Los consellers de la Generalitat no podrán contratar como personal de confianza a familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad. Así lo ha propuesto el PP  catalán, que esta semana ha conseguido con esta propuesta una de las escasísimas unanimidades que se han visto en el Parlamento catalán en esta legislatura de procès independentista y enfrentamientos a cara de perro entre gobierno y oposición. En pleno estallido mediático de las investigaciones del caso 3% de presunta financiación irregular de Convergencia Democrática y el juicio del Caso Palau, la Comisión de estudio de medidas contra la corrupción del Parlament ha aprobado esta semana sus conclusiones, la mayoría sujetas a reformas de la legislación nacional, entre las que se cuenta la propuesta del PP.

La prohibición de contratar a familiares debe ser ratificada todavía por el Pleno del Parlament para ser efectiva, pero dada la unanimidad que obtuvo en comisión no debería haber problemas para que se apruebe. Después de más de un año de trabajos la comisión que preside el anticapitalista Benet Salellas ha fallado ya por dos veces en su intento de votar el conjunto de las cuantiosas conclusiones del grupo, que finalmente se han aprobado esta semana. Entre ellas destacan, junto a los límites a la contratación de personal de confianza, la necesidad de fiscalizar más a las fundaciones vinculadas a los partidos -que recurrentemente aparecen en las investigaciones sobre financiación irregular- y limitar las donaciones.

Aprobada la limitación de aforamientos

La comisión aprobó también una propuesta para "eliminar o limitar los aforamientos", cuestión que enfrenta al PP y C's a nivel nacional por la resistencia del partido en el Gobierno a abordar una cuestión de la que el partido naranja ha hecho bandera dentro de sus condiciones en el pacto de investidura para luchar contra la corrupción. Se trata en todo caso de una propuesta que requiere una reforma constitucional, motivo por lo que la popular Esperanza García veía "un brindis al sol" la propuesta de la comisión del parlamento autonómico, aunque asegura que el PP no  ve problema en revisar esos aforamientos.

También ha salido adelante una de las propuestas más polémicas, la abanderada por la CUP y Cataluña Si que es Pot (CSQP) para que los delitos económicos asociados a la corrupción no prescriban. Finalmente la comisión del Parlament aprobó equiparar este tipo de delitos a los que más tardan en prescribir, los delitos de sangre, con plazo de prescripción de entre 15 y 20 años para evitar la prescripción derivada en muchos casos de las dificultades para instruir y probar este tipo de delitos económicos. De este modo se evitarían casos como los del empresario acusado por la trama del Palau de la Música que vio como había prescrito la causa contra él tras ocho años de instrucción.