El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, solo ha recibido el apoyo del PP en el Congreso de los Diputados al defender el relevo del fiscal jefe de Murcia y las otras renovaciones en la carrera fiscal al no conseguir convencer al resto de los grupos parlamentarios de que el Gobierno no está detrás de estas decisiones. Maza ha negado que el Ministerio de Justicia «le haya impuesto nada» y ha asegurado que en el caso de ser presionado volvería a su puesto en la sala penal del Tribunal Supremo.

Maza «decepcionó» a los parlamentarios al explicar durante casi media hora el estatuto del Ministerio Fiscal que regula la relación de los fiscales con sus superiores. Tras su intervención escuchó al portavoz del PSOE, Juan Carlos Campo, asegurar que en su caso «se amontonan los elementos de sospecha» y citó a las asociaciones fiscales que, en su opinión, le han pedido que «no tolere injerencias del Gobierno».

Fiscal del Gobierno

El resto de los grupos no fue más benévolo. José Manuel Villegas, de Ciudadanos, le advirtió que sus últimas decisiones le hacen «aparecer como un fiscal general del Gobierno y no como defensor de los intereses generales de los ciudadanos». Por su parte, Lourdes Ciuró, del grupo catalán, le preguntó cómo iba a defender a los fiscales «del autoritarismo» del ministro de Justicia, Rafael Catalá, e Irene Montero, de Podemos, sostuvo que estos cambios habían sido impuestos por el ministerio de Justicia.

Mientras, la representante del PP, María Jesús Moro, criticó la actitud de los otros partidos al cuestionar la independencia de la fiscalía  y denunció que «cualquier cosa que afecte al PP es una causa de acoso y derribo» y preguntó si existen criterios distintos «y un proceder distinto si el investigado es político y además de un determinado partido político».

Maza lamentó que «por informaciones de prensa» se haya deteriorado la imagen de la fiscalía en sus tres meses de mandato. Y reiteró que el fiscal «debe ser autónomo de cualquier poder y estar solo sometido a la ley». También negó que «le hayan impuesto nada» desde el ministerio de Justicia.

Los motivos de los relevos

También explicó algunos relevos para defender sus decisiones y aseguró que aplicó unos criterios «en los que las mujeres salieron beneficiadas» tras comentar que cambió a algunos jefes al considerar que no deben «perpetuarse» en los cargos. Por ello, defendió la elección de Manuel Moix en Anticorrupción, que fue cuestionada por Podemos, porque «lo considero el candidato idóneo». Y explicó que sustituyó a Javier Zaragoza en la Audiencia Nacional por su número dos, Jesús Alonso, porque «necesito un impulso nuevo» en esta fiscalía con «mi llegada».

Este mismo motivo alegó para justificar la sustitución de José Luis Bueren en la unidad de apoyo, una fiscalía que «es de la absoluta confianza» del fiscal general. «Elijo a una persona que no tiene el desgaste de Bueren» y negó que su relevo hubiera sido reclamado por el Ministerio de Justicia. «Jamás en mi vida me han ordenado nada», apostilló.

El caso Murcia

Asimismo, aseguró que relevó al fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, porque «considero que es necesario cambiarlo». Además, negó que hubiera prohibido a las fiscales del caso Púnica que investiguen al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. «No tienen el don de la infabilidad», aseguró tras relatar que su propuesta de que Sánchez fuera investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia fue rechazada por la secretaria técnica y por los fiscales de lo penal del Tribunal Supremo. Por ello, se preguntó: ¿Tenía que dar la razón a las dos fiscales del caso? y se contestó: «Quien tiene que decidir es quien decidir», aseguró en referencia a sí mismo.

Estas explicaciones no convencieron al PSOE ni al resto de los grupos. Ciudadanos propuso reformar el estatuto del Ministerio Fiscal para evitar las sospechas de injerencia y Ciuró le avisó de que con estas decisiones no iba a apoyar que la fiscalía asuma la investigación de las causas penales como promueve el Gobierno de Mariano Rajoy.