «de interceder o presionar para conseguir que se produjeran determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones».

Ministerios de Estado

El empresario explicó en la vista, en la que alcanzó un acuerdo con la fiscalía a cambio de obtener una rebaja en su pena, que el destino del dinero que entregó «eran organismos centrales» que, según las peticiones de reapertura, se refieren a los Ministerios de Medio Ambiente y de Fomento y la sede nacional del PP.

Por su parte, Correa manifestó, «que a propuesta de Bárcenas» intermedió con grandes empresas (ACS, Dragados, OHL y Degremont) que eran contratadas por la Administración para lograr adjudicaciones públicas a cambio de comisiones que repartió con otro intermediario Plácido Vázquez, con el ex tesorero popular y con el partido conservador.

El jefe de la red de corrupción declaró también que desde la llegada del PP al poder en 1996, este partido cobró sobornos de entre un 2 y un 3% a empresarios a cambio de adjudicaciones públicas sobre todo de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente que son los que tienen mayor capacidad inversora.

Correa desvela el sistema de comisiones, según el juez

Estas manifestaciones, según el juez, «son relevantes y útiles» porque «son los únicos testimonios que apuntan a una relación entre las entregas de dinero para la realización de gestiones tendentes a la consecución de contratos públicos» al ofrecer «un relato consistente» sobre los métodos para «gestionar» las solicitudes de las empresas «y la mecánica de distribución de las ganancias obtenidas por las comisiones entregadas por las empresas en caso de éxito en la adjudicación pretendida».

Los otros investigados

El magistrado recuerda que García Pozuelo se negó a declarar en esta causa y que Correa tampoco ha comparecido. Se da la circunstancia de que en esta investigación estuvieron imputados los principales empresarios de este país como Juan Miguel Villar Mir de OHL. Todos los constructores defendieron la legalidad de sus contratos con la administración pública y la Intervención General del Estado concluyó que estas empresas no pagaron donativos al PP a cambio de adjudicaciones públicas y tras las declaraciones de Correa negaron estas acusaciones.

Por ello, esta causa se limitó a las obras llevadas a cabo en la sede del PP que fueron pagadas con dinero negro. En el juicio que se iba a celebrar este mes se iban a sentar en el banquillo, el ex tesorero, el ex gerente Cristóbal Paez, los arquitectos Gonzalo Urquijo y su socia Belén García y la empleada del despacho de arquitectura, Laura Montero. En el auto de apertura de juicio oral, el juez impuso al PP una fianza como responsabilidad civil de 1,2 millones de euros y al resto de los acusados les obligó a depositar cantidades que oscilaban entre los 6,1 millones de euros y los nueve que fijó para Bárcenas y su antecesor Álvaro Lapuerta que ha quedado fuera de este juicio por enfermedad.

El ausente

El magistrado oirá a los nuevos imputados en esta causa los días 23 y 24 de marzo. Y rechaza, de momento, llamar a declarar a Jaume Matas que ha sido acusado por el juez José Castro de financiar ilegalmente al PP balear con dinero negro. Sin embargo, De la Mata señala que «no consta que haya prestado declaración fiscal o judicial en que haya realizado las manifestaciones» sobre estas cuestiones.

Correa se encuentra en prisión desde el pasado mes de febrero cuando la Audiencia de Valencia le condenó a 13 años de cárcel en el caso Fitur. El jefe de esta trama de corrupción cambió de estrategia en la vista del caso Gürtel y alegó esta colaboración con la justicia para evitar su ingreso en prisión, pero el tribunal no le dio credibilidad porque en su investigación se limitó a negar todo. Por ello, será la primera vez que Correa podrá demostrar que su intención es tirar de la manta tras asumir parte de los hechos que le imputan en el caso Gürtel.