La senadora de Podemos por Álava, Elvira García Díaz, sobre la que pesaba una orden judicial de desahucio por impago del alquiler, abandonará la formación morada y pasará a integrase en el Grupo Mixto de la Cámara Alta. La decisión la ha adoptado desoyendo las peticiones hechas por Podemos para que abandonar el escaño por su comportamiento. García Díaz, que concurrió como número uno por Álava, acumulaba quince meses de impago del alquiler social del piso que ocupaba y pese a los requerimientos hechos por la sociedad pública Alokabide, que gestiona estas viviendas protegidas, no procedió hasta hace unos días y después de que su caso se hiciera público, a abonar la cantidad adeudada.

La investigación sobre la representante de Podemos se inició cuando acumulaba ya cuatro meses como senadora y percibiendo casi 5.000 euros mensuales. Desde Podemos Euskadi se ha reprochado hoy a Elvira García su decisión de seguir ocupando el cargo y le han instado a abandonarlo para que siga siendo de la formación de Iglesias «como querían los votantes», ha asegurado el portavoz de la formación en el Parlamento vasco, Lander Martínez. Sin embargo, la senadora ya ha trasladado su intención de mantenerse en el cargo pero formando parte del Grupo Mixto.

Martínez también ha revelado que García Díaz adeuda a Podemos la parte de su salario que se comprometió, como cargo del partido, a revertir en la formación. El acuerdo que todos los representantes firman establece que tan sólo percibirán como retribución el equivalente a tres salarios mínimos y que el resto será entregado al partido. Sin embargo, la senadora vasca no ha cumplido con este compromiso. Martínez ha señalado que les ha trasladado su intención de hacerlo próximamente. En su opinión todos los representantes de Podemos suscriben un código ético al que están sometidos y en este caso se ha incumplido de modo flagrante, «porque se han defendido los intereses propios2 y no los de la ciudadanía a la que representaba.

Elvira García justificó su situación en un complicado proceso de separación de su pareja, en la que apuntaba incluso a un posible caso de malos tratos, y que le habría dificultado poder hacer frente al pago de la vivienda protegida que ocupaba. Pese a los requerimientos de los servicios de Alokabide, no fue hasta hace unos días cuando procedió al pago de 5.000 euros para hacer frente a sus obligaciones y a sólo unos días de que el próximo 6 de marzo se procediera a desahuciarla de su vivienda por orden judicial después de una denuncia interpuesta por el Gobierno Vasco.

La próxima senadora del Grupo Mixto percibía hasta ahora un salario de 2.813 euros a los que sumaba otros 1.046 por ser portavoz de una comisión y 1.822 euros más en concepto de dieta por tratarse de una representante de fuera de Madrid.