Germà Gordó, diputado en el Parlament de Cataluña, era "el conseguidor" de las comisiones que los empresarios pagaban a cambio de adjudicaciones públicas, según un informe de la Guardia Civil que sirvió de base para que el juez Josep Bosch que se ocupa  del 3% pidiera al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que investigara al parlamentario por su condición de aforado.

En este documento se analizan las pruebas encontradas en varias registros llevados a cabo en el despacho del ex tesorero de CDC y de CatDem Andreu Viloca y de algunos empresarios que pagaban las mordidas, pero sobre todo en los documentos facilitados por Vicente Campanales, quien entregó a los investigadores una caja de caudales y cuatro maletines que el director general de Infraestruras, Josep Antoni Rosell, le había confiado para que las custodiara.

La Guardia Civil, tras analizar esta voluminosa documentación, afirma que la empresa pública Gisa de la que fue responsable Rosell "alteró todo tipo de concursos para dirigir los mismos hacia empresas que colaboraban con donativos". Por ello, en este documento se asegura que desde que CDC recuperó la Generalitat en 2011 ha habido "un abuso de poder y una corrupción sistémica" en cuyo epicentro se sitúa Gordó, mano derecha de Arturo Mas.

Los investigadores consideran que "no hay ninguna causa justificada legal y coherente" que justifique "las reuniones, comidas e interlocuciones" con empresarios de Gordó por razones de su cargo en la consejería de Justicia (2012) y en otros cargos como gerente de CDC (2004-2010).

La Guardia Civil tampoco encuentra motivos para que en estos actos estuviera acompañado por Viloca "salvo para conseguir por su influencia política adjudicaciones fraudulentas y alteradas de obras públicas donde su partido, CDC, tenía responsabilidades políticas directas". Ni tampoco existe respuesta para que los encuentros se llevaran a cabo en la sede del partido de Mas y mucho menos "en la propia sede del Palau de la Generalitat".

En el informe se describe la actividad de esta "trama de sobornos" que consistía en "una administración pública" que tenía capacidad para adjudicar obras públicas; unas empresas "dispuestas a pagar comisiones"; un "mediador" (Gordó) con gran ascendencia dentro de la organización política y con alta capacidad de influencia que "apadrine" estas gestiones"; y un tesorero (Viloca) que lleve las cuentas y controle las deudas pendientes.

La Guardia Civil sostiene que esta trama usó "la dirección de las administraciones públicas para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios" y "financiación ilegal" en el caso de Gordó.

Esta petición de investigación fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahora el juez Bosch busca nuevas pruebas para cerrar el círculo contra el partido de Mas y Gordó.