Por unanimidad, el Consejo de Garantías Estatutarias ha declarado contraria a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Cataluña la disposición de los Presupuestos de la Generalitat para 2017 dedicada al referéndum independentista y recuerda al ejecutivo soberanista que la competencia exclusiva sobre la convocatoria y gestión de referendos es del Gobierno. Un dictamen que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado que piensa desoír, amparándose en que avala las partidas consignadas para consultas populares y procesos participativos, mientras la oposición en pleno ha salido en tromba para señalar que el Govern debe reformar el proyecto de presupuestos y renunciar a su principal objetivo, la celebración del referéndum.

El dictamen cuestiona la ingeniería jurídica del gobierno de PDCat y ERC para dar apariencia de legalidad

Al margen de las declaraciones públicas de Puigdemont, el dictamen supone una dura derrota para el independentismo por cuanto cuestiona la ingeniería jurídica con la que el gobierno de PDCat y ERC intenta revestir de legalidad sus maniobras para defender la celebración del referéndum. Todo ello, coincidiendo precisamente con una semana muy dura para la ex Convergencia, que ha visto como el juicio del Caso Palau ponía de nuevo sobre la mesa la presunta financiación irregular del partido.

La disposición anulada por el Consejo no tiene dotación presupuestaria, que sí se incluye en las partidas destinadas a participación ciudadana, 5,8 millones de euros encuadrados en Procesos Electorales (5M€) y Procesos de Participación (800.000 €) y a eso se acoge Puigdemont para anunciar que seguirá adelante con sus planes. Sin embargo, es el único apartado del proyecto de ley que hace referencia a la celebración del referéndum, al autorizar al Govern a habilitar las partidas necesarias para «garantizar los recursos para la organización y gestión del proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña».

El órgano consultivo de la Generalitat ha resuelto así el recurso presentado por Ciudadanos, PSC y PPC, y recuerda a la Generalitat que es el Gobierno el que ostenta de forma exclusiva la competencia sobre cualquier referéndum. Ahora el Govern deberá decidir si modifica el proyecto de presupuestos antes de su aprobación definitiva en el Pleno, presumiblemente con el apoyo de nuevo de la CUP, aunque los dictámenes de este órgano independiente de la Generalitat no son de obligado cumplimiento. El texto .

El pasado diciembre, los letrados del Parlament ya advirtieron a la Mesa de la Cámara de sus reservas sobre la inconstitucionalidad de la partida presupuestaria destinada a la celebración del referéndum sobre la independencia de Cataluña, que Oriol Junqueras ha incluido en la disposición adicional 31 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2017.

El Gobierno catalán mantiene el referéndum

Carles Puigdemont, sin embargo, se ha apresurado a asegurar que el proyecto de referéndum se mantiene. “El Govern convocará el referéndum, la partida está perfectamente avalada y esta aspiración democrática de querer votar es más democrática, honesta y europea que enviar al juez a quienes lo han hecho posible o a quienes lo haremos posible”. El presidente catalán ha ido más allá y ha asegurado que el dictamen «son buenas noticias» porque «la partida económica con dinero reservado para el referéndum está perfectamente avalada». Puigdemont ratificaba así las afirmaciones de la portavoz del Govern, Neus Munté quien ha defendido que el ejecutivo mantiene el compromiso parlamentario y el «mandato» de los ciudadanos de organizar el referéndum independentista.

Después de apuntar que se posicionarán a partir del análisis que haga el Departamento de Economía a fin de realizar «una valoración rigurosa», Neus Munté ha dejado claro, sin embargo, que el ejecutivo catalán «tiene un compromiso parlamentario y también un mandato de los ciudadanos» a fin de organizar el referéndum. Ha expresado, en este sentido, que el Govern mantendrá dicho compromiso en relación con el referéndum «que entendemos que es perfectamente legal y democrático».

La oposición ve la legislatura acabada

Sin embargo la oposición catalán no va a desaprovechar esta victoria jurídica. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha dado por terminada la legislatura y ha pedido la convocatoria de elecciones, puesto que el Consejo de Garantías acredita la ilegalidad de la principal propuesta del Govern. Y tanto el portavoz de C’s en el Parlament, Fernando de Páramo, como la socialista Eva Granados han coincidido en señalar que «la partida se ha acabado» y pedir al Gobierno catalán que abandone la aventura del referéndum. «Esta vez no es el malvado Tribunal Constitucional ni la malvada Fiscalía. Ha sido su propio consejo, nombrado por ellos, el que advierte de que los presupuestos son ilegales y contrarios al Estatut» ha señalado De Páramo.

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha acusado al ejecutivo catalán de hacer «bandolerismo político» y el líder de En Comú Podem Xavier Domenech ha lamentado el exceso de «ingeniería normativa» al que se ha entregado el soberanismo para sacar adelante su proyecto. El portavoz de su partido en el Parlament, Joan Coscubiela, ha anunciado que pedirán la comparecencia de Puigdemont en el próximo Pleno -previsto para la semana que viene- para que explique qué piensa hacer ahora su gobierno «a la vista del desconcierto expresado desde la mayoría que da apoyo al Govern entorno al referéndum y su hoja de ruta, y ante las implicaciones del dictamen».